Libertad y eficiencia regulatoria

El creciente intervencionismo estatal nos paraliza. Esto se refleja, entre otras medidas tomadas por los gobiernos nacional, provinciales y municipales, a través de la superposición de normas. Lo vemos cuando se imponen regulaciones, permisos, cupos y controles; o cuando se coartan las garantías constitucionales. El intervencionismo le abre la puerta al riesgo de arbitrariedad de los poderes públicos, y al quiebre de la seguridad jurídica.

Esta injerencia desmedida del Gobierno en los asuntos de la ciudadanía pone freno y limita a la actividad económica, al mismo tiempo que afecta el incentivo para producir, invertir y contratar. Los excesos de la hiperregulación en el país han sido una de las causas del declive de la calidad de vida de los argentinos. También es responsable de la pérdida del valor relativo de la estructura productiva, convirtiéndose en una lamentable aliada de la pobreza y la corrupción.

Quienes se capacitan, invierten y producen, necesitan de un Estado limitado y bien administrado, cuya intervención no se convierta en una traba o una exigencia excesiva a cualquier actividad o iniciativa económica y social. La sobreregulación reduce las facultades de decisión de los ciudadanos, hace más onerosa cualquier actividad, incrementa la carga tributaria y, en muchos casos, es un ejemplo de ineficiencia en la intervención estatal.

El universo normativo argentino es de tal magnitud que, a nivel nacional, la compilación de las normas vigentes demoró casi una década (2005 a 2014), con la participación de más de 200 juristas. La hipertrofia legislativa, resultado de normas nacionales, provinciales y municipales, reducen derechos en forma directa (al imponer cargas y/o tramitaciones administrativas excesivas). También dificultan notablemente la seguridad jurídica y eliminan la certeza sobre cuáles son los derechos y obligaciones vigentes.

Es indispensable comenzar a trabajar para facilitar la vida de los ciudadanos y de las empresas, y de iniciar la simplificación y reducción de normas regulatorias, según cada actividad. La mejora en la calidad regulatoria es esencial para reducir costos y fomentar la innovación y el crecimiento económico.

El exceso normativo consume tiempo a las empresas. En lugar de dedicarse a los negocios, se encuentran frente a exigencias de cumplimiento administrativo que, en la mayoría de los casos, implican recursos que reducen la posibilidad de agregar mejoras en las estructuras productivas. Y las más afectadas por esto son justamente las que más debemos ayudar: las PyMES.

Es hora de eliminar trabas regulatorias injustificadas que atentan contra la libertad comercial y vuelven estéril el progreso de las empresas. Un intenso Estado intervencionista que obstaculiza cada solución, se vuelve siempre menos tolerable para la sociedad ya que más regulación es igual a más Estado y, por ende, menos libertad.

El historiador romano Cayo Cornelio Tácito, hace casi 2022 años, advertía que cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene en vigor (y más presencia estatal genera). Entendemos que la reducción de la intervención estatal, la desregulación y la simplificación normativa, son el camino a los beneficios de la libertad.

Sobre todo, nuestro país necesita de una “revolución capitalista” y de una apertura al mundo que nos permitan volver a convertirnos en un país rico. Y esto nunca será posible si no simplificamos la vida de quienes producen, con una visión firmemente anclada en la libertad.

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