El 2026 de Milei: hegemonía y reformismo

Javier Milei es un hombre de números. Sus lecturas casi exclusivamente son sobre economía, desconfía del andamiaje conceptual de la teoría política y lleva todas las conclusiones prácticas al terreno del rendimiento. Por ejemplo, charlando con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, se le ocurrió la máxima que repite en los últimos días: “La boleta única de papel ha sido la mayor ganancia de productividad de la historia argentina”.

Para sostener tal afirmación, se basa en que el sistema de votación fue un factor clave para ganar la elección y lograr un efecto en cadena que incluyó —en sus términos— derrumbar el riesgo “kuka” y disminuir la tasa de interés, lo que redundaría en un ciclo virtuoso para el capital y, finalmente, los salarios. Esa parte final de la argumentación está por verse, pero efectivamente la transformación que introdujo la boleta única, una iniciativa que se discutió una década sin éxito, marca un antes y un después en los partidos y la elaboración del menú electoral del país. Milei podrá atribuirse con derecho ese logro.

El Presidente consiguió la sanción de esa norma en septiembre de 2024. Lo hizo con la conformación del Congreso de la que dispuso la primera mitad de su gestión, en una situación de absoluta debilidad: La Libertad Avanza (LLA) tenía 8% del total del Senado y 15% de Diputados. Aquí las matemáticas se vuelven relativas porque mientras el año pasado registró una buena performance legislativa, este 2025 que termina significó una verdadera pesadilla en la que la oposición impuso leyes y el oficialismo no pudo ni siquiera defender los vetos de Milei. En ese cóctel se conjugaron dos ingredientes: la especulación política de un sector que busca esmerilar al Gobierno y las propias internas libertarias que derivaron en errores no forzados.

Esa dinámica parlamentaria fallida ya no volverá a darse; quedó despejado el peligro de no juntar un tercio necesario que blinde las decisiones presidenciales y la amenaza del juicio político, lo que abre un escenario de mayores posibilidades para la Casa Rosada. Luego del recambio, los libertarios crecerán 140% en Diputados y 233% en el Senado, cifras exorbitantes que se explican por la escasez inicial.

En un hecho impensado, el oficialismo se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados con 95 integrantes, producto de la captación de legisladores del Pro y del desmembramiento del peronismo. Milei pasó de tener el 15% al 36% del total de bancas. El kirchnerismo retiene una porción similar a LLA (con 93 miembros) y el 26% restante del cuerpo son 69 escaños repartidos entre bloques que responden a gobernadores, radicales, macristas, expresiones sueltas, es decir, de ese grupo sacará el Gobierno las voluntades para aprobar sus proyectos.

En el Senado, LLA pasa de contar con el 8% al 27% del total. Ocupa el segundo puesto en cantidad, luego del peronismo que estará conformado por un interbloque que totaliza 28. Solo ese formato le impidió la ruptura, en el contexto de una creciente distancia del PJ con el liderazgo de Cristina Kirchner.

Milei observa el panorama y ve frente a sus ojos la construcción de una hegemonía. Eso implica convertirse en la fuerza dominante que por sometimiento o colaboración consiga el apoyo de los actores dentro del sistema. Solo el peronismo, en sus diversas variantes, ha tenido esta pulsión en la Argentina. Los libertarios necesitan este plafón para cumplir con la hoja de ruta de reformas estructurales que se trazó para los próximos meses.

Si el 2024 fue el año de la estabilización y el 2025 fue el de la validación electoral, el 2026 será, según definen en el Gobierno, el año del “reformismo”. La campana de largada ya sonó con la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 al 30 de este mes para tratar Presupuesto 2026, inocencia fiscal, compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, reforma laboral, reforma del Código Penal y reforma de la Ley de glaciares.

De este paquete, hay tres de especial relevancia para atraer inversiones y dar previsibilidad: el presupuesto —tras dos años de prórrogas—, el cambio en las normas laborales, y la determinación de las zonas “periglaciares”, una aclaratoria que exigen las empresas mineras para tener seguridad sobre el desarrollo de la actividad.

Quedaron en el tintero otros proyectos, como el tributario y el previsional, el más sensible, que de todas maneras será lo último que se ponga en discusión, si es que se habilita el debate.

Milei prefirió que se quite del centro de la escena otra deuda pendiente que es la negociación del paquete judicial. Eso incluye la designación de vacantes en la Corte Suprema, la posibilidad de una ampliación a 7 o 9 sillas, el cargo de Procurador y las designaciones de unos 200 jueces, fiscales y defensores.

También está bajo análisis la modificación del Consejo de la Magistratura. El organismo encargado de la selección y remoción de magistrados fue epicentro de disputas de poder a lo largo de décadas. En 2021, la Corte declaró inconstitucional la reforma que impulsó Cristina Kirchner en 2006, al considerar que se rompía el equilibrio de estamentos entre jueces, abogados, académicos y políticos, con un predominio de este último grupo sobre los demás. Así, ordenó que se volviera al viejo esquema de 20 miembros, encabezado por el presidente del Máximo Tribunal, en este caso, Horacio Rosatti.

El mismo fallo intimó al Congreso a dictar otra ley, algo que no ocurrió. En la Casa Rosada existe la intención de promover un nuevo marco, trabajan en eso, según confirman en despachos oficiales, pero estiman que no será algo “inminente”.

Lo que sí es un hecho es que por primera vez los libertarios están cerca de tener una silla política en el Consejo. Por ahora, ocupan la que le corresponde al representante del Poder Ejecutivo, cuyo papel lo desempeña el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Hay 8 legisladores en la composición: 4 senadores y 4 diputados, cuyos mandatos son hasta 2026, y que fueron elegidos según las integraciones del Congreso de aquel momento. Aquellos que terminaron su mandato este diciembre, fueron reemplazados por sus suplentes. Pero hubo un caso en el que se vencieron ambos: los que puso la UCR. Tanto Roxana Reyes como Francisco Monti dejaron sus bancas y perdieron automáticamente la condición que los habilita a ser parte del organismo.

Antes de irse, Rodrigo de Loredo, como jefe de la bancada, mandó una carta a Martín Menem para que designe a Karina Banfi ante la vacancia que se generaría. Pero el presidente de la Cámara de Diputados no avaló el pedido ni lo giró al Consejo de la Magistratura básicamente porque considera que ya no le corresponde a los radicales. Aunque aún no se definió en la mesa chica del Gobierno, a ese puesto iría un diputado de LLA. Sonó en algunas conversaciones el nombre de Nicolás Mayoraz, sin mayores precisiones, y se consideró que el Gobierno tendría buenas perspectivas si la UCR hace un planteo judicial por la movida.

A pesar de no ser un año electoral, Karina Milei quiere un partido activo. Ella fue la arquitecta de la estructura política y les pidió a los Menem —sus brazos ejecutores— “mover” el sello. Eso implicará fortalecer la actividad en las provincias con un trabajo de militancia tradicional y también una estrategia para marcar agenda en las Legislaturas. LLA no ostenta amplia representación legislativa en el interior del país, en algunos casos es inexistente o simbólica, pero la instrucción es impulsar iniciativas propias.

Para mencionar un caso: un trabajo coordinado en evaluación es que en todas las Legislaturas se presenten proyectos locales de boleta única, con fuerte difusión. Esa modalidad que funciona a nivel nacional no es replicada en la mayoría de las jurisdicciones y buscan así meter esa discusión. ¿Puede generar ruido eso con gobernadores que necesitarán sus apoyos en el Congreso? Puede ser, y se trata de una pelea que dividió aguas en el Gabinete durante todo 2025, entre el asesor presidencial Santiago Caputo y “Lule” Menem, consejero político de Karina.

Como sea, no parece haber margen para la continuidad de la interna en su modo más salvaje dentro del Gobierno. Caputo obtuvo de facto una delimitación de su área de influencia: no ganó espacio, tampoco perdió. Esa es la lección, abandonar el ímpetu de conquista dentro del esquema de poder. Esta semana se confirmó que colocó al nuevo jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Sacó a Sergio Neiffert, a quien él mismo había designado, para poner a Cristian Auguadra, hasta entonces director de Asuntos Internos.

Milei debería exigir un mayor ordenamiento interno en 2026 porque se juega el puente hacia su reelección. Hay una especie de “maldición” que recae en los terceros años de las administraciones recientes. En 2014, Cristina Kirchner, que venía de perder en la provincia de Buenos Aires, enfrentó un clima complejo, incluyendo devaluación, inflación y estancamiento económico. El 2018 de Mauricio Macri, que había triunfado en las elecciones de medio término, fue aún peor, fue el principio del fin, se quedó sin financiamiento y debió recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y el 2022 de Alberto Fernández, un presidente desdibujado, lo dejó en las puertas de la inflación de tres dígitos.

No asoman grandes nubarrones en el horizonte de Milei, en relación a gestiones anteriores. La praxis política parece despejada y se pondrá a prueba lo más relevante: las consecuencias del modelo económico, en términos de actividad y empleo. Con fe ciega, volvió la euforia en el universo libertario a los niveles de arranque, cuando todo era luna de miel. Porque ya no dudan del proyecto y con tono providencial auguran su etapa de consolidación: “Está escrito y así será”.