Hay una cierta indiferencia hacia las Fuerzas Armadas que el drama de la desaparición del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, mientras cumplían un acto de servicio para nuestro país, ha puesto nuevamente de relieve. Es poco comprensible que se continúe relacionando a nuestros actuales militares con aquellos que jugaron un papel lamentable durante la dictadura de los 70, que contó con la aquiescencia de sectores políticos, empresariales, sindicales, de la cultura y periodistas.
A pesar de algunos debates sobre el qué hacer con el instrumento militar desde el advenimiento de la democracia, no existió una verdadera política de Estado en la materia. No faltaron funcionarios que, dotados de una peligrosa miopía, en un vaivén desincronizado, las ignoraron y, con o sin intención, priorizaron aspectos ideológicos, políticos, cuando no partidarios, sin valorar el deterioro operativo y logístico a que sometían a las fuerzas. En los 90 hubo alguna excepción. En el caso del Ejército, la reestructuración y la modernización —autoimpuesta— están detalladas en la Memoria del Ejército Argentino-1992/1999. Parte I y II, reconocida y valorada positivamente, entre otros, por el historiador estadounidense Robert Potash.
La razón de ser de las Fuerzas Armadas no responde a la eventualidad de un conflicto determinado, sino que su existencia radica en tanto y en cuanto existe el Estado, del que constituyen un atributo insustituible. Existen en función del patrimonio, de nuestros intereses vitales y estratégicos a proteger. En extrema síntesis: un gran apetecible y vacío espacio geopolítico y la explotación de los recursos del mar. En el primer caso, la Patagonia, con el 30% de la superficie del país y solamente el 5% de habitantes. En el segundo, el quinto litoral marítimo del mundo, más de 5 mil kilómetros de costas. Ambos, joyas de materias primas (hidrocarburos, uranio, litio, carbón y gran riqueza ictícola), se encuentran desprotegidas y vulnerables. A ellos se agrega el Acuífero Guaraní, tercer reservorio de agua dulce del mundo (250 mil kilómetros cuadrados en nuestro país).
Alrededor de veinte países en el mundo no poseen fuerzas armadas, algunos de ellos son: Ciudad del Vaticano, Andorra, Haití, Panamá, Costa Rica, Santa Lucía, Barbados, Granada, Islas Marshall, Islas Salomón, Micronesia, Samoa e Islandia. Esta última cedió la protección de sus intereses a acuerdos con los Estados Unidos y el Reino Unido. Otros Estados procedieron en forma similar. En el otro extremo, es interesante citar que los diez países que invierten más en defensa acorde con su PBI son: Estados Unidos, China, Federación Rusa, Arabia Saudita, Reino Unido, India, Francia, Alemania, Corea del Sur y Japón. En Latinoamérica, Ecuador, Chile y Colombia. El más bajo es el de Argentina.
El conflicto es un fenómeno constitutivo, ineludible e inseparable de las relaciones humanas. Se caracteriza por su policausalidad, permanencia, identidad propia y dificultad para vaticinar consecuencias. Una hipótesis de conflicto no es una hipótesis de guerra, sino un supuesto teórico de planeamiento para una correcta apreciación de estrategia nacional que contribuirá a determinar las capacidades del instrumento militar. El incierto mundo actual está colmado de conflictos, unos visibles y otros latentes.
No puedo omitir mencionar cuáles son las misiones de nuestras Fuerzas Armadas, incomprensiblemente desconocidas por muchos de los que tuvieron y tienen la responsabilidad de conducirlas políticamente.
La misión primordial es disponer, en el marco específico (terrestre, aéreo, marítimo) y en la acción militar conjunta, de una capacidad de disuasión creíble que posibilite desalentar amenazas que afecten los intereses vitales de la nación.
Las supletorias son participar en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas. Brindar apoyo a nuestra comunidad y a la de países de la región ante emergencias y desastres naturales. Contribuir a la preservación del medio ambiente. Contribuir al sostenimiento de la actividad científica en la Antártida.
Es imprescindible adoptar medidas contra-aleatorias y actuar con sentido predictivo, instrumentando un sistema de defensa integrado no solamente por las fuerzas militares, sino también por otras áreas del Estado, y consensuado por el Congreso Nacional. El siglo actual impone, no un rearme, pero sí un realista reequipamiento en el corto, mediano y largo plazo; un nuevo dimensionamiento y despliegue que demandará la optimización, la compatibilización y la racionalización de recursos, la disolución, la fusión y el traslado de unidades y medios.
El logro se facilitaría priorizando algunos principios de la conducción: unidad de comando, economía de fuerzas, cooperación y adaptación de los medios al fin, aplicados por un Estado Mayor Conjunto con atribuciones operativas y logísticas sobre todas las áreas de las Fuerzas Armadas. En el 2001 me referí a ello en un libro de mi autoría (Dejo Constancia). No olvidemos que ese organismo y el Ministerio de Defensa brillaron por su total ausencia en el conflicto de Malvinas.
Según Leibniz: "Lo peor produce lo bueno". Siguiendo esa línea de pensamiento, podemos aseverar que la derrota de Malvinas y los 649 muertos en el conflicto coadyuvaron a la recuperación de la democracia. En ese sentido, entonces, ¿es lícito preguntarse si el sacrificio de los marinos del submarino San Juan influirá para que nuestros políticos conciban el sistema integral de defensa que nunca tuvimos?
No es imposible, pero se impone que quienes conducen las Fuerzas Armadas sepan diferenciar lo esencial de lo accesorio, no se demoren en las ideas generales ni en las síntesis prematuras y dejen atrás el apego a la parálisis por análisis.
El autor es ex jefe del Ejército Argentino, veterano de la Guerra de Malvinas y ex embajador en Colombia y Costa Rica.
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