El artículo de Edward Allen en la publicación Política Exterior (FP) sobre la política económica de Joe Biden reflexiona sobre las consecuencias del apoyo oficial para reconstruir las cadenas de valor y la investigación en los Estados Unidos. Los documentos citados son el informe de 250 páginas de la Casa Blanca sobre las cadenas de valor presentado el 4 de junio y el reciente proyecto de Ley aprobado por el Senado de 250.000 millones de dólares para el desarrollo tecnológico. El autor señala que estos proyectos dejan atrás años de liberalismo en los cuales cientos de millones de asiáticos, africanos y latinoamericanos pudieron salir de la pobreza atrayendo inversiones de las corporaciones de Estados Unidos y Europa.
El informe analiza los sectores de semiconductores y embalaje avanzado, baterías de gran capacidad, minerales críticos y medicamentos e insumos para la industria farmacéutica. En una segunda etapa seguirán la industria para la defensa, salud y biotecnología, comunicaciones e informática, energía, transporte y cadenas de valor para la producción de commodities agrícolas y alimentos. Todos estos sectores son considerados esenciales para la seguridad nacional, seguridad económica y liderazgo tecnológico.
El proyecto del Senado denominado Ley de Innovación y Competitividad destinará 190.000 millones para la investigación en biotecnología, biología sintética, genómica y biometría y 54.000 millones para el desarrollo de la industria de semiconductores y equipamiento para telecomunicaciones. El proyecto reparte también recursos para fortalecer los departamentos de investigación en el sector público.
Los demócratas con apoyo republicano no tuvieron dificultades para aprobar este proyecto que distribuye generosamente recursos con la excusa de enfrentar el desafío de China en el desarrollo de nuevas tecnologías. Los miembros del Senado expresaron la necesidad de tener una política activa similar a la que Estados Unidos ejecutó durante la Segunda Guerra Mundial para afrontar la provocación de Alemania.
La Administración Biden pareciera no sonrojarse con los cientos de millones de dólares destinados a apoyar al sector privado. Mientras no pierde oportunidad de criticar la política de subsidios y el papel de las empresas estatales en China, Estados Unidos está poniendo en práctica una estrategia similar donde el Estado será quien seleccionará y diseñará las políticas para el avance de los sectores industriales estratégicos. La Administración Biden optó por seguir el ejemplo del plan Made in China 2025 cuyo objetivo es apoyar el desarrollo industrial y aumentar el contenido nacional de componentes con el objetivo de transformarse en el país industrial líder.
La decisión de implementar políticas activas para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías representa un cambio respecto a la estrategia del Gobierno de Donald Trump de apoyar al sector privado mediante la reducción de los impuestos para evitar el éxodo y facilitar el retorno de las empresas instaladas en terceros países. Si bien la Administración Biden contempla un aumento del impuesto a las ganancias del 21 al 28% los programas America Jobs sumado a la reconstitución de las cadenas de valor y el proyecto de ley sobre Innovación canalizarán fondos para aumentar la tasa de inversión. Los datos de la OECD para 2019 indican que el gasto de Estados Unidos en I&D fue 3,07% y los de China 2,2% del PBI equivalentes a 657.000 y 526.000 millones respectivamente, desmintiendo la visión negativa que propaga esta Administración para cohesionar el apoyo interno.
La política de Biden de abrir una época de dirigismo estatal para llegar a una economía autosuficiente y no perder el liderazgo tecnológico plantea una perspectiva sombría para los países en desarrollo. Todas las políticas de esta Administración conducen a evitar la mudanza de empresas, asegurar el autoabastecimiento para un listado de actividades que cubren casi todo el espectro productivo y mantener la ventaja tecnológica. Como sostiene el artículo citado, el reemplazo del liberalismo por la planificación estatal dejará atrás la época donde los países en desarrollo aspiraron a una mayor participación en la distribución global de los beneficios.
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