Si la política no se hace cargo, la violencia organiza el barrio

La semana pasada en Florencio Varela dos jóvenes fueron asesinados y otro resultó gravemente herido. El ataque estaba dirigido a una banda vinculada al narcomenudeo en la zona, pero, por error mataron a dos trabajadores de la construcción. La “equivocación” encendió la indignación en el barrio. Sin instituciones u organizaciones con autoridad para mediar y canalizarla, la furia desembocó en el ataque a un búnker y el linchamiento de dos personas supuestamente vinculadas al negocio ilegal. Una de ellas, una mujer, fue asesinada.

En Varela se acumulan los casos de muertes de jóvenes relacionadas con actividades de mercados ilegales. Hace casi un año recibió gran cobertura mediática el triple crimen de Brenda, Morena y Lara, asesinadas por una banda que buscaba instalarse en la zona. En 2023 Ever Alarcón fue asesinado muy cerca de donde ocurrieron los hechos de la semana pasada.

La tasa de homicidios de la provincia de Buenos Aires es tres puntos más baja que 10 años atrás. El último dato de 2025 la ubica en 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, En los aglomerados urbanos (Conurbano, La Plata y Mar del Plata) la tasa fue de 5,2. Pero en algunos barrios del Conurbano las lógicas de violencia ligadas a la venta de drogas y otros mercados ilegales se enquistan y se vuelven endémicas, ante la falta de una política que asuma esto como un problema relevante.

Distintas iniciativas empiezan a mapear estas situaciones. Los homicidios suceden en “olas” intermitentes, interrumpidas por operativos de saturación policial. En el partido de San Martín, el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas presentó el pasado 26 de agosto un informe que muestra que durante el primer semestre de este año los homicidios aumentaron un 30% y los hechos altamente lesivos un 50% con respecto al mismo período del año anterior. El 77% de estos hechos se vinculan al narcomenudeo. Parecen ser muertes naturalizadas.

No se trata sólo de homicidios. Entre marzo y junio de este año el Observatorio Popular de Violencias de San Isidro registró al menos 75 hechos que involucraron disparos de armas de fuego, ya sea tiroteos o “tiros al aire”. Y esto en un solo sector de la villa La Cava. “Quienes andan por el Bajo, no pueden cruzar la Canchita, si lo hacen hay enfrentamientos o represalias”. Frases del estilo se repiten en los barrios populares del Conurbano. Los tiroteos se normalizan y moldean la vida cotidiana. El miedo a la circulación por los pasillos regula los horarios de apertura y cierre de escuelas y comedores, marca también cuándo los vecinos y niñxs tienen que volver a sus casas y acelera el abandono de los espacios comunes. La organización comunitaria resiste a fuerza de estrategias de autocuidado frente a los autoritarismos barriales, la crisis económica y los intentos de romper las estructuras organizativas.

La violencia y la extorsión crecen con el mercado de las drogas y también con las dinámicas de endeudamiento informal. Según reconoció el Ministro de Seguridad bonaerense, los delitos violentos vinculados a deudas se duplicaron en los primeros cuatro meses del año en comparación con el año pasado. Ante esta realidad, lo que se observan son unas políticas estatales fragmentadas e insuficientes.

En los últimos años los municipios fueron ganando cada vez mayor protagonismo en la definición de las políticas de seguridad. Los intendentes eligen a los jefes distritales y fijan prioridades con una mirada muy local atravesada por cálculos políticos. Esto genera estrategias y niveles de compromiso con el problema muy dispares. Hace falta una mirada que fije como prioridad la disminución de la violencia letal y la desarticulación de las incipientes formas de control territorial que algunos de estos grupos instalan en ciertas zonas. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la percepción sobre la oferta de drogas es sustancialmente mayor en los barrios empobrecidos. En 2023, en las villas de emergencia y en los conjuntos de vivienda social, esta percepción alcanzó el 62% y el 70,5% respectivamente, en contraste con el 29% registrado en los barrios de trazado urbano formal.

El problema tiene aún una dimensión manejable si se fija como prioridad. Ello implica superar la mirada fragmentada y concentrar los esfuerzos policiales y de investigación en estos grupos que generan violencia, en lugar de despilfarrarlos en operaciones reactivas espectaculares pero que llegan tarde, o en operativos para pedirle documentos a las personas pobres. Está claro que para que esto funcione hay que cortar cualquier tipo de connivencia o recaudación policial ligada a estos negocios ilegales.

Por supuesto que hay cuestiones mucho más de fondo. La expansión de estas economías en los barrios populares responde a procesos de largo plazo que hoy se ven reforzados por las políticas económicas y sociales de este período. Frente a la contracción general de la economía, el negocio de la droga y otros paralelos cumplen un rol dinamizador en los barrios pobres, lo que vuelve ingenua e ineficaz cualquier estrategia basada sólo en la respuesta policial y penal. Es clave desarrollar políticas focalizadas en frenar la circulación de armas, otro tema hoy ausente de la agenda política. Pero también abordar los consumos problemáticos desde la salud pública y recuperar iniciativas que hasta hace poco existían y fueron destruidas por la motosierra, como por ejemplo las políticas de integración sociourbana. Estrategias como el Programa Entramados que propone trabajar con jóvenes en situación de riesgo pueden tener impacto positivo si están integradas de manera sostenida en la agenda política.

La realidad de los barrios populares exige intervenciones urgentes. La construcción de espacios amplios de diálogo y acción que articulen a las organizaciones sociales, territoriales y de Derechos Humanos con los distintos niveles y áreas de gobierno y también al poder judicial es un primer paso para superar la inercia actual.

*El texto es producto de una línea de trabajo del CELS en la que intervienen Victoria Darraidou y Natalia Narváez.