Pensiones por invalidez: que cobren más pero los que realmente la necesitan

Desde hace unos días se instaló en la agenda pública la idea que el Estado nacional pretende revisar las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez ya otorgadas. De hecho, apelando a un decreto de 1997, se dieron de baja algunas, lo que provocó, por la sensibilidad del caso, un alerta en la población y una serie de denuncias de parte de muchos legisladores de la oposición. No comparto las formas, pero hay que aclarar que lo que no se tuvo en cuenta a la hora de la crítica es que muchas de estas prestaciones habrían sido concedidas a través de procedimientos irregulares y con criterios clientelares, tal como nos acostumbró el kirchnerismo a definir sus políticas públicas por más de una década.

Observemos de qué se trata el sistema de pensiones y por qué creemos que su crecimiento estuvo basado en criterios políticos, clientelares típicos del populismo. Aclaremos en principio que el sistema de previsión social en la Argentina, que cubre las contingencias de vejez, invalidez y muerte, está organizado alrededor de un conjunto de prestaciones contributivas y no contributivas. El subsistema no contributivo establece un esquema de prestaciones para cubrir los riesgos de pobreza en la vejez —requiere la edad de 70 años y no tener aportes—, de invalidez —requiere presentar una incapacidad laboral del 76%, no tener aportes y sin requisito de edad mínima— y para madres de siete hijos o más. El monto de estos beneficios es del 70% de la jubilación mínima.

Las pensiones no contributivas (PNC) ya totalizaban 1,5 millones en diciembre de 2015. Las más numerosas eran invalidez (70%) y madre de siete o más hijos (22%), que, junto con vejez (1%), reciben el nombre de "asistenciales" (93%). El resto está constituido por pensiones graciables (otorgadas por el Congreso Nacional, 5,5%), ex combatientes de Malvinas (1,5%) y leyes especiales (0,3%).

Decimos que las pensiones no contributivas eran de poco más de 1,5 millones en el 2015 cuando el kirchnerismo dejó el gobierno, pero hay que alertar que revistaban sólo 454 mil en 2005, lo que significa que crecieron en un 233 por ciento. Pero nos preguntamos: ¿Crecieron en todas las provincias de la misma manera? La respuesta es no. Las provincias cercanas al kirchnerismo recibieron un mayor porcentaje que aquellas que no se alistaban detrás del llamado proyecto nacional y popular.

Ejemplos: Corrientes recibió una suba del 1.107% en diez años (aquí podría caber la posibilidad de que esa provincia alojara a muchos ex combatientes de la Guerra de Malvinas), pero luego vemos que la provincia de Buenos Aires recibió un incremento de PNC del 259% durante los dos gobiernos de Daniel Scioli (pasó de 107.201 en 2005 a 385.181 en 2015); mi provincia, Chaco, un 222% (pasó de 33.878 pensiones en el 2005 a 108.992 en 2015); Formosa, un 357% más; Entre Ríos, un 229% más; Misiones, un 342% más; Jujuy, un 200% más; Santiago del Estero, un 355% más. En la otra punta vemos a La Pampa, con sólo un 3% más de PNC y la Ciudad de Buenos Aires, con solamente un 50% más, esos son algunos ejemplos.

Cuando revisamos la evolución de las pensiones por invalidez, que estuvieron bajo la lupa estos días, también es asombroso el crecimiento que tuvieron las provincias mencionadas. En la provincia de Buenos Aires, de las 358 mil PNC que recibe hoy, 262 mil son por invalidez; Chaco sobre 105 mil PNC, 85 mil son por invalidez; Formosa sobre 56 mil PNC, 45 mil son por invalidez, y así en varios casos.

O sea, de acuerdo con estos datos y comparando con la población de cada provincia, Corrientes tiene un 7,35% de su población con algún tipo de invalidez; Santiago del Estero, un 11,03%, Formosa, un 10,06%; Misiones, un 8,57%; Entre Ríos, un 4,10%; Chaco, un 9,86% y, por ejemplo, Santa Fe, sólo un 2,05 por ciento.

Nos preguntamos si todos los casos son justificados, porque la diferencia es abismal entre lo que recibieron las provincias afines al modelo K y las que no lo fueron. Si comparamos la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, deberíamos tener parámetros más equitativos.

No queremos que ningún beneficiario quede sin su pensión si realmente lo necesita. Es más, creemos que, como sucede en algunos casos con los adultos mayores que optan por la pensión universal para la vejez sobre una PNC porque incrementa sus haberes, deberían ser de un mayor monto. Claro que para eso sería indispensable censar esta realidad, revisar todos los casos, no para ajustar sino para que aquellos que sí lo necesitan cobren más, porque la distribución sería más acotada, y puedan mejorar su calidad de vida.

Esto sí sería un distribución equitativa y progresista, término tan mal utilizado por el gobierno anterior que supo anteponerlo para justificar todas sus trapisondas populistas.