A 35 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Un día como hoy pero de 1990, en nuestro país, se sancionó la Ley 23.849 a través de la cual se aprobó en el derecho interno la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Este hecho significó un cambio de paradigma: se pasó de un modelo tutelar/asistencialista a un sistema de protección integral de derechos en el que las niñas, niños y adolescentes comenzaron a desarrollarse como individuos y miembros de la familia y la comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez.

Reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho con capacidad para participar y ser escuchados no solo fue un gesto jurídico de relevancia sino también una posición política y social. Política porque, sin dudas, es el Estado el que debe velar por sus garantías constitucionales a través de políticas públicas eficientes y el cumplimiento efectivo de las mismas. Social porque, también, es responsabilidad de la sociedad toda proteger las infancias asegurando su bienestar y desarrollo.

A lo largo de estos 35 años, hemos asistido a la creación de organismos de protección a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al otorgamiento de rango Constitucional a la Ley 23.849; a la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral que además establece la aplicación obligatoria de la Convención; y a la sanción de leyes de educación, identidad, salud sexual y reproductiva.

Los avances son innegables pero las deudas son inadmisibles porque durante todos estos años también hemos asistido al crecimiento estructural de la pobreza infantil, (81% en hogares con clima educativo muy bajo y 60% en aquellos monoparentales liderados por mujeres), a la vulneración de derechos básicos como el acceso al agua potable y a una alimentación nutritiva. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes sufren inseguridad alimentaria.

Sin dudas, nuestra sociedad viene experimentando un retroceso en la conquista de derechos adquiridos que trasladado a las infancias y adolescencias, lo vemos por ejemplo, en la violación indirecta de derechos fundamentales cuando, producto del desfinanciamiento sistemático, por parte del Gobierno Nacional, de la salud pública en general y del Hospital Garrahan en particular, no se garantiza el derecho a la salud integral de esas niñas, niños y adolescentes.

El ajuste económico que en promesas de campaña iba a recaer sobre “la casta” terminó afectando a los más vulnerables. La falta y el debilitamiento de políticas públicas que promuevan, protejan y restituyan los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes vuelve a instalar una mirada asistencialista sobre las infancias y se aleja cada vez más de nuestra visión de protección integral.

Celebrar los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño no alcanza cuando no hay un compromiso real con su cumplimiento, ni cuando en el plan del gobierno nacional las variables de ajuste recortan derechos de niñas, niños y adolescentes.

Nuestro país adhirió a la Convención para cumplirla activamente, para que el Estado, la sociedad y cada generación asuman el compromiso de ser parte de las garantías constitucionales de infancias y adolescencias que deben desarrollarse en un ambiente sano que propicie su bienestar y crecimiento.

Hoy más que nunca tenemos la enorme y difícil tarea de defender los derechos de quienes son el futuro de nuestro país, pero para que sean el futuro también debemos poder garantizarles un presente con derechos y eso es lo que vamos a seguir haciendo quienes estamos convencidos de que la política es esa herramienta de transformación necesaria para mejorar la vida cotidiana de cada ciudadana y ciudadano de nuestra país.