Debemos evitar que cierren los jardines de infantes

Las instituciones de nivel inicial contribuyen al desarrollo personal de niños y niñas en un momento clave de sus vidas y, además, cumplen una función esencial de cuidado que permite a padres y madres salir a trabajar.

La primera infancia es una etapa fundacional en la vida de las personas. Se trata de un período clave para la constitución de la subjetividad individual durante el cual las niñas y los niños son especialmente sensibles a sus entornos de crianza y de cuidado.

Al mismo tiempo, la oferta de servicios y centros de cuidado para la primera infancia resultan un pilar clave para mejorar las condiciones de vida de las familias y promover su bienestar económico, ya que les permite disponer de más tiempo para trabajar, particularmente a las mujeres, quienes son en su inmensa mayoría las principales cuidadoras de niñas y niños.

En el contexto del aislamiento social preventivo obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19, los jardines maternales y jardines de infantes han tenido que cerrar sus puertas. Para los del sector privado, el aislamiento y sus consecuencias económicas ha significado un gran deterioro de sus ingresos por moras en el pago de cuotas y familias que optan por retirar a sus hijos, sobre todo en las salas que no son obligatorias -recordemos que en nuestro país la escolarización es obligatoria desde los 4 años-.

En la Ciudad de Buenos Aires, el sector privado en el nivel inicial representa el 56 por ciento de la matrícula en la enseñanza oficial. Este porcentaje es aún más alto en los primeros años, llegando a 59 y 62 por ciento en el jardín maternal y la sala de tres años, respectivamente.

Dentro del sector privado, existen jardines y escuelas que reciben asistencia económica a través de subsidios por parte del Gobierno de la Ciudad, pero algunos no reciben ningún tipo de apoyo. Entre estos últimos, se encuentran tanto algunas instituciones adscriptas a la enseñanza oficial como la totalidad de las instituciones inscriptas en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales. Este grupo se encuentra gravemente amenazado. Se trata de alrededor de 270 instituciones de gestión privada que acogen a una gran parte de los niños y niñas entre los 45 días y los 3 años de edad, aproximadamente a 14.000 niños y niñas.

Las consecuencias del cierre de estos jardines serían de extrema gravedad para la CABA. Si esto sucediera, los estudiantes perderían oportunidades educativas imposibles de recuperar; las familias no podrían tener garantizado el cuidado de sus hijos e hijas mientras trabajan; y los docentes y personal no docente perderían su fuente de trabajo.

Pese a los avances en esta materia en los últimos años, la oferta de servicios y centros de cuidado para esta franja etaria continúa siendo escasa. El potencial cierre de un gran número de instituciones del sector privado generaría un grave problema de disponibilidad de vacantes, sobrecargando la demanda sobre el sistema público durante el próximo ciclo lectivo.

La ayuda a estas instituciones por parte del gobierno nacional a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción ha sido insuficiente en términos de claridad (han habido avances y retrocesos inexplicables), de alcance (no todas las instituciones recibieron la ayuda que les correspondía) y oportunidad (la asistencia llega tarde).

El Bloque UCR-Evolución en la Legislatura de la CABA promovió una declaración aprobada por unanimidad para ayudar a las instituciones con la exención del pago y la condonación de deudas en los servicios públicos. Sabemos que este esfuerzo no es suficiente, por eso solicitamos al Gobierno nacional y de la Ciudad que realicen un esfuerzo adicional para asistir a estos establecimientos. Comprendemos que en este contexto las cuentas públicas están más comprometidas que nunca pero consideramos que este apoyo lograría evitar las consecuencias sumamente negativas que el cierre de las instituciones implicaría para la CABA.

La posibilidad de renegociar alquileres; que el Estado nacional se haga cargo de las cargas sociales del personal docente y no docente de estas instituciones; así como reducciones importantes en el pago de impuestos serían medidas de gran ayuda para estas entidades.

Del mismo modo, urge pensar alternativas de corto plazo para que el Gobierno de la Ciudad otorgue a estas instituciones algún tipo de subsidio mientras dure el ASPO, considerando que no percibirán el cobro total de las cuotas posiblemente hasta inicios del nuevo año escolar en 2021. Una posible salida sería considerar que algunas de las escuelas que reciben subsidios hagan un esfuerzo y utilizar parte de ese presupuesto para asistir a las instituciones que hoy ven peligrar su supervivencia. La solución a esta problemática deberá contemplar el esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados y podría priorizar las áreas de la ciudad donde la oferta educativa estatal de nivel inicial es insuficiente.

En Argentina se cumplieron más de 100 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hoy estamos ante la vuelta a la fase más restrictiva de confinamiento en el AMBA, por lo que resulta indispensable que pensemos e implementemos medidas económicas de emergencia que contribuyan a evitar el cierre de estas instituciones esenciales en la vida de las niñas y los niños y a evitar una crisis aún mayor.

La autora es legisladora porteña