Falta de auditoría y control de los fondos de inversión privados

Con frecuencia, el Estado y sus instituciones están ausentes cuando deberían hacerse presentes, y viceversa. En el presente escenario político y económico, donde el Gobierno está intentando construir un ambiente de confianza de largo plazo que aliente la inversión, el ente regulador del mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores (CNV), debería incluir un capítulo dedicado a la supervisión de los fondos de inversión privados en la anunciada reforma a la ley de mercado de capitales.

La falta de auditoría y control de los fondos de inversión privados (al igual que los fideicomisos inmobiliarios privados desde el pozo) ha constituido, históricamente, una falla inexplicable en el papel regulatorio por parte del Estado, que abrió un camino facilitado al delito económico, haciendo caso omiso de la legislación (ley 26733, entre otras) que sanciona la mala praxis en la captación, la intermediación y la fraude con el ahorro público.

Los delitos económicos y los fraudes más comunes suelen perjudicar a los pequeños inversores, cuyo conocimiento financiero e información de mercado de que disponen es acotada, pero también a los grandes inversores, como sucedió con Madoff en los Estados Unidos.

En ambos casos, pequeños y grandes inversores confían sus ahorros a fondos de inversión privados que prometen expectativas de rentabilidad muy por encima de la media, por ejemplo del 12% o 15% anual en dólares, o superior. Como garantía de dicha inversión ofrecen papeles de dudoso valor ejecutivo, tales como contratos, acuerdos de participación en resultados o mutuos con escaso o nulo valor legal.

Para poder pagar al inversor una rentabilidad tan atractiva, el esquema conceptual que respetan estos fondos sigue el ideado y puesto en práctica por el italiano Carlo Ponzi hace más de un siglo, y tiene como característica típica la promesa de altos beneficios. Para perdurar en el tiempo y cumplir con los compromisos asumidos con los inversores, el modelo debe ser abierto y el ingreso de nuevos entrantes debe ser continuo.

De cumplirse esto, el fondo no tiene como condición necesaria que exista ningún negocio real, pero sí requiere de un flujo permanente que alimente el proceso.

Es claro que quienes invierten en este tipo de fondo no responden a una lógica económica ni al comportamiento racional, que tiene en cuenta el elevado riesgo de pérdida patrimonial cuando la rentabilidad ofrecida resulta desmesurada, sino el atractivo de lograr una ganancia extraordinaria.

Resulta sorprendente que no sólo en Argentina sino en todos los países en los cuales ha operado u opera este tipo de fondos de inversión privados no se encuentren registrados ni controlados ante un ente regulador, como la Securities & Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, o la CNV de Argentina, con la excusa de que se trata de fondos que están fuera de la oferta pública.

En el caso más resonante a nivel internacional, el caso Madoff, cuyo fraude superó los 50 mil millones dólares, nadie controlaba ni auditaba sus operaciones. El ente regulador, la SEC, fue seriamente cuestionado por diversas investigaciones internas y externas que mostraron su pasividad y la falta de intervención frente a una situación de tal dimensión y riesgo.

Dos motivos pueden haber conducido a tal decisión por parte de la SEC, la mera pasividad burocrática o la complicidad. Ninguna hipótesis ha sido probada finalmente, más allá de las especulaciones, pero la imagen de la SEC se puso en cuestión por no haberse involucrarse en el caso y evitado los perjuicios económicos resultantes.

En nuestro medio existen numerosas experiencias de fondos privados atractivos por su rentabilidad, que se han ido convirtiendo en pesadillas para los inversores a la hora de querer corroborar los avances de obra, consultar los estados contables o rescatar la inversión. En el más conocido caso del señor Curatola, se trató de una estafa a inversores por más de 50 millones de pesos, consumada a lo largo de más de una década.

A título de ejemplo de situaciones de fraude, se pueden mencionar algunos emprendimientos inmobiliarios a los cuales los inversores realizan aportes periódicos mediante el pago de cuotas que el fondo recibe a título de préstamo del inversor al fondo, contra el otorgamiento de una garantía consistente en un papel denominado mutuo. Al aparecer bajo la forma de un supuesto préstamo, el fondo evita exponerse como prestamista, papel que le está vedado por no ser una entidad financiera.

En algunos casos, los aportes realizados por los inversores no van al proyecto específico al que se supone que se aplican, sino a un fondo único que se administra en función de requerimientos de ingresos y egresos.

Los nuevos entrantes al esquema aportan fondos para pagar los intereses o, eventualmente, los rescates del capital reclamados por anteriores inversores. Este mecanismo no es ni más ni menos que un esquema Ponzi. Los que entran pagan a los que están y eventualmente a los que quieren salir, si pueden.

¿Qué hace el ente regulador del mercado de capitales frente al riesgo Ponzi por parte de una gran comunidad de inversores? ¿Conoce la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el origen y el destino de los fondos que integran estos fondos? ¿Poseen los inversores acceso a información transparente de los estados contables u otra que requieran sobre la marcha de los negocios de los fondos en los que tienen invertidos sus ahorros?

El marco regulatorio debería estipular que todo fondo que capta dinero del público en forma directa, a través de representantes comerciales o de agentes colocadores autorizados, debe contar con la habilitación de idoneidad, la supervisión y la auditoría por parte de la Comisión Nacional de Valores. Eventualmente, de un agente de control, como en el caso de los fideicomisos financieros.

Todos los vehículos de inversión, aunque no posean oferta pública, deben tener algún tipo de supervisión de la CNV, dado que resulta inadmisible que algunos fondos privados de importante dimensión, que poseen estructuras comerciales con carteras de clientes, publicidad de sus inversiones y promesas de rentabilidad superior a la media de mercado, no aporten a sus clientes información transparente sobre su situación económica y financiera, ni tampoco sobre la veracidad de los activos y los desarrollos que aparecen como oportunidades, cuando en realidad puede tratarse de activos basura o inexistentes.

Es de esperar que la CNV no deba enfrentar situaciones similares a las que enfrentó la SEC en el caso Madoff.

El autor es doctor en Ciencias Económicas. Ex director de la Comisión Nacional de Valores.