
Se ha puesto de moda que cada partido o coalición que llega al gobierno en nuestro país proponga e intente derogar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; lo intentó Cambiemos, luego el Frente de Todos y ahora La Libertad Avanza. En una política ultra polarizada donde casi no existen coincidencias, el suprimir las PASO parece ser la única y extraña excepción.
Desde su creación en el año 2009 por la Ley 26.571, las PASO se han aplicado en ocho oportunidades y junto con otras instituciones creadas por esa misma ley, como la distribución equitativa de la publicidad electoral, han contribuido a que nuestro sistema partidario se vuelva algo más ordenado, abierto y representativo de lo que era hasta entonces.
Hoy, cuando votamos, sabemos con cierta precisión qué tipo de políticas podemos esperar que implemente la opción elegida en caso de ganar y podemos diferenciar con bastante claridad cada una de las fuerzas principales en relación con sus historias, valores e ideas. A su vez, el sistema permite que nuevas fuerzas como el FIT o LLA se instalen y consigan resultados.
Sin embargo, más allá de estos resultados, las PASO también han generado efectos negativos, por lo que desde hace varios años vengo sosteniendo que deben reformarse.
En primer lugar, deben dejar de ser obligatorias para los ciudadanos y serlo solo para los partidos o coaliciones. Es decir que deben ser las opciones políticas las que convenzan a los ciudadanos para que vayan a votar esforzándose con propuestas más interesantes para lograrlo. Así eliminamos, por un lado, el efecto de gran encuesta que tienen actualmente las PASO y que puede complicar la gobernabilidad como ocurrió en 2019, y por el otro, impedimos que los típicos “sellos de goma” que se presentan a las elecciones para quedarse con recursos públicos reciban financiamiento y contaminen la elección general.
En segundo lugar, las PASO y las elecciones generales deben estar muy cercanas en el tiempo, separadas por tres o cuatro semanas como máximo. Esto se puede lograr haciéndolas parte del mismo proceso electoral y utilizando los grandes avances tecnológicos de los últimos años. Con esto no solo se reduce el calendario electoral, sino que se induce a los candidatos que tengan competencia en un mismo espacio político a ser más propositivos y menos confrontativos hacia adentro ya que inmediatamente tendrán que salir a buscar los votos del conjunto.
Tercero: debe adecuarse el reparto de los espacios audiovisuales gratuitos a las transformaciones recientes en la comunicación, reduciendo significativamente el tiempo de los avisos radiales y televisivos que los vuelve redundantes y aburridos y ampliándolo a las redes y plataformas.
Finalmente, otra reforma interesante sería la de permitir en el caso de las elecciones presidenciales que se elija solo el candidato a presidente pudiendo el ganador después de su victoria designar a quien lo acompañe en la fórmula para permitir acuerdos al interior de los partidos o coaliciones.
De aplicarse estas modificaciones, las PASO seguirían produciendo efectos positivos y dejarían de generar problemas, mientras que si simplemente se eliminan, se perdería todo lo bueno y se complicarían mucho las elecciones generales por la enorme cantidad de fórmulas que se presentarían generando gastos inmensos e impidiendo en los hechos cualquier idea de boleta única.
Los argumentos en términos de ahorro que sostiene el actual gobierno para proponer la supresión de las PASO son falaces, especialmente si se acepta la idea de convertirlas en optativos para los ciudadanos y en consecuencia mucho más baratas. Si se eliminan las PASO, las decenas de fórmulas que se presentan actualmente en ellas competirían directamente en la elección general recibiendo todo el financiamiento para boletas y gastos y los espacios audiovisuales que les corresponden. Recordemos que en nuestro país existen más de 700 partidos políticos y casi 50 de ellos son nacionales.
Para finalizar, podemos decir que las modificaciones legales que proponemos, en el caso de aplicarse, nos permitirían continuar mejorando nuestra institucionalidad política profundizando la democracia, la representación política y la equidad tal como sostiene el nombre de la ley que queremos reformar.
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