La reforma laboral y la salud: por qué importa más de lo que parece

La precarización laboral y el trabajo informal afectan la cobertura sanitaria y debilitan tanto a los trabajadores como a las empresas argentinas

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Enfermera (Imagen ilustrativa)
Enfermera (Imagen ilustrativa)

En Argentina, cada vez que se habla de reforma laboral aparecen dudas y temores. Muchos trabajadores sienten que cualquier cambio puede significar pérdida de derechos. Esa preocupación es legítima. Pero también es necesario mirar un problema que afecta a todos, incluso más allá del sistema de salud: la precarización laboral y la falta de empleo formal.

Hoy, millones de personas trabajan sin estar registradas, sin aportes y sin estabilidad. Eso no solo deja al trabajador desprotegido frente a un despido o una enfermedad. También debilita a toda la economía: desalienta inversiones, frena la creación de empleo y genera un mercado laboral que no ofrece previsibilidad ni oportunidades reales de crecimiento.

Y sí, también afecta al sistema de salud. Cuando hay menos empleo formal, hay menos aportes y más presión sobre un sector público que ya está saturado. Pero el impacto va mucho más allá: la informalidad limita el desarrollo del país y perjudica tanto a trabajadores como a empresas.

Por eso, esta reforma laboral representa una oportunidad largamente postergada para aggiornar las reglas del trabajo, modernizar el sistema productivo y construir un mercado laboral más transparente, dinámico y equilibrado. No se trata de quitar derechos, sino de crear condiciones reales para que más personas accedan a empleo formal y para que las empresas puedan crecer sin incertidumbre permanente.

Desde la Unión Argentina de Salud – UAS valoramos que este debate haya llegado finalmente al Congreso. Es una ocasión para corregir un modelo que no ha funcionado y que dejó a trabajadores y empleadores atrapados en un esquema que no da respuestas. Como parte del entramado sanitario, acercamos propuestas que buscan mejorar el proyecto sin perder de vista su impacto en toda la economía.

Entre ellas, proponemos:

Que las multas se destinen a los organismos realmente perjudicados, evitando efectos colaterales sobre los trabajadores.

Que las indemnizaciones puedan pagarse en cuotas mensuales, para que las empresas —especialmente las pequeñas y medianas— puedan cumplir sin quebrar y sin dejar a nadie sin cobrar.

Que los créditos laborales se actualicen según la pérdida de valor del dinero, garantizando que el trabajador reciba lo que le corresponde.

Estas propuestas apuntan a algo simple y necesario: reglas claras, previsibles y justas para todos.

Una reforma laboral bien diseñada puede reducir la informalidad, bajar la litigiosidad, generar empleo de calidad y fortalecer sectores clave de la economía. Y cuando la economía crece, el sistema de salud también se fortalece, porque cuenta con más recursos y más estabilidad.

La reforma laboral no tiene por qué ser una amenaza. Puede ser una oportunidad real para modernizar el país, proteger derechos, mejorar la calidad del empleo y construir un futuro más ordenado y sostenible. Por eso pedimos al Senado que incorpore los ajustes técnicos necesarios para que esta reforma beneficie a trabajadores, empleadores y a toda la sociedad.