
La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos emitió una serie de tweets anunciando un supuesto proyecto (aún no presentado formalmente) por el cual el Estado tomaría parte del capital accionario de las empresas a las que “ayuda”.
El argumento es “si el estado ayuda a las empresas es razonable que sea a cambio de una participación en el capital de las compañías”.
Punta de lanza
Según algunos analistas, la diputada Vallejos es la punta de lanza de un proyecto para que el Estado adquiera parte del capital de empresas grandes en principio y después, por qué no, empresas medianas y pymes.
En primer lugar, la diputada Vallejos parte de una falacia difundida en especial entre personas que ignoran leyes básicas de la economía. El estado no tiene recursos. Los recursos son siempre del sector privado. No existe tal cosa como “ayuda estatal”. Se trata de recursos privados obtenidos vía impuestos.
En segundo término, es interesante la intención de la diputada Vallejos en convertirse en empresaria. A tal efecto, sugiero, que “la pyme legislativa que maneja en su despacho” simule durante un mes trabajar en las condiciones que trabajan las pymes reales.
Debería recordar la diputada que los días 1 de cada mes deberá abonar las percepciones de Arba, el 2 las de AGIP, el 5 ya deberá pagar la segunda quincena del mes anterior, el 10 Sicore (primera quincena), el 12 el SUSS (Form 931), el 13 anticipo de ganancias, el 16 las moratorias (primer turno), el 17 Convenio Multilateral IIBB, el 19 impuestos internos, el 20 tendrá la segunda quincena, el 22 el IVA, el 25 nuevamente percepciones de Arba, el 26 tendrá la segunda oportunidad de pagar las moratorias que no pudo pagar el 16 y el 30 los salarios mensuales.

A su vez debería revisar los movimientos bancarios día a día para ver como el estado nacional y las veinticuatro provincias ingresan y carcomen la propiedad privada de sus saldos. A la hora de pagar servicios de energía y telecomunicaciones deberá registrar que el 40% de sus consumos son impuestos de dudosa legitimidad.
Además, deberá registrar su actividad en el registro correspondiente y no olvidar que cada cosa que haga, piense, sueñe o intente hacer deberá registrarse en la oficina correspondiente. Podrá contratar un ejército de gestores a tal efecto.
Realmente sería muy interesante que diputados y funcionarios que jamás pagaron una quincena y jamás corrieron a las 14:50 al banco para cubrir los cheques jueguen a ser empresarios en la Argentina.
Por lo general, diputados y senadores jamás tuvieron penuria el día 30. Siempre el sueldo se acreditó. Siempre cobraron puntual. A las 10 AM del día treinta “la guita estaba”, la “tuvieron viva”, “cash”, como si nada pasara en el planeta.
Incluso para algunos diputados la cuarentena y la no cuarentena es exactamente lo mismo. Sobredosis de play, sugerencias de barbijos. Todos los días son domingos en el placentero mundo legislativo.
No hay ninguna chance de que el Estado se haga empresario. Los políticos no tienen las agallas, el valor y el honor que tienen los empresarios argentinos.

Quedarse con el esfuerzo
Lejos de representar un proyecto serio la catarata de tweets de la diputada Vallejos es una bomba de humo que esconde una intención ulterior. La política no busca quedarse con las empresas y mucho menos sentarse en los turbulentos escritorios empresarios.
Lo que buscan es quedarse con el esfuerzo. Por ello, el proyecto de la diputada Vallejos es la punta de lanza de regulaciones tendientes al control de cambios y nuevos impuestos. Son de manual.
Los legisladores subliman la culpa haciendo una supuesta diferenciación entre empresas grandes y empresas pymes. Eso es falso. La historia demuestra que las regulaciones e impuestos que recaen “sobre los grandes” más temprano que tarde recaen también sobre los chicos.
El ejemplo más contundente es el Impuesto a las Ganancias. Nació en los años treinta para los ultra ricos. Hoy lo pagarían los cartoneros si estuvieran registrados. El estado necesita comerse también a los pobres. Por eso 165 impuestos y 69000 regulaciones destruyen el trabajo argentino y constituyen la fábrica más brutal de pobreza y marginalidad.
Para muchos legisladores El COVID-19 es más una excusa que un virus. La sociedad soporta estoicamente una cuarentena durísima impuesta por un Estado “olvidadizo” que tuvo que encerrar a la sociedad porque tras 70 años de cantinela estatista resulta que se olvidaron de las camas, los respiradores y los médicos. La pandemia es objetivamente grave tan grave como la dilapidación secular de recursos que hizo el estado.
La diputada Vallejos debería respetar a las empresas y a los empresarios y trabajadores que las componen. Soportan día a día mochilas inviables plagadas de impuestos y regulaciones absolutamente inviables. Nuevas excusas, nuevas regulaciones y amenazas de confiscaciones no solo constituyen una falta de respeto sino una nueva fuente de pobreza y marginalidad.
El autor es economista
Últimas Noticias
Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Músculo y bienestar: por qué tu masa muscular es clave para vivir mejor
La masa muscular cumple funciones clave en la salud, más allá de lo estético. Protege frente a enfermedades, facilita la recuperación y regula procesos metabólicos vitales

El Congreso retro. La ley retro
Existen graves retrocesos como la eliminación de la “Educación Sexual Integral” (ESI), la cual debe ser sustituida por una “educación sexual con calidad científica, ética y valores”, sin definir qué ciencia ni qué valores

La paradoja libertaria
Mientras el presidente Javier Milei transita su momento de mayor fortaleza política gracias a un Congreso, el Gobierno enfrenta una economía todavía frágil, atravesada por incertidumbres macro, advertencias externas y una actividad real que no logra encontrar señales de alivio

La Constitución no ampara la mentira
El artículo 18 de la carta magna buscaba prohibir que se obligara a un imputado de un delito a autoincriminarse. Sin embargo, fue esa la hermenéutica que primó en la jurisprudencia



