Los jueces que Mauricio Macri tiene en la mira

La liberación de Cristóbal López y el cambio de carátula que lo transforma de defraudador en un simple moroso, la decisión de la Corte de anular la conformación de nuevos tribunales federales y la sospechosa salida en libertad de Carlos Zannini y Luis D'Elía volvió a transformar al Presidente.

Mauricio Macri pasó hace más de una semana del modo monje budista al de "tano calabrés" en el que "se le despierta el indio". Fue cuando empezó a intuir que las movidas de algunos importantes hombres de la justicia responden más a la lógica de la "corporación judicial" que al sentido común, o la dinámica de los fallos justos.

El presidente de la Corte intentó explicárselo más de una vez: las comisiones de trabajo que piden independencia y autonomía de la justicia con respecto al Poder Ejecutivo no fueron pensadas como una jugada contra el Presidente.

Afirma Lorenzetti que lo que quieren los hombres de buena fe que plantean la autonomía es un modelo como el de Brasil o el de Chile. Con un presupuesto propio. Y una organización decidida y articulada por el mismo "sistema judicial".

Pero Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, desconfían. Ellos piensan que lo que quieren los jueces es evitar una reforma que diluya el alto poder de decisión y de fuego que ostentan la decena de magistrados que habitan Comodoro Py.

Los jueces más influyentes de Comodoro Py, mientras tanto, se atrincheran junto a Lorenzetti y preparan estrategias defensivas, y ofensivas también.

Las defensivas: evitar que el gobierno, a través del Consejo de la Magistratura, vaya "volteando muñecos, de a uno", hasta terminar con la mayoría. Uno de ellos, quizá el que más cintura política tiene, lo explica más o menos así: "Lograron la renuncia de (Norberto) Oyarbide y está bien, porque era un impresentable. Fueron contra (el camarista Eduardo) Freiler en su momento de mayor debilidad. Ahora van a terminar desplazando a Pati (Jorge Ballestero) y (Eduardo) Farah porque (con el fallo a favor de Cristóbal López) dejaron los dedos marcados. Pero todos sabemos que esta purga puede no terminar. Y que, despacito, podrían venir por cada uno de todos nosotros".

El magistrado no pone en la misma bolsa el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó y prefiere no analizar a fondo el plan de Justicia 2020 que presentó en su momento Garavano porque -sostiene- contiene iniciativas muy interesantes. Lo que no acepta -dice- es que los quieran convertir en "figuritas decorativas".

¿El Presidente, Garavano y su mesa chica de la justicia -integrada, entre otros por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, y José Torello- persiguen, acaso, debilitar a los jueces federales para no quedar a tiro de expediente, en el caso de que el poder político del oficialismo se diluya?

La última vez que un gobierno intentó algo parecido fue cuando Gustavo Béliz presentó a Néstor Kirchner su proyecto de abrir más juzgados federales para diluir el poder de "los de siempre". Como se recordará, la carrera política de Beliz terminó después de que mostró, frente a las cámaras del programa Hora Clave, de Mariano Grondona, la foto del espía Jaime Stiuso. Quien lo desplazó fue el propio Kirchner, después de negociar con el propio Stiuso sus correspondientes espacios de poder en los sótanos de cada área.

En la nave espacial de los 582 argentinos que, según Macri, deberían partir desde la Argentina hacia otro planeta para hacer el país un poco mejor, todavía no está Lorenzetti, pero sí otros jueces federales como Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas.

Canicoba salió de la mira después de intervenir el SOMU y meter preso a Omar "Caballo" Suárez. Ahora lo pusieron de vuelta, por su tendencia a la conspiración política. A Rafecas se lo sancionó, pero su continuidad sigue pendiendo de un hilo.

Los hombres del Presidente tienen acumulada artillería de fondo para una posible guerra de largo aliento. Se trata de auditorías para evaluar el desempeño pasado, presente y futuro de los jueces federales de todo el país. A una auditoría la está finalizando el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. A otra la está trabajando la Oficina Anticorrupción, con Laura Alonso a la cabeza.

Ciertos fiscales y algunos jueces no se van a quedar quietos. Piensan pagar al Poder Ejecutivo con una moneda de dos caras. En una cara está la posible liberación de Julio De Vido o el propio Lázaro Báez. En la otra, los futuros procesamientos de altos funcionarios del gobierno, muy cercanos al propio Jefe de Estado. Esta película recién empieza. Y continúa a este ritmo; los caídos de semejante guerra harán mucho ruido.