El Gobierno redistribuye con los porteños y porteñas adentro

El 9 de septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció cambios en el esquema de coparticipación, que implican un retorno progresivo a un esquema similar al que estaba vigente hasta enero de 2016. Desde el gobierno de Larreta dicho cambio fue presentado con virulencia como una medida en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, si miramos el panorama global los números dicen otra cosa.

El mundo atraviesa una crisis económica global provocada por la pandemia de COVID-19, que en Argentina cayó como un mazazo sobre una estructura económica muy debilitada por los estragos de cuatro años de macrismo. En ese marco, el gobierno nacional tomó un rol protagónico, buscando proteger a los sectores más vulnerables y sostener el entramado productivo, vital para la reactivación económica.

En este sentido, desde el inicio de la pandemia, el Estado Nacional estuvo al lado de la mayoría de los porteños y porteñas, a través del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, y los créditos al 24% para MiPyMEs. Estos recursos representan (llevados a pesos de 2019 para poder comparar sin efecto inflación) más de 155.000 millones de pesos, sin contar la expansión del ATP y el IFE recientemente anunciado.

Sin embargo, cuando miramos el efecto de la reducción en la coparticipación de CABA será de sólo 10.000 millones para 2020 y 45.000 millones para 2021. O sea, el Estado nacional ya redistribuye el equivalente a 300% más de la modificación de la coparticipación y garantiza que esos recursos vayan a quienes más lo necesitan.

¿Cómo se componen estos más de 155.000 millones? Aproximadamente un 54% se explica por los créditos al 24%, casi un 35% por el ATP, poco más del 5% por los créditos a tasa cero y otro tanto por el IFE. Excepto en el caso del IFE, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió proporcionalmente un porcentaje de recursos significativamente mayor a su población, por lo que se caen por su propio peso las versiones infundadas de que el gobierno nacional castigaría al distrito por la orientación política de su gobierno. En efecto, mientras que la población de la ciudad representa el 6,78% de la población de todo el país, la Ciudad de Buenos Aires recibió el 36,84% de los fondos destinados al ATP, el 24,58% de lo destinado a los créditos a tasa 24 y el 16,05% de los fondos otorgados en créditos a tasa cero. Puede verse entonces cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha beneficiado en gran medida por este esfuerzo monumental llevado adelante por el gobierno nacional en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado atravesar como país en nuestra historia.

Esto es aún más relevante cuando tenemos en cuenta que el Gobierno de la Ciudad hizo poco y tarde por mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, ante la ausencia del gobierno local, el aporte de la administración nacional se vuelve esencial para incluir y proteger a toda la población de nuestra ciudad. Es importante destacar que esta ausencia se vio desde mucho antes de la modificación de la coparticipación, por lo que Rodríguez Larreta no podría de ninguna manera justificar su falta de acompañamiento a las políticas nacionales en dicho cambio. Tampoco podría alegar falta de recursos: la Ciudad de Buenos Aires es la más rica del país. No es un problema de recursos sino de prioridades, y más aún, de concepción sobre el rol del Estado.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner redistribuye a favor de quienes menos tienen, con los porteños y las porteñas adentro. Poner a Argentina de pie implica necesariamente que nadie se quede atrás, que nadie se caiga del sistema. Y eso incluye por supuesto, a todas y cada una de las personas que habitan nuestra ciudad.