Universidad pública: la discusión que el progresismo se niega a dar

Los discursos opositores sobre la Ley de Financiamiento Universitario tienen, además de implicancias políticas, elementos ideológicos que los trascienden y muestran las concepciones populistas sobre las implicancias sociales del funcionamiento del Estado.

El supuesto dominante en estos sectores, es que el Estado es necesario e intocable, independientemente de su contribución al bienestar general, y del impacto redistributivo de su acción. Por lo tanto, lo que importa es siempre la cantidad y nunca la calidad de las acciones. Más aún, conceptos como eficiencia social se consideran propios de la derecha y por tanto inaceptables en cualquier análisis sobre la razón de ser de las instituciones estatales.

Estos argumentos se profundizan en el campo de la educación, una dimensión esencial para el desarrollo de las personas y la equidad de la sociedad. En la reciente discusión parlamentaria , el concepto dominante fue que el sistema universitario actual es intangible. Cualquier intento de reforma es sospechado de ser un avance de la derecha sobre un bastión de la justicia social y del pensamiento progresista. No hay en este campo, discusión posible.

Sin embargo, las cifras no acompañan estas proclamas que con intensidad oímos en el Congreso. Si se compara la matrícula (alumnos regulares) con los graduados, Brasil tiene 33% de recibidos sobre el total, Chile el 32% y la Argentina apenas el 21%. Ocurre lo mismo con la cantidad de graduados cada 10.000 habitantes: Argentina produce 31 graduados cada 10.000; Brasil tiene 61 y Chile 55.

Que en las universidades argentinas el 74% no se reciba a tiempo, y 44% no llegue a aprobar una materia por año no es consecuencia de problemas estructurales del sistema, sino de una conspiración de la derecha. Que en el conurbano haya casi una Universidad por estación de tren en las zonas más pobladas, es un mérito que debe ser aplaudido, independientemente de sus implicancias en términos de uso eficiente de los recursos .

Y que el sistema público subsidie a los más ricos con la gratuidad universal es un componente histórico que no debe cuestionarse. Que la producción de patentes por el sistema universitario argentino sea mucho menor que la de nuestros vecinos, tampoco es un tema que debe observarse.

Ninguno de los discursos -y declaraciones posteriores- de los opositores puso énfasis en estas ineficiencias sociales de la universidad pública argentina, que afectan claramente cuestiones que deberían preocupar a un progresismo que se atribuye cualidades de las que –afirman- la derecha insensible carece.

El problema es entonces que la votación muestra que – sin un cambio político profundo – será imposible avanzar en la reforma de un sistema universitario que en su estructura actual, es un factor retardatario del crecimiento y la equidad en nuestra sociedad.