El Poder Judicial está acéfalo en el momento de mayor debilidad

Hace dos años, el 11 de septiembre de 2018, se produjo un hecho que dejó una marca en la vida institucional de la Argentina. En esa ocasión se produjo un cimbronazo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el momento en que menos lo necesitaba el gobierno de esa época. Propiciado en las sombras por varios actores cercanos a la Casa Rosada, se concretó una especie de “golpe de palacio” y sorpresivamente desplazaron al Presidente del Máximo Tribunal.

El mismo grupo que había promovido la designación de Rosenkrantz y Rosatti por decreto, celebró la maniobra que corrió al Presidente de la Corte que no querían, para sustituirlo por uno que consideraban más manejable. Los festejos de Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, José Torello y otros operadores judiciales de aquel oficialismo se hicieron públicos y fueron reflejados por la prensa. Como Julio César después de cruzar el Rubicón, los “legionarios” de la Rosada bien podrían haber exclamado como el general romano “alea jacta est” -la suerte está echada- sobre el entonces flamante presidente del máximo tribunal del país.

En su discurso, durante la inauguración del año judicial como Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz dijo que no era su tarea defender a los jueces. Nunca más se hizo otro acto, ni reuniones masivas ni cualquier tipo de encuentro que permitiera que los magistrados expresaran sus quejas o inquietudes. Algunos jueces cuentan relatos que dan cuenta del distanciamiento del titular de la Corte, quien les pide un currículum antes de atenderlos o envía a sus empleados para que atienda a los magistrados.

En esas fallas de origen habría que buscar la génesis de la actual parálisis y debilidad de la cabeza del Poder Judicial en el momento en que más necesita la ciudadanía su pronunciamiento.

Pese a la expectativa social existente, la Corte aún no resolvió el per sáltum interpuesto por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli para evitar lo que probablemente se concrete en los próximos días: el rechazo del Senado a sus traslados, debiendo regresar a sus tribunales de origen.

La maniobra para desplazar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli junto con la reforma judicial impulsada por el gobierno han generado fuertes reclamos de la oposición, de abogados, de organizaciones vinculadas a la Justicia y, entre otros, de Elisa Carrió, una de las líderes de la coalición opositora que pide con vehemencia que la Corte actúe. A este escenario se suma la preocupación de la clase política, cuyos frecuentes conflictos, inclusos los de coparticipación entre las provincias, siempre fueron dirimidos por la Corte, que hoy permanece inactiva.

Es ahora y frente a estos hechos que comprometen la vida institucional de la república que la ciudadanía necesita que la cabeza del Poder Judicial se pronuncie y “de a cada uno lo suyo”.

Es en este momento, cuando en medio de la pandemia el gobierno nacional le quitó de un zarpazo un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que la Corte Suprema debe decidir -una vez que llegue el inminente reclamo- si corresponde ordenar en forma cautelar la suspensión de la medida dictada por decreto por el Poder Ejecutivo Nacional y si esta norma pasa o no el control de constitucionalidad. Eso es lo que espera la sociedad.

Este temperamento del máximo tribunal contrasta con la respuesta que tuvo frente a la reforma bautizada por el kirchnerismo como “democratización de la Justicia” del año 2013. En aquella oportunidad, la reacción de la Corte fue jurídica, firme, contundente, declarando la inconstitucionalidad por la vía que correspondía. Ahora, en cambio, la respuesta estuvo en manos de empleados que filtraban a la prensa que los jueces tomarían represalias dictando fallos en contra del gobierno, actitud que no hizo más que profundizar el desprestigio.

En este contexto, una comisión convocada por el Poder Ejecutivo está analizando la reforma del máximo tribunal. Aún no se puede aventurar qué es lo que finalmente ocurrirá, si se ampliará la Corte o si seguirá como está, o qué tipo de modificaciones se harán, pero cualquiera de estas opciones es posible frente al actual estado de debilidad.

Es importante para el país que la Corte vuelva a ser fuerte, independiente, con la Constitución como guía. Es la última palabra, el último límite para defender los derechos vulnerados de los ciudadanos, construyendo -en su rol constitucional- un poder independiente.