En la antesala de un año electoral, la capacidad para defender la estabilidad cambiaria se vuelve una variable decisiva, y se ha hecho de ella un argumento central. La administración libertaria sostiene que dispone de una “bazooka” de alrededor de 75.000 millones de dólares para enfrentar eventuales turbulencias. Esa cifra se compone de cuatro elementos, a saber, unos 20.000 millones de compras de divisas acumuladas por el Banco Central, otros 20.000 millones correspondientes a la línea de intercambio de monedas acordada con los Estados Unidos, 20.000 millones adicionales del acuerdo equivalente con China y unos 15.000 millones de capacidad de intervención en el mercado de futuros. Sobre el papel, se trata de un arsenal imponente.
El problema es que esos instrumentos no son equivalentes entre sí, porque difieren de manera sustancial en su grado de liquidez y de disponibilidad efectiva. La pregunta relevante, por lo tanto, no es cuánto suma el arsenal nominal, sino qué porción de ese monto constituye verdadero poder de fuego utilizable en caso de necesidad. Y al realizar ese ejercicio con rigor, el resultado es considerablemente más modesto que la cifra que se exhibe. Las estimaciones más cuidadosas ubican la munición efectivamente disponible en torno a los 36.000 millones de dólares, apenas la mitad del total proclamado.
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Conviene desagregar cómo se llega a esa cifra, porque allí reside la clave del análisis. El poder de fuego estrictamente doméstico del Banco Central se compone de tres elementos. El primero son sus reservas líquidas propias, que una vez descontados el swap con China y los encajes correspondientes a los depósitos en dólares de los bancos, rondan los 15.300 millones. El segundo es la posición no utilizada en el mercado de futuros, que alcanza unos 14.700 millones. Y el tercero es la capacidad de venta de títulos atados al dólar, estimada en unos 5.900 millones. La suma de esos tres componentes arroja ese poder de fuego doméstico cercano a los 36.000 millones de dólares, que es el que la autoridad monetaria podría movilizar de manera genuina y relativamente inmediata.
El monto podría estirarse hasta unos 64.000 millones de dólares, pero solo bajo supuestos exigentes que conviene explicitar. Para alcanzar esa cifra sería necesario que la línea de liquidez acordada con los Estados Unidos se mantuviera plenamente vigente y utilizable durante el año electoral, algo que no puede darse por descontado, en especial después de las elecciones de ese país. Y también habría que poder emplear una porción del acuerdo con China, del orden de los 8.000 millones de dólares, cuando la experiencia reciente demuestra que ese tramo no estuvo disponible en el momento de mayor tensión del año pasado. En otras palabras, la diferencia entre los 36.000 y los 64.000 millones depende de factores que escapan al control de las autoridades locales.
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El antecedente del respaldo estadounidense merece una consideración adicional, porque introduce un matiz importante sobre su utilidad práctica. La experiencia muestra que ese tipo de apoyo suele ser de muy corto plazo, de modo que puede resultar eficaz como puente ante un episodio de tensión transitorio, pero difícilmente sirva para sostener durante meses una dolarización persistente. Una cosa es contar con una línea para amortiguar un sobresalto puntual, y otra muy distinta es disponer de un colchón capaz de resistir una presión sostenida a lo largo de todo un año electoral. Confundir ambas situaciones puede llevar a sobreestimar peligrosamente la verdadera capacidad de defensa.
Para dimensionar la magnitud del desafío conviene contrastar ese poder de fuego con la demanda potencial de divisas. La masa de pesos susceptible de volcarse a la dolarización asciende a una cifra muy elevada. Frente a ese universo, y sumando las necesidades de dólares del Tesoro y del Banco Central bajo un escenario de estrés, el poder de fuego doméstico representa apenas una cobertura del orden del 18%, que treparía al 31% si se incorporaran los tramos disponibles de los acuerdos con los Estados Unidos y China. Son ratios que revelan que, ante una corrida de magnitud, el arsenal disponible podría resultar insuficiente.
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Nada de esto significa que el país carezca de herramientas para atravesar el año electoral, sino que esas herramientas son más limitadas de lo que se sugiere. La distinción no es un ejercicio académico, sino que tiene consecuencias concretas sobre las expectativas del mercado. Si los agentes económicos perciben que el poder de fuego real es menor al proclamado, pueden anticipar sus movimientos y acelerar precisamente la dinámica que las autoridades buscan evitar. La credibilidad de una “bazooka” depende de que no haga falta dispararla, y esa credibilidad se construye sobre cifras verificables antes que sobre anuncios.
La conclusión es que la defensa de la estabilidad cambiaria en 2027 descansará sobre una base más estrecha de lo que aparenta. El poder de fuego efectivo, cercano a los 36.000 millones de dólares, es significativo pero no ilimitado, y su ampliación depende de factores externos inciertos. En ese contexto, la mejor estrategia no consiste en confiar en la capacidad de intervención, sino en evitar que las condiciones que disparan la dolarización lleguen a materializarse, lo que remite una vez más a la necesidad de apuntalar la actividad, sostener la desinflación y despejar la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo. El verdadero resguardo, en definitiva, no está en el tamaño del arsenal, sino en la solidez del programa que lo vuelve innecesario.
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