Cuando la palabra presidencial se convierte en activo financiero

El escándalo en torno a la criptomoneda $Libra y su promoción por parte del presidente Javier Milei abre un debate que trasciende lo legal y lo político: ¿qué implica que la figura presidencial respalde un activo financiero sin regulación? En un mundo donde la confianza es un pilar del valor económico, ¿qué sucede cuando la legitimidad del Estado se pone al servicio de la especulación?

El caso tiene varias aristas. En primer lugar, desde una perspectiva penal, el artículo 265 del Código Penal argentino prohíbe a los funcionarios públicos interesarse en negocios privados en los que puedan influir por su cargo. Si se demostrara que la promoción de $Libra generó expectativas desmedidas y engañosas, y que ello derivó en pérdidas económicas para inversores, podríamos estar ante un caso de defraudación. La caída abrupta del valor del token y la posibilidad de ventas masivas coordinadas refuerzan las sospechas de una maniobra fraudulenta.

Pero lo más relevante aquí es el impacto que esto tiene en el ecosistema de activos digitales. La regulación de las criptomonedas es un terreno difuso en la mayoría de los países, pero lo que sí está claro es que ciertos activos pueden ser considerados “securities” (valores negociables) si cumplen con ciertos criterios. En este punto, el “Howey Test” resulta fundamental para definir si una inversión debe ser regulada.

El “Howey Test” y la delgada línea entre inversión y estafa

El “Howey Test” es un criterio legal desarrollado en Estados Unidos en 1946 para determinar si una transacción es un contrato de inversión. Para que un activo sea considerado un “security”, deben cumplirse tres condiciones:

• Que haya una inversión de dinero.
• Que se genere una expectativa de rentabilidad.
• Que dicha rentabilidad dependa del esfuerzo de terceros.

Si un activo cumple con estos requisitos, su emisión y comercialización debe pasar por un organismo de control. En Argentina, este rol corresponde a la Comisión Nacional de Valores (CNV), mientras que en Estados Unidos lo ejerce la Securities and Exchange Commission (SEC).

En el caso de $Libra, el proyecto fue presentado sin transparencia, con la supuesta intención de financiar pymes y startups argentinas. Si se comprueba que la oferta pública de este activo no contó con la debida autorización, podría ser calificada como una violación de la Ley 17.811, con consecuencias legales para sus promotores.

Las consecuencias de un “tweet” con impacto financiero

Este escándalo no solo expone los riesgos regulatorios de la promoción de criptomonedas sin respaldo legal, sino que también pone sobre la mesa un debate mayor: ¿hasta dónde puede llegar la influencia de un presidente en los mercados?

Si un tuit presidencial puede disparar el valor de un activo digital y luego hundirlo, la frontera entre comunicación política y manipulación financiera se vuelve borrosa. Esto es particularmente relevante en un contexto donde las criptomonedas siguen operando en una zona gris regulatoria.

A nivel internacional, el hecho de que $Libra haya sido promocionado en una red social estadounidense como X abre la puerta a una posible intervención de la SEC. Si ciudadanos estadounidenses resultaron perjudicados, la jurisdicción norteamericana podría activarse, añadiendo otro frente legal al caso.

Más allá del debate técnico, el caso $Libra es un recordatorio de que la confianza sigue siendo la moneda más valiosa en cualquier mercado. Y cuando la palabra presidencial se convierte en un activo financiero, su volatilidad puede tener consecuencias que van mucho más allá del valor de una criptomoneda.

El autor es Director del programa Blockchain e Inteligencia Artificial en el Derecho Empresario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral