
En la encrucijada política y cultural en la que se encuentra la Argentina actual, el concepto de justicia social se ve asediado por una ola creciente de ideas pre modernas que privilegian a la mano invisible del mercado por sobre las regulaciones de los Estados. Este fenómeno, cimentado por dirigentes políticos que consideran que el Estado es el causante de todos los problemas sociales, ilustra el desafío que enfrenta el ideal de la justicia social en un tiempo marcado por las nuevas –o no tan nuevas– corrientes de extrema derecha.
En este contexto, la Argentina se convierte en un caso de estudio sobre cómo las democracias pueden desviarse de su promesa de equidad, alimentando las propuestas simplistas de un neoliberalismo desenfrenado. Estos planteos, que han seducido a buena parte de la población, no sólo van en contra de acuerdos y tratados internacionales, sino también de nuestra propia Constitución Nacional, en la cual se liga directamente al progreso económico con la justicia social.
Cualquier imagen de la justicia siempre se nos presenta, metafóricamente, como una figura impoluta, con los ojos vendados y con una balanza en sus manos. Sin embargo, la realidad del libre mercado nos muestra una imagen muy diferente: la balanza se inclina hacia una ínfima minoría cercana al 1% que ostenta el 99% de las riquezas del planeta sin que nadie la detenga.
Mucho se habla de la pobreza extrema, pero poco se menciona a la riqueza extrema. Esta asimetría clama por algún tipo de intervención. ¿O acaso podemos esperar que el altruismo empresarial sea suficiente para remediar tal injusticia? La Historia nos enseña lo contrario. La balanza, por sí sola, no tiende al equilibrio. Por eso, la figura de la justicia social se completa necesariamente con la presencia de un ente que la equilibre mediante políticas, leyes y sentencias adecuadas.
Lo cierto es que, y tal vez esa sea una de las razones que explican la encrucijada en la que nos encontramos, las acciones basadas en los derechos humanos no alcanzaron para lograr el equilibrio. La lucha discursiva por un Estado como garante de la justicia social se alejó demasiado de las realidades de las mayorías, impactando en un deterioro sostenido –o en un crecimiento incipiente en el mejor de los casos– en materia de trabajo, salud, educación y vivienda, entre otros derechos consagrados.
En este marco, por lo tanto, se torna crucial el papel de los movimientos sociales, los colectivos de artistas, los educadores y las juventudes, entre otros actores fundamentales, para la búsqueda de alternativas contrahegemónicas que promuevan la igualdad de oportunidades para todas las personas.
La justicia social, lejos está de ser una “idea nefasta”, una “aberración”, una “farsa”, un “robo”, una “atrocidad”, una “monstruosidad” o una “barbarie”, como intentan imponer con vehemencia y sin lugar a un diálogo sensato basado en evidencia, tanto políticos como comunicadores. Muy por el contrario, la justicia social es un ideal que requiere una redefinición constante y una lucha persistente, en la que los diferentes sectores que conforman al Estado, incluido el mercado y la sociedad civil, deben jugar ineludiblemente roles complementarios para el beneficio del conjunto.
Por lo dicho, en el Día Mundial de la Justicia Social, el debate sobre este concepto cobra especial relevancia en Argentina. Ideas que habían sido descartadas por su poco rigor teórico y eficacia empírica vuelven a la arena pública con fuerza, fogoneadas por una profunda crisis económica y un severo deterioro social.
Entre el avance de las nuevas derechas y la resistencia de quienes levantamos las banderas de la justicia social, el porvenir del país está en juego. Será la capacidad de nuestra sociedad, especialmente de las nuevas generaciones, para imaginar y luchar por un futuro más inclusivo, equitativo, democrático y pacífico, lo que determinará el rumbo argentino en el laberinto político en el que estamos inmersos.
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