La política debe volver a saber de qué habla

Nunca como ahora tantas personas tuvieron la posibilidad de expresar públicamente lo que piensan. Las redes sociales eliminaron intermediarios, ampliaron la conversación y permitieron que cualquier ciudadano pudiera cuestionar a dirigentes, periodistas, empresarios y especialistas.

Esa democratización de la palabra representa un avance. El problema aparece cuando el derecho a expresarse se confunde con la idea de que todas las opiniones poseen el mismo sustento. Que cualquiera pueda hablar sobre un tema no significa que todas las intervenciones estén respaldadas por el mismo conocimiento, experiencia o responsabilidad.

En las plataformas digitales, la autoridad no siempre surge de la formación o de la solidez de los argumentos. Muchas veces depende de la cantidad de seguidores, de la contundencia de una frase o de la capacidad para convertir una idea en un contenido breve y atractivo.

La visibilidad comenzó a ocupar el lugar del conocimiento.

El problema no es que las personas opinen. En una democracia, todas tienen derecho a hacerlo. El problema es que la capacidad de comunicar termine confundiéndose con la capacidad de comprender.

Frente a este escenario, la política tiene una enorme oportunidad. Puede competir con los influencers dentro de la misma lógica de simplificación o puede diferenciarse a través de aquello que debería constituir su principal fortaleza: el conocimiento, la experiencia, la formación de equipos y la capacidad de convertir una idea en una política posible.

La profesionalización no garantiza que un dirigente tenga razón. La formación académica tampoco convierte a nadie en propietario de la verdad. Pero ambas aportan herramientas para interpretar información, evaluar alternativas, anticipar consecuencias y responder por las decisiones adoptadas.

Una opinión puede limitarse a describir lo que alguien desea. Una política pública debe explicar cómo pretende conseguirlo.

Un ejemplo reciente fue el intercambio entre el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones y Horacio Rodríguez Larreta sobre la urbanización de la Villa 31. Allí no solo se enfrentaron dos posiciones distintas, sino también dos recorridos diferentes para abordar una discusión sobre políticas públicas.

La trayectoria de Briones se encuentra vinculada al desarrollo inmobiliario, la actividad empresarial y la producción de contenidos digitales. Larreta, en cambio, es economista y posee una extensa experiencia en la administración del Estado, incluida su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa diferencia no determina quién tiene razón. La experiencia de Larreta no vuelve incuestionable su gestión ni invalida las críticas sobre sus decisiones. Haber gobernado, por el contrario, lo obliga a explicar resultados, costos y errores.

Tampoco significa que Briones no pueda opinar, preguntar o proponer. Significa que una discusión sobre políticas públicas no debería evaluar las intervenciones únicamente por su contundencia. También debe considerar el conocimiento que las respalda, su viabilidad y la capacidad de explicar cómo podrían implementarse.

Una cosa es identificar un problema y otra muy distinta es construir una solución económica, jurídica, social y operativamente posible. Cuando esa diferencia desaparece, el debate deja de comparar argumentos y comienza a enfrentar niveles de convicción. La seguridad escénica ocupa el lugar de las evidencias y la frase más viral termina pareciendo la explicación más acertada.

La política no debería responder a este fenómeno imitando su superficialidad. Su oportunidad consiste precisamente en ofrecer algo diferente. Mientras las redes premian la velocidad, puede aportar perspectiva. Mientras los algoritmos recompensan las certezas absolutas, puede reconocer la complejidad. Mientras una opinión puede formularse sin asumir consecuencias, la gestión debe responsabilizarse por sus resultados.

Para lograrlo, la política necesita volver a valorar la preparación de sus dirigentes y la profesionalización de sus equipos. No alcanza con dominar las redes o comunicar cercanía. También es necesario conocer el funcionamiento del Estado y contar con personas capacitadas para convertir las promesas en decisiones concretas.

Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad. No deberían limitarse a reproducir aquello que ya consiguió viralidad. Deben contextualizar quién habla, desde qué experiencia lo hace y con qué fundamentos sostiene su posición.

No se trata de censurar voces ni de reservar el debate para los especialistas. Se trata de ofrecerle al público herramientas para distinguir entre una opinión, un argumento y una propuesta aplicable.

La política puede romper este paradigma, pero debe dejar de avergonzarse del conocimiento. La formación no impide la cercanía y la profesionalización no reemplaza la sensibilidad política: aporta herramientas para transformar las demandas sociales en respuestas.

Todos tienen derecho a opinar, pero la política debe ofrecer algo más que una opinión. Tiene que presentar diagnósticos, argumentos, equipos y soluciones posibles.

En un escenario saturado de voces, la política no recuperará su valor hablando más fuerte. Lo hará cuando vuelva a saber de qué habla.