La reforma tributaria del país más gravoso del mundo

Argentina necesita imperiosamente una reforma tributaria para bajar sustancialmente los impuestos más altos del mundo, resultantes del descontrol histórico del gasto público y que provocan una informalidad que ronda el 50%. Según cuatro entidades por cinco métodos distintos, nuestro país tiene los impuestos más gravosos o está en el podio (posteado en @paisconlogica), siendo el peor en promedio. La reforma puede implementarse por etapas o en forma súbita. La reforma por etapas implica sucesivas bajas tributarias, vía seguida hasta ahora por el gobierno nacional, más por restricciones políticas que por decisión propia. La reforma súbita consiste en bajar en forma drástica los impuestos principales y en eliminar los distorsivos que ningún o pocos países tienen, vía seguida por una veintena de países.

Por un lado, la reforma por etapas surge del plan nacional aplicado hasta ahora, por el cual primero se debe estabilizar la economía y sanear las cuentas públicas; y solo a medida que se genere un excedente fiscal, el Estado procederá a devolver recursos al sector privado mediante la reducción de impuestos, habiendo anunciado y empezado a implementar las primeras eliminaciones y bajas. Por ejemplo, en el proyecto de “Ley de Modernización Laboral” en trámite, que incluye ciertas bajas fiscales, se explicita que esta reforma “configura una etapa dentro de una secuencia de mejoras sucesivas que se propondrán con el objeto de confluir en un marco legal… a la altura de una economía moderna y libre”.

El gobierno nacional ha demostrado tener cintura para acelerar sus tiempos cuando las circunstancias lo exigen. Pero allí viene la restricción política dura: la oposición, los gobernadores, los “dialoguistas” y su rechazo u objeciones a las bajas fiscales. Existe una fuerte asimetría entre el esfuerzo realizado por la Nación versus el que, en general, (no) realizan provincias y municipios, que aprovechan las bajas tributarias nacionales para compensarlas con subas sub-nacionales. Con el agravante que el descontrol de los intendentes es incentivado por la Corte Suprema y su pésimo fallo “Esso c/Mun. de Quilmes” (2021).

Como muestra valen dos botones. Primero, si los gobernadores objetan -como lo vienen haciendo- las relativamente menores bajas fiscales nacionales en trámite (invocando la baja de su coparticipación), vale reflexionar qué puede esperarse para las mucho más profundas que necesita nuestro país. No (querer) entender que bajando impuestos puede lograrse mayor recaudación por bajar el 50% de informalidad es a esta altura inaceptable en cualquier político. Segundo, mientras la Nación implementó en solo seis meses la Ley de Transparencia Fiscal al Consumidor para mostrar impuestos nacionales en los tickets, por otro lado, tenemos que, luego de un año y medio, ninguno de los 24 mandatarios provinciales muestra ingresos brutos y tasas en los tickets. Los tres adheridos no reglamentan, los tres en proceso arrastran los pies y los otros dieciocho se hacen los distraídos. Si los gobernadores no están dispuestos a mostrar sus impuestos, mucho menos querrán bajarlos. Tan inaceptable como vergonzoso. La sociedad civil debe rechazar fuertemente esta jugada sucia y en eso estamos desde Lógica (acción “Rebelión del Ticket”).

Por otro lado, la reforma tributaria se puede hacer en forma súbita. Es el camino que eligieron Paraguay, Irlanda y los países que vienen aplicando el denominado “Flat Tax”, un régimen de muy pocos y muy bajos impuestos cuyo funcionamiento es inseparable de la Curva de Laffer, aquella que busca el nivel óptimo de impuestos que asegura la máxima recaudación. Este régimen merece toda la atención y análisis. El Flat Tax fue ideado por Milton Fridman (1962), bajado a libro por Robert Hall y Alvin Rabushka (1985), aplicado en 1994 por un país de laboratorio como Estonia (1,5 M de población aprox.) y, a partir de su rotundo éxito, seguido por una veintena de países, en especial de Europa oriental, también exitosamente. Economistas de entidades internacionales (Hoover, Cato, Heritage, Fraser, Tax Foundation, FEE, etc.) lo vienen recomendado. En Argentina, la Fundación Bases viene proponiendo (al Gobierno y en forma pública) un Flat Tax basado en solo dos impuestos, a las ganancias y a las ventas finales provincial, ambos con alícuotas muy bajas, 15% y 13%, respectivamente. De sus informes surge que los países que lo aplicaron no vieron afectada la recaudación en la transición porque en forma inmediata se generó el doble “efecto Laffer”, el paso de los informales a la formalidad (estiman recuperar más del 2% PBI por ello en Argentina) y la generación de nuevas inversiones (locales e internacionales). Con el tiempo, la recaudación aumentó significativamente, en distintos grados, llegándose hasta cuadruplicar en pocos años (Georgia).

Quienes apoyan la reforma por etapas afirman que su ventaja es no comprometer el superávit que tanto costó conseguir. Y objetan la reforma súbita basados en que es tan pobre nuestra cultura o cumplimiento fiscal que el pase a la formalidad puede no darse tan rápido, con chances de afectar el superávit por tiempo incierto; que no hay tantos precedentes de Flat Tax en países federales; y que es impensable una reforma súbita en el escenario político mencionado, por lo que hay que ajustarse a estas restricciones. Quienes apoyan la reforma súbita objetan la reforma por etapas sosteniendo que, pese a las bajas fiscales realizadas y en proceso, seguiremos entre los más gravosos, por lo que la informalidad aun no bajará ni las inversiones llegarán (salvo RIGI); que el actual régimen tributario está crujiendo cada vez más, hacia afuera por la falta de competitividad y hacia adentro por el medio país que opera en la informalidad. Señalan que Argentina tiene hoy una oportunidad de oro para usar una única bala de plata antes que pase el tren; que la experiencia de la veintena de países, muchos desde los sótanos del comunismo, respalda esta vía; que, si en contra de lo proyectado, hubiera variaciones imprevistas en la recaudación durante la transición, siempre existen medidas para retocar el gasto público y no afectar el superávit, valiendo la pena en pos de una recaudación que, como en aquellos otros países, debería crecer espectacularmente.

Se han instalado en nuestra sociedad dos sanas “verdades indiscutibles” de similar rango: “no podemos vivir más con déficit” y “no podemos vivir más con el actual nivel de impuestos e informalidad”. Es imperioso compatibilizarlas. Se viene solucionando la primera; pero la solución a la segunda aún está lejos, en especial por aquellas restricciones políticas. Es realmente muy meritoria la batalla cultural que tatuó a fuego el concepto que el país debe funcionar con superávit. Pero, en el mismo nivel de importancia, debe grabarse que el país funcione con impuestos e informalidad en niveles lógicos. Debe solucionarse la tragedia tributaria tanto como se está solucionando la tragedia deficitaria. La falta de compromiso general de gobernadores y demás políticos para bajar el gasto público e impuestos subnacionales y sus objeciones a que se lleve a cabo cualquier necesaria baja tributaria nacional que se proponga, son dos de las mayores manifestaciones de irresponsabilidad política que explican por qué somos el país más gravoso del mundo.

Conclusión: es imperioso compatibilizar esta encrucijada para sancionar lo antes posible la profunda reforma tributaria a la baja que exige nuestro país (Flat Tax u otro) en pos de tener un régimen por el que tributos lógicos sean pagados por (casi) todos. Nunca más necesaria la máxima “la política es el arte de hacer posible lo necesario”.

El autor es presidente de Lógica