¿A quién le interesa la Constitución?

Como cada 1° de mayo, en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales, las cabezas del Poder Ejecutivo pronunciaron discursos en los que prometieron muchas cosas que harán en el año. Los espectadores asisten a estos discursos con la experiencia de años anteriores: casi nada de lo que se promete se cumplirá.

La política argentina, desde hace mucho tiempo, se basa en el personalismo. Quien ocupa el Ejecutivo acapara un poder incuestionable, y hace lo que quiere. Pero lo peor es que la gente vota por aquellas personas esperando precisamente que “hagan lo que hay que hacer”. Se suele pensar que lo que hace que las cosas funcionen es la decisión de “alguien que sabe” y no el respeto por ciertas reglas. Hay una tendencia intuitiva a aceptar que cuando algo sucede, es porque alguien lo ordenó. La función y efectos de las reglas abstractas no es tan valorado ni entendido.

Friedrich Hayek dedicó buena parte de su trabajo a mostrar la superioridad del respeto de reglas abstractas para evitar la arbitrariedad de los gobernantes: “El concepto de libertad bajo el imperio de la ley …descansa en el argumento de que, cuando obedecemos leyes en el sentido de normas generales abstractas establecidas con independencia de su aplicación a nosotros, no estamos sujetos a la voluntad de otro hombre y, por lo tanto, somos libres. Puede afirmarse que las leyes y no los hombres imperan, por cuanto el legislador desconoce los casos particulares a los que sus prescripciones conciernen y también porque el juez que las aplica no tiene elección a la hora de formular las conclusiones que se siguen del cuerpo legal en vigor y de las particulares condiciones del caso que se juzga. La ley no es arbitraria, porque se establece con ignorancia del caso particular y ninguna voluntad decide la coacción utilizada para hacerla cumplir. Esto último, sin embargo, es verdad tan sólo si por ley significamos las normas generales y abstractas que se aplican igualmente a todos. Dicha generalidad probablemente es el aspecto más importante de ese atributo de la ley que hemos denominado “abstracción”. Una ley verdadera no debe nombrar ninguna particularidad ni destacar especialmente ninguna persona determinada o grupo de personas” (Hayek, Friedrich A, Los Fundamentos de la Libertad, Unión Editorial, Madrid, 2006, p. 202).

Lo que promueve la certeza es el cumplimiento de reglas abstractas, atemporales, personales. Cuando esas reglas operan, cada persona rige su vida siguiendo su propósito. Cuando son sustituidas por mandatos imperativos establecidos ad hoc para cada situación, las personas dependerán de la arbitraria voluntad de un gobernante.

En Argentina, las reglas de convivencia y el plan de gobierno están claramente establecidos en la Constitución Nacional. Mediante reglas abstractas, impersonales y atemporales determina las funciones taxativas de cada poder del Estado, de cada funcionario, y delimitan el marco de libertad dentro del cual cada persona puede ejercer sus derechos sin depender de la arbitraria decisión de un gobernante.

Pero lo que debería ser el principio rector del gobierno, se convirtió en un texto desvalorizado tanto por políticos como por votantes. Todos tratan de hacerle decir a la Constitución lo que les conviene que diga, y cuando no pueden hacer eso, simplemente la ignoran. Se pueden recordar sólo un puñado de ejemplos, desde el gobierno de Alfonsín para no extenderme.

Alfonsín terminó abruptamente su gobierno en medio de una hiperinflación provocada por la espuria emisión monetaria –forma de alterar y falsificar moneda y violar derechos de propiedad-, y propició disposiciones tales como el “ahorro forzoso” o decretar el estado de sitio circunscripto a doce personas. Invocó permanentemente una forma de gobierno personalista que sus seguidores equiparaban a las de Irigoyen y Perón.

Menem comenzó una proliferación incontenible de decretos de carácter legislativo, contrarios a la división de poderes y no autorizados por la Constitución. Ello llevó a que en la reforma de 1994 se incluyera una cláusula que comienza diciendo: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (art. 99.3 segundo párrafo). A continuación establece una excepción, con condiciones muy específicas. Pero todo ello no impidió que a partir de entonces todos los gobiernos considerasen normal gobernar por decretos claramente inconstitucionales.

El gobierno de Cristina Kirchner provocó varias de estas disposiciones inconstitucionales, desde el intento de subir impuestos a la exportación por resolución ministerial a tasas confiscatorias, o promover la sanción de la llamada ley de “democratización de la justicia”, que era una forma de anular un poder esencial del gobierno y de paso eliminar una institución esencial para la protección de los derechos frente a la arbitrariedad del Estado, como es el amparo.

El gobierno de Macri inició alteraciones de la Constitución aún antes de asumir, al inventar que el presidente saliente dejaba su cargo a la medianoche del día anterior al de la jura, y estableciendo un gobierno transitorio de diez horas a cargo del presidente provisional del Senado. Luego intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión sin cumplir las exigencias constitucionales. Ya al final de su mandato, provocó un acto de suma gravedad al sancionar un régimen de extinción de dominio –de muy dudosa constitucionalidad- por decreto de necesidad y urgencia (aun cuando el Congreso había tratado y descartado la propuesta), en un área expresamente prohibida por la Constitución.

En definitiva, cada nuevo Presidente gobernó según su parecer, ignoró la Constitución y echó la culpa de la situación cada vez peor del país al Presidente anterior. Cada uno desmanteló lo hecho por el anterior y comenzó de nuevo, en una situación de Estado esquizofrénico que se reinventa cada cuatro u ocho años. El mensaje subliminal es: “yo gobernaré tan arbitrariamente como los anteriores, pero lo haré bien”.

Por ejemplo, en la sesión del 1° de marzo, el Presidente Fernández anunció una profunda modificación en el fuero criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires. Se lo dijo a muchos diputados y senadores que hace poco más de tres años sancionaron una ley que dispuso convertir cinco tribunales en lo criminal en tribunales federales, como una manera de reforzar a la justicia federal en esta Ciudad. Esa ley está vigente, jamás se llegó a implementar, y el nuevo Presidente simplemente la descarta y anuncia una solución distinta, por encima de las claras facultades del Congreso.

En la época en que Argentina supo estar entre los diez países más prósperos del mundo y con mayor ingreso per cápita, seguramente hubieron fuertes diferencias de pensamiento entre Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Sin embargo, lo que permitió dicho crecimiento en buena medida fue que por encima de ellos, se respetaron reglas abstractas establecidas por la Constitución. Por el contrario, la discusión política en la Argentina actual pasa por personalismos, y en menor medida por ideologías. Probablemente lo que se necesite hoy es un partido político que sencillamente proponga como plan de gobierno a la Constitución Nacional. Que más allá de ninguna ideología o de ninguna persona, se proponga el respeto de reglas abstractas e impersonales.

Quizá algún día de ese partido surja un nuevo Presidente que, al inaugurar el período de sesiones del Congreso, se siente delante de la Asamblea Legislativa, y tras desearles buenos augurios para el nuevo período, simplemente les diga: “Este año me propongo cumplir con las obligaciones que me impone la Constitución, y ejecutar las leyes que ustedes sancionen (qué para eso soy el Ejecutivo)”.

Ese día tal vez las personas puedan ser más libres, hacer planes a largo plazo y no dependan de la voluble arbitrariedad del presidente de turno.

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