Hacia un futuro del trabajo más justo y sostenible en América Latina y el Caribe

Construir un futuro más justo y sostenible para todas las personas: la tarea es monumental, pero es un llamado a la acción que no podemos ignorar. Hoy tenemos una oportunidad única para mejorar la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe. Pero para lograr un cambio significativo, es necesario apostar a estrategias colectivas y coordinadas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Así lo afirmaron las y los líderes mundiales durante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, quienes renovaron su compromiso con los ODS y señalaron la necesidad de actuar de inmediato. Actualmente, el escenario en América Latina y el Caribe es poco alentador: a pesar de ocho años de esfuerzos desde la implementación de este plan global, las tendencias indican que solo se alcanzaría el 25 por ciento de las metas propuestas en 2030.

En este contexto, el ODS 8 emerge como una pieza clave en la agenda del desarrollo sostenible. Este objetivo busca movilizar recursos y generar alianzas para crear las condiciones necesarias que fomenten un crecimiento económico sostenible, inclusivo y constante, así como para lograr una prosperidad compartida y un trabajo decente para todas las personas.

En este camino, América Latina y el Caribe enfrentan desafíos sustanciales. Debido a la estrecha relación entre calidad del empleo, desigualdad y pobreza, urge acelerar y revitalizar el progreso hacia los ODS en los próximos siete años. De lo contrario, 86 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema, perpetuando así la desigualdad.

En una región donde el 80 por ciento de los ingresos de los hogares provienen del trabajo, el ODS 8 no solo promueve el trabajo decente, sino que también incide directamente en las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. No obstante, al analizar el cumplimiento de las metas específicas en la región, se observa un panorama mixto.

Se observan avances, pero lentos, en metas relacionadas con el aumento de la productividad, la producción eficiente de recursos y la consecución del pleno empleo productivo (metas 8.2, 8.4 y 8.5). La falta de transformación productiva, escasa diversificación y brechas de habilidades han mantenido a la región estancada en términos de productividad desde hace cuatro décadas.

Las metas vinculadas al crecimiento económico per cápita, la creación de empleo decente y formal, y la reducción del porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan (metas 8.1, 8.3 y 8.6) muestran retrocesos. En la región, uno de cada dos trabajadores es informal, lo que les impide acceder a sistemas de protección social, derechos laborales y salarios adecuados. Estas cifras son aún más preocupantes en poblaciones altamente vulnerables, como los pueblos indígenas, donde el 85 por ciento de trabajadores es informal, o personas migrantes y refugiadas que enfrentan barreras para acceder a un trabajo decente y aportar con su talento al crecimiento de los países.

A pesar de la leve disminución del desempleo tras la pandemia de COVID-19, esta recuperación fue liderada por la creación de empleo informal. Las personas en trabajos informales tienen hasta cuatro veces más riesgo de vivir en la pobreza. La pandemia, además de los factores estructurales, podría haber afectado los avances en la erradicación del trabajo infantil, siendo necesario acelerar la eliminación de esta situación que afecta a 8,2 millones de niñas, niños y adolescentes en la región.

En este contexto, marcado por la ralentización del crecimiento económico, limitados espacios fiscales, alta inflación y niveles de endeudamiento, así como una menor liquidez en los mercados financieros internacionales, ¿cómo avanzar en el logro de las metas del ODS 8?

En primer término, la región no solo debe crear más puestos de trabajo, sino también mejorar su calidad, asegurando que sean formales a través de políticas macroeconómicas centradas en el empleo, que promuevan transformaciones estructurales e incrementen la productividad, fortalezcan la gobernanza e instituciones del mercado de trabajo, promuevan la protección de las y los trabajadores, y fortalezcan el diálogo social.

Estas políticas deben aprovechar las nuevas tendencias del futuro del trabajo, como la transición hacia una economía verde que podría generar 15 millones de empleos en la región, o la inversión en la economía de los cuidados que crearía más de 25,8 millones de puestos de trabajo, contribuyendo a reducir las brechas de género en el mundo del trabajo.

Por otro lado, la transformación digital representa una oportunidad para la creación de empleos, especialmente para las y los jóvenes, cuyas tasas de desempleo e informalidad duplican a las de las personas adultas. Esta transformación debe ir acompañada de programas de formación para la adaptación a estos cambios tecnológicos.

En este camino hacia el desarrollo sostenible, la iniciativa de las Naciones Unidas del Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas, liderada por la OIT, desempeña un papel fundamental. Esto implica establecer marcos financieros que movilicen fondos para apoyar la implementación de estrategias y políticas integradas en favor de la protección social y el empleo.

Esta tarea conjunta implica la participación de los actores sociales, el sistema multilateral, y también de los Bancos Públicos de Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales, quienes deben fortalecer su liderazgo para promover y financiar el desarrollo sostenible, considerando el cambio climático y el impacto social en sus inversiones.

Como menciona el Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, es necesario construir una coalición mundial que promueva la justicia social y el trabajo decente para no dejar a nadie atrás y acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030.

* Por Claudia Coenjaerts Directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe.