El rol de la Secretaría de Comercio y las rentas discrecionales al sector privado

Durante la mayor parte de los últimos veinte años la Secretaría de Comercio, a través de una administración arbitraria de las licencias arancelarias, expandió los controles cuantitativos sobre una gran mayoría de las importaciones. Esta administración generó tres efectos negativos sobre la economía:

1) al disminuir las importaciones, disminuyo la oferta de bienes lo cual elevo la estructura de precios internos enfrentada por los consumidores argentinos;

2) la escasez de todo tipo de insumos y bienes de capital también acentuó la crisis de crecimiento asociada a los desequilibrios macroeconómicos; y

3) la abundante literatura empírica señala que los controles cuantitativos sobre las importaciones generan rentas proteccionistas o rentas monopólicas que son repartidas de alguna manera.

Por ejemplo, si bajo condiciones de funcionamiento normal de la economía se hubieran importado medio millón de celulares, pero bajo los controles de la Secretaría solo se permitió ingresar 200.000 unidades, esta disminución de la oferta elevó sus precios internos por encima de los precios internacionales.

Supongamos que bajo libre comercio los celulares se hubieran vendido a un promedio de USD 300 por unidad, pero bajo la menor oferta ocasionada por las licencias, los importadores beneficiados los pudieron vender a USD 500, beneficiándose de una renta proteccionista de USD 200 por unidad sin mover un dedo.

Ahora bien, si este comportamiento restrictivo se hubiera aplicado sobre todas las importaciones (unos USD 75.000 millones), entonces estaríamos hablando de rentas proteccionistas de centenares de millones de dólares financiados exclusivamente por el bolsillo de los consumidores argentinos (personas y/o empresas) que tuvieron que pagar precios muy superiores a los internacionales.

¿Quiénes se apropiaron de estas rentas? Estamos hablando acá de una fuente de dinero turbio que bien podría estar entre las más importantes. ¿Cómo se repartieron estas rentas durante los últimos años? Sugiero que hace falta realizar un estudio lo más preciso posible sobre el valor de estas rentas y sobre esta base creo que la justicia debiera tener algo que decir, ya que este comportamiento ha sido claramente anti-constitucional.

A medida que la mala administración de la macroeconomía se verificaba en una creciente sobrevaluación del peso, la Secretaría de Comercio dispuso restringir las importaciones también de una manera creciente. Sin embargo, esto no la transforma en un agente pasivo, porque debería haber generado un conjunto de reglas de asignación lo más transparente posible.

Muchos países tienen algún sector protegido con restricciones cuantitativas y algunas las exportaciones agroindustriales de la Argentina enfrentan medidas de este tipo en la Unión Europea. Sin embargo, en estos otros Estados hay reglas transparentes de asignación y permite a los exportadores gozar de señales estables cuando planifican sus operaciones.

La arbitrariedad operada por la Secretaría de Comercio durante los últimos años ha disparado quejas de otros miembros de la OMC (Organización Mundial de Comercio), y en una ocasión, Argentina perdió una controversia que fue internacionalmente resonante. Las quejas provinieron tanto de países desarrollados como países en desarrollo.

En un caso, por ejemplo, las licencias fueron otorgadas por el plazo de un mes y Japón se quejó por no poder completar exportaciones durante ese breve lapso de tiempo.

Es cierto que la OMC ha perdido parte del brillo que solía tener, pero sigue siendo cierto que, así como la Argentina ha defaulteado deuda varias veces, de la misma manera en el contexto de la economía internacional, en varias oportunidades la Argentina ha administrado arbitrariamente el acceso a su mercado.

Actualmente está nuevamente recibiendo quejas por este comportamiento y el próximo gobierno deberá comenzar administrando los flujos de importación bajo las sombras de estas quejas. De ahí que también es de gran importancia desmantelar el andamiaje de las licencias de importación lo antes posible.

El autor es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas