Hace unos días se generó mucha información alrededor del músico Chano Charpentier, con el desgarrador testimonio de su madre, en relación a la Ley de Slud Mental (n° 26657) y sus inocultables deficiencias.
Muchísimos psiquiatras de todo el país hemos dado testimonio, más que una mera opinión, de los daños producidos por este texto legal, lleno de ambiguedades y de errores, con sus secuelas de suicidios, homicidios y graves daños a la salud de miles de pacientes en Argentina.
En los últimos días, se produjo una tibia reacción de ciertos funcionarios y ex funcionarios, en improbable defensa de este texto legal, manifestando lo obvio e imposible: las cosas pasan porque no se aplica bien la ley.
La realidad de la Psiquiatría, y especialmente de los pacientes, tanto enfermos crónicos por diversas patologías como aquellos denominados duales, es decir, que padecen de una enfermedad psiquiátrica más el consumo asociado de drogas, es que sufren una ley incompleta, que no los entiende, no los defiende y peor aún, no los ayuda a tratarse ni combate contra el estigma que hoy, siglo XXI, todavía reina en nuestra sociedad.
Pero para colmo de la ironía, un ex funcionario publica sus opiniones a favor de la ley, cuando él mismo, cuando ocupó un importante cargo público, batalló con un empeño digno de mejores causas para el cierre de todas las instituciones especializadas en psiquiatría en la Argentina, dejando una pléyade de espacios terapéuticos cerrados, sin lugar para internaciones en diferentes provincias del territorio nacional.
Los derechos humanos de los pacientes, que la ley pretendía cuidar, terminaron en la realidad siendo pisoteados por falta de atención psiquiátrica, de psicoterapia y de cobertura de medicamentos específicos para aquellos que lo precisaban, con las lógicas descompensaciones ulteriores para desesperación de sus familiares.
Dice la crónica que Al Capone, luego de mandar a matar a sus adversarios, rigurosamente enviaba ofrendas florales a los deudos: de la misma manera, parece ser que este discurso se emparenta con ese accionar, dado que se rasga las vestiduras por la falta de espacios que en su momento se ordenó cerrar en forma irreversible.
Los hospitales generales no se encuentran -y me animo a decir no se encontrarán- en condiciones de atender a pacientes psiquiátricos agitados y violentos porque ni la infraestructura ni la capacitación sanitaria son acordes para la misma: sí hay que poner presupuesto en los hospitales especializados en psiquiatría para refuncionalizarlos, proveerlos de personal suficiente y capacitado, dotarlos de tecnología e insumos, porque no se pueden cerrar, de la misma manera que no se pueden cerrar el hospital de enfermedades infecciosas, los de oftalmología, el de enfermedades oncológicas y el de vías respiratorias, por el solo hecho de ser especializados.
Finalmente, insisto en que sí hay que reformar la ley de Salud Mental y modificar su reglamentación, y adecuarla a las reales necesidades de la población argentina y de los pacientes que necesitan una cobertura adecuada de sus enfermedades crónicas; defendiendo por supuesto sus derechos humanos, los que empiezan, para conocimiento de los funcionarios y ex funcionarios que defienden la 26657, con el debido respeto a tener donde tratarse, ya sea en forma ambulatoria, o si representan riesgo para sí o terceros, en la internación lo más breve posible.
Las internaciones prolongadas a las que se hace alusión sin saber de qué se habla, son las de aquellos pacientes abandonados por sus familias, que una vez en condiciones de alta, no tuvieron dónde ir a vivir y tomaron al hospital como su hogar, por lo que se deben crear, antes de machacar desde cómodos despachos y abultados sueldos de funcionarios, casas de medio camino, hospitales de día y de noche, para lograr lo que todos los psiquiatras argentinos queremos: la rehabilitación psicosocial plena de nuestros pacientes y una mejor calidad de vida para todos ellos. Los hechos hablan por sí mismos. Cambiar la ley, depende de todos.
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