
Puede inferirse que todas las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (APN), en un escenario de alta inflación, contarán con un presupuesto inicial extraordinariamente reducido para el corriente año.
Seguramente, en pocos meses, presenciaremos una ampliación de créditos que procurará dar auxilio a las distintas áreas de la (APN) con el propósito de evitar su colapso antes de finalizar el ejercicio.
De todas las jurisdicciones, es el Ministerio de Defensa una de las visiblemente más afectadas, principalmente considerando la postergación constante a la que ha sido expuesta durante los últimos años, condición mayoritariamente aceptada por los analistas en la materia.
En este contexto de escasez de recursos, es prácticamente mandatorio distinguir entre los criterios de asignación que agregan valor y son convenientes mantener, de aquellos que necesariamente deben ser modificados ya que no contribuyen al logro de los objetivos establecidos.
Entre los primeros, podríamos señalar que el plan de jerarquización salarial de los miembros de las FF.AA, puesto en marcha por la gestión anterior, constituye un esfuerzo que debe ser destacado y debiera mantenerse como política de estado.
Dicha jerarquización, postergada en el tiempo, es un hecho clave que permite no solo valorizar a los cuadros militares, si no también revertir el inevitable éxodo de las filas de personal ya formado y adiestrado por las Fuerzas. Es imprescindible, en el corto plazo, dar continuidad a dicha política.
Entre los señalados en segundo término, se torna necesario -en lo inmediato- dar respuesta a demandas urgentes en materia de funcionamiento de las Fuerzas; orientadas a absorber gastos relativos al empleo del material, servicios básicos, infraestructura, recursos humanos, logística, administración, salud, etc., tendientes a evitar la paralización de las actividades y reducir los riesgos patrimoniales y operacionales.
Los catalogados como gastos corrientes (rubros Bienes de Consumo y Servicios) son aquellos imprescindibles para costear las actividades asociadas al Alistamiento, Adiestramiento y Sostenimiento (FUNCIONAMIENTO); actividades éstas que constituyen la piedra basal para el desarrollo de las capacidades militares específicas, conjuntas y combinadas.
Evidencia lo expresado, en el siguiente gráfico, cual debería haber sido el crédito otorgado (millones de pesos) para FUNCIONAMIENTO, si se hubiera acompañado el impacto inflacionario desde 2017 (último año en que el presupuesto de Defensa se acercó al 1% del PBI), hoy por debajo del 0,5% de ese indicador.

Decididamente, el desafío a afrontar –de manera prioritaria– debiera estar orientado especialmente en dar respuesta a necesidades relativas a los Gastos Corrientes (recursos que derraman mayoritariamente en la industria nacional, en diversas regiones del país y en moneda argentina).
Satisfechas las urgencias señaladas, se tornará imprescindible abordar las proyecciones de recursos para atender el mediano y largo plazo, máxime teniendo en cuenta que en los próximos meses el Ministerio de Economía dará inicio al proceso de elaboración presupuestaria para el año 2025.
En tal sentido, cabe recordar:
En los primeros años de este siglo, el Poder Ejecutivo (PE) y el Ministerio de Defensa (MINDEF) establecieron las bases del modelo de PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, actualmente en vigencia, hecho que dio inicio al primer Ciclo de Planeamiento, estableciendo la pauta económica para mejorar y perfeccionar el sistema de defensa argentino.
A través de un amplio debate que dio lugar al Libro Blanco de la Defensa 2010, se publicó el Horizonte Financiero (orientación tangible): “alcanzar en el año 2020, llevando la inversión en Defensa al 1,5% del PBI y mantenerla hasta el año 2040″. Dicho horizonte, vislumbraba lo que en la actualidad es el gasto promedio de los países de la región en Defensa, 1,6% del PBI.
El siguiente gráfico representa, en % de PBI, la evolución del Presupuesto devengado de Defensa a partir del año 2008 y la comparación con el horizonte presupuestario planificado oportunamente.

El desvío entre lo programado y lo otorgado es tan significativo que no se encuentran registros que reflejen un guarismo de esfuerzo presupuestario nacional para la Defensa tan reducido, aun considerando el aporte destinado al (FONDEF) Fondo Nacional de la Defensa, (cuya Ley debiera reglamentarse y sus recursos ser independientes del presupuesto del MINDEF).
Cabe señalar que, para la Jurisdicción Defensa, los créditos asignados en el Presupuesto Nacional representan el único aporte que recibe para sostener la totalidad de su matriz de costos, diferenciándose del resto de las jurisdicciones, que cuentan, además, con aportes de los estados provinciales y municipales, así como también del sector privado contribuyendo con servicios de Educación, Salud y Seguridad.
La oportunidad para la Defensa es ahora. Está en la órbita de funcionarios y dirigentes políticos establecer un horizonte financiero razonable, mínimamente en sintonía con los vigentes en la región (1,6 % del PBI), acorde a los riesgos y desafíos que afronta y afrontará la Nación, con el propósito que las Fuerzas puedan planificar –mediante un presupuesto viable– los gastos y actividades que llevaran a cabo en el próximo trienio 2025-2027, dando inicio a un postergado ciclo de recuperación sostenido y sustentable.
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