Beneficios tributarios, Súper RIGI y unicornios: cómo dejar de castigar el futuro

La Argentina no debería necesitar regímenes promocionales. Lo deseable sería un país donde invertir, exportar, contratar o producir no requiera pedir permiso, obtener una excepción ni entrar en un régimen especial.

Pero la Argentina todavía no es ese país. Mientras arrastra impuestos distorsivos, trabas cambiarias, déficits crónicos y una alarmante facilidad para cambiar las reglas cuando cambia el poder político, los regímenes promocionales pueden cumplir una función imperfecta y transitoria: crear islas de normalidad para ciertos sectores cuando, por razones fiscales, políticas o institucionales, todavía resulta muy difícil ofrecer reglas razonables para todos.

No son el ideal ni deberían convertirse en un sistema permanente de privilegios selectivos. Pero pueden servir como puente hacia un país más razonable, siempre que no sean atacados cuando empiezan a funcionar, sino tomados como referencia para extender mejores reglas al resto de la economía.

La lección de la Ley de Software

A veces, incluso en gobiernos de orientación estatista, la Argentina hace algo razonable. La Ley de Promoción de la Industria del Software, sancionada en 2004, fue una de esas excepciones.

El kirchnerismo llegó al poder con un punto de partida macroeconómico extraordinariamente favorable: superávits gemelos, capacidad ociosa después de la crisis, precios internacionales muy altos, baja deuda pública tras la reestructuración y un mundo dispuesto a comprar lo que el país podía producir. Sin embargo, su orientación general no predicaba precisamente la libertad económica ni la previsibilidad de largo plazo. En los años siguientes, esa orientación profundizaría la presión tributaria, el intervencionismo, las distorsiones cambiarias, las afectaciones al derecho de propiedad y la desconfianza hacia el sector privado, hasta desembocar en una economía al borde de la hiperinflación.

En ese contexto, la Ley de Software hizo algo distinto. Identificó una actividad con potencial exportador, empleo calificado y capacidad de competir globalmente, y le ofreció beneficios, estabilidad fiscal y previsibilidad.

No hizo magia. Mercado Libre ya existía, y la ley no explica por sí sola el crecimiento de Globant, Despegar y otras compañías argentinas con escala internacional. Pero ayudó a construir un ecosistema donde el talento tecnológico no nacía condenado de antemano por el contexto político y la gestión del país. La propia Mercado Libre fue declarada beneficiaria de esa estabilidad fiscal y terminó convirtiéndose en el unicornio argentino por excelencia.

El punto no es atribuir esos éxitos a una ley, sino advertir algo mucho más importante: una política razonable puede remover parte del castigo que el régimen general impone sobre sectores con potencial y crear un entorno donde el talento no se esconda, no se vaya y encuentre razones para invertir y quedarse.

Extender lo que funciona

El problema argentino aparece después. La Argentina promueve sectores cuando son incipientes y los ataca cuando empiezan a funcionar. Mientras una industria es chica, todos hablan de innovación, futuro, empleo calificado y exportaciones. Pero cuando aparecen empresas grandes y empresarios exitosos, pasan a convertirse en posibles presas fiscales, en lugar de preguntar qué condiciones permitieron ese crecimiento y cómo replicarlas.

Precisamente por eso, el paso siguiente no debía ser mirar con sospecha lo que había funcionado, sino ampliar esa lógica. La Ley de Economía del Conocimiento intentó hacerlo, ya durante la administración de Mauricio Macri: ante la dificultad presupuestaria de establecer una baja global de impuestos, buscó extender la experiencia de la Ley de Software a otros sectores intensivos en talento y con capacidad de vender valor agregado al mundo.

Fue, en algún sentido, el intento de transformar la isla del software en un archipiélago más amplio de sectores dinámicos. Si la Argentina no podía ofrecer un sistema tributario razonable para toda la economía, al menos podía hacerlo para actividades capaces de traer dólares, empleo calificado y modernización productiva. Fue una forma brutalmente pragmática de intentar la reforma posible donde la reforma general era políticamente inviable.

Pero apenas asumió Alberto Fernández, su gobierno suspendió la aplicación del régimen y abrió una revisión inmediata. Una ley aprobada con muy amplio consenso y pensada para dar estabilidad fue puesta en duda antes de empezar y luego modificada y limitada mediante la Ley 27.570. La señal fue pésima: en la Argentina ni siquiera una política moderna, consensuada y orientada a exportar valor agregado está a salvo del manoseo político.

Ese es el problema central. No alcanza con aprobar buenas leyes. Hay que lograr que sobrevivan al próximo gobierno y al próximo ataque de resentimiento contra quienes pueden ganar dinero en el país.

El factor cambiario

La experiencia tecnológica dejó otra lección: no alcanzan los beneficios fiscales si el régimen cambiario destruye el incentivo. Durante años, muchos exportadores de servicios —amparados tanto por la Ley de Software como por la Ley de Economía del Conocimiento— debieron liquidar dólares al tipo de cambio oficial mientras competían por talento en un mercado global. Se promovía la exportación de conocimiento con una mano y se la castigaba con la otra.

De ahí una conclusión que la Argentina aprendió a la fuerza: sin previsibilidad para acceder, conservar o disponer de divisas, cualquier promoción queda incompleta. En la mayoría de los países, un régimen promocional no necesita capítulo cambiario; en la Argentina, lamentablemente, no puede prescindir de él.

El RIGI y el Súper RIGI

Tanto el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— como el Súper RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio y que al momento de escribir estas líneas esperaba su tratamiento en el Senado— deben leerse en esa clave.

El RIGI original respondió a una necesidad urgente: atraer inversiones grandes a sectores de capital intensivo, largos plazos de recupero y capacidad concreta de generar divisas. Energía, minería, infraestructura, petróleo y gas son los ejemplos más evidentes. Después de años de distorsiones, desinversión, cepos, atraso relativo de precios y reglas poco confiables, no alcanzaba con decir que la Argentina estaba abierta al capital. Había que ofrecer un marco especial para que proyectos de gran escala pudieran entrar, financiarse y madurar.

El Súper RIGI apunta a otra dimensión del mismo problema. Ya no se trata solamente de escalar sectores existentes o recomponer áreas estratégicas deterioradas, sino de atraer inversiones en actividades que casi no existen en el país o que están en fase experimental: inteligencia artificial, infraestructura digital, semiconductores, biotecnología avanzada y otras industrias del futuro. Es una apuesta más agresiva: no solo reparar capacidades dañadas, sino crear capacidades nuevas.

Por eso no son el mismo régimen con distinto umbral. Son dos respuestas distintas a una misma anomalía argentina. El RIGI busca que vuelvan o se aceleren inversiones grandes en sectores estratégicos que el país necesita para crecer y generar dólares. El Súper RIGI intenta que entren de una vez inversiones capaces de abrir industrias nuevas, en un país que difícilmente podría atraerlas bajo su régimen general.

El Súper RIGI apunta a inversiones de al menos USD 1.000 millones y ofrece un paquete contundente: Ganancias al 15 %, quebrantos sin límite temporal, exención de derechos de exportación, estabilidad normativa por 30 años con arbitraje internacional, límites a la carga provincial para las jurisdicciones que adhieran y reglas más favorables para la disponibilidad de divisas.

La lógica es clara: si el régimen general argentino no ofrece todavía condiciones normales, se intenta construir un marco excepcional para que ciertas inversiones puedan ocurrir igual. No porque el ideal sea llenar la economía de excepciones, sino porque, mientras se ordena el país, determinadas actividades requieren incentivos y garantías reforzadas para animarse a entrar.

Conviene además una precisión: el RIGI y el Súper RIGI se impulsan en un contexto más delicado que el de las leyes anteriores. Este Gobierno lo hace en una economía todavía en transición, con minoría parlamentaria y bajo un ancla fiscal estricta. Esa combinación no debilita el argumento a favor: lo explica. Cuando el país necesita inversión que tarda en llegar, las excepciones dejan de ser un privilegio ideológico y se vuelven una herramienta necesaria.

El Súper RIGI, entonces, no es solo una lista de beneficios fiscales, aduaneros o cambiarios. Es una prueba institucional: la verdadera cuestión no es solo si la Argentina puede aprobar un régimen atractivo para nuevas industrias, sino sobre todo si podrá respetarlo cuando empiecen a aparecer ganadores visibles.

Porque eso es lo que suele costarnos: tolerar el éxito cuando deja de ser una promesa y empieza a generar empresas grandes, exportaciones y rentabilidad visible.

Objeciones previsibles

Las objeciones al proyecto merecen ser analizadas. La desigualdad de trato es la más atendible: es injusto que algunos sectores reciban beneficios que otros no tienen. Pero la respuesta no debería ser destruir las islas que funcionan, sino extender al resto de la economía las condiciones que las hacen posibles.

También es injusto condenar a toda la economía a la igualdad en la decadencia. Si un sector no existe, la recaudación que supuestamente se resigna es una ficción. Si nace y crece, el país gana empleo, exportaciones, inversión, conocimiento y actividad económica. Pero además suma recaudación por una actividad que antes no existía.

La otra crítica apunta al arbitraje internacional y a la estabilidad de 30 años como una supuesta renuncia a la soberanía regulatoria. Pero aquí conviene invertir la pregunta: “¿por qué un inversor exigiría arbitraje internacional y estabilidad con rango legal?” Precisamente por la historia que esta nota repasa, y por muchos otros antecedentes en los que los inversores tuvieron que acudir a esos foros para reclamar sus derechos.

Los cambio en la Ley de Economía del Conocimiento antes de su entrada en vigencia es una buena explicación de por qué el Súper RIGI necesita candados institucionales tan robustos. El arbitraje es una prima de riesgo que cobra el mundo por décadas de reglas incumplidas. El día que la Argentina acredite una trayectoria de respeto a los contratos, esas garantías dejarán de ser necesarias.

El desafío del RIGI y del Súper RIGI será repetir lo mejor de la Ley de Software y evitar el manoseo de la Ley de Economía del Conocimiento. No alcanza con aprobar beneficios. Hace falta que el sistema político tolere el éxito si finalmente aparece.

Ese compromiso no debería depender solamente del gobierno actual. Si los referentes de la oposición aspiran a volver al poder, deberían despejar cualquier duda sobre algunas cuestiones básicas: moneda estable, equilibrio fiscal, respeto por los contratos, seguridad jurídica, impuestos razonables y un sector privado que pueda invertir, exportar y ganar dinero. La Argentina ya probó demasiadas veces el camino inverso. Volver a recorrerlo sería imperdonable.

Hacia un país sin excepciones

El éxito del RIGI y del Súper RIGI no debería medirse solamente por cuántas inversiones atraen, sino por si ayudan a demostrar qué reglas necesita toda la economía argentina.

Una isla que funciona puede ser una palanca de reforma. Una isla que se cristaliza como privilegio permanente pierde su sentido original.

La meta es que las excepciones dejen de ser necesarias. El pragmatismo manda crearlas; la ambición, convertirlas en reglas generales. Y el desafío argentino, tantas veces postergado, es no confundir el punto de partida con el destino.

El autor es abogado, profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral y socio en Expansión Business