Semillas, desarrollo y un estancamiento que ya no podemos permitir

Argentina suele jactarse de ser un país agrícola de clase mundial. Sin embargo, cuando se observa la estructura que sostiene —o debería sostener— la innovación en semillas, aparece una paradoja difícil de ignorar: somos líderes globales en producción, pero rezagados en el marco legal que define uno de los insumos más estratégicos del siglo XXI. Mientras el mundo avanza hacia sistemas modernos de protección de derechos de propiedad intelectual, nuestro país sigue operando bajo una ley de semillas de 1973 y un régimen UPOV-78 que ya no responde a las necesidades tecnológicas ni a la dinámica del mercado global.

Esta brecha regulatoria no es una cuestión abstracta. Tiene consecuencias concretas: desincentiva la inversión, desalienta la llegada de capital extranjero, frena la investigación local y limita la productividad futura. En un sector donde el progreso depende de la ciencia y de la innovación, quedarse quieto equivale a retroceder.

En los últimos treinta años, la industria mundial de semillas se transformó profundamente. El rol dominante ahora lo ocupa el sector privado, impulsado por desarrollos biotecnológicos que demandan enormes inversiones en investigación y un esquema robusto de propiedad intelectual. Por eso, la mayoría de los países migró hacia UPOV-91 o hacia sistemas de patentes que protegen de manera más clara y eficiente los derechos de obtentores e innovadores. Argentina, en cambio, quedó atrapada en un statu quo que sólo genera incertidumbre y desalienta la creación de nuevas variedades.

Un argumento habitual en el debate local sostiene que un mayor nivel de protección favorecería la concentración y fortalecería a las multinacionales en detrimento de los productores. Sin embargo, la evidencia internacional muestra exactamente lo contrario. Países que adoptaron UPOV-91 tienen mercados más competitivos que el argentino. Y lejos de perjudicar al productor, las innovaciones en semillas han incrementado la productividad, con beneficios repartidos equitativamente entre quienes innovan y quienes siembran. La experiencia de Estados Unidos —donde la productividad creció sostenidamente gracias a nuevos desarrollos biotecnológicos— es el ejemplo más claro.

El contraste con nuestros principales competidores es ilustrativo. Brasil, con un marco legal con mayor control en su aplicación, multiplicó la cantidad de solicitudes de nuevas variedades provenientes tanto de residentes como de no residentes. Estados Unidos atrajo a un número aún mayor gracias a la posibilidad de patentar eventos biotecnológicos. Argentina, en cambio, perdió representatividad internacional y vio cómo la brecha entre solicitudes y otorgamientos se ampliaba año tras año. Las empresas, frente a un sistema incierto, optaron por no invertir o por canalizar innovaciones en otros mercados.

Lo más preocupante es que este retraso no se explica solo por diferencias técnicas o regulatorias. Lo que subyace es un problema político e institucional. Distintos intentos de actualización —el más significativo en 2018— chocaron con un mosaico de intereses enfrentados, lecturas ideológicas antagónicas y disputas sectoriales que bloquearon cualquier posibilidad de acuerdo. En la economía política de las semillas, el statu quo se volvió funcional a ciertos actores, aun cuando resulta claramente ineficiente para el país.

Pero la inacción tiene costos crecientes. El mundo no espera. Cada año sin modernización profundiza la pérdida de competitividad y reduce nuestra capacidad de capturar valor tecnológico. Argentina cuenta con científicos altamente capacitados, empresas con potencial y una estructura agroindustrial con posibilidades de convertirse en un polo de innovación. Sin embargo, sin un marco legal previsible y alineado con estándares internacionales, ese potencial queda estancado.

La pregunta, entonces, es simple: ¿vamos a seguir discutiendo sobre temores del pasado mientras otros países avanzan? La innovación agrícola será una de las grandes fuentes de productividad global en las próximas décadas. No se trata sólo de aumentar rindes: se trata de adaptarse al cambio climático, a nuevas plagas, a la demanda internacional de sostenibilidad y trazabilidad. Todo eso requiere variedades que todavía no existen y que, en un país con reglas claras, podrían desarrollarse aquí.

Modernizar nuestra ley de semillas no es un capricho ni una concesión a intereses externos. Es una condición necesaria para que la Argentina deje de competir solo por cantidad y empiece a competir también por calidad, tecnología y conocimiento. Es la oportunidad de convertir nuestra ventaja agrícola en una ventaja tecnológica.

La historia reciente demuestra que sin un cambio institucional profundo seguiremos atrapados en la inercia. Pero también nos recuerda que los momentos de crisis y los nuevos liderazgos pueden abrir ventanas de oportunidad. Si logramos construir los consensos necesarios, el país podría, por fin, dar el salto hacia un sistema que impulse la innovación y asegure un futuro más productivo para todo el sector.

De no hacerlo, seguiremos siendo espectadores de cómo el mundo innova mientras nosotros discutimos reglas que ya llevan medio siglo de atraso.

El autor es docente del departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario de la Universidad Austral