Sin embargo, la CME también advierte sobre el peligro del crecimiento de la extracción ilegal de minerales, vinculada a grupos de delincuencia organizada.
Carolina Orozco, presidenta del directorio de la CME, destacó en una rueda de prensa que los productos mineros son el cuarto rubro en exportaciones de Ecuador, el tercero en exportaciones no petroleras, y el principal en exportaciones no tradicionales.
Carolina Orozco, presidenta del directorio de la CME, indicó que en 2023, Ecuador cerró con exportaciones mineras que superaron los 3.324 millones de dólares, generando más de 762 millones de dólares en recaudación tributaria para el Estado. En el primer trimestre de este año, las exportaciones mineras excedieron los 752 millones de dólares, con una recaudación superior a los 404 millones de dólares.
Para el primer trimestre de 2024, los proyectos mineros en Ecuador generaron 25.342 empleos directos y 76.025 empleos indirectos, sumando un total de 101.367 empleos.
Basada en datos del Ministerio de Energía y Minas, Orozco señaló que entre el 2021 y el 2025, el sector habrá “tenido la capacidad de, ojalá generar, casi 200.000 plazas de trabajo, entre directos e indirectos”.
Esto -aclaró- se debe al desarrollo continuo de las dos minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, y a la inminente construcción de tres nuevos proyectos: Domo, La Plata y Loma Larga.
“Entre estos tres proyectos significan una inversión de casi 1.000 millones de dólares solo en construcción y una empleabilidad de más de 5.000 plazas de trabajo”, indicó
Además de estos proyectos, se suma Cascabel, que, según estimaciones, es muy prometedor solo en su fase de construcción, con una inversión que supera los 4.000 millones de dólares y que generará réditos para el país de más de 6.700 millones de dólares a lo largo de su vida útil.
Extracción ilegal
Orozco, quien aboga por el derecho de los pobladores a ser consultados antes del desarrollo de proyectos, señaló que Ecuador “no está en el momento” de decidir si quiere o no minería, sino qué tipo de minería desea implementar.
“Vemos con muchísima tristeza cómo la extracción ilegal va tomando muchos espacios, muchos de ellos ecosistémicamente sensibles dentro de nuestro país, perdiendo riqueza ecosistémica, pero también social, porque esa extracción explota a sus trabajadores y el Ecuador pierde ingentes cantidades de recursos económicos”, dijo.
Aseveró que el país ya no se enfrenta a extractores ilegales de minerales sino que ahora están involucrados grupos de crimen organizado.
La semana pasada, por ejemplo, las fuerzas del orden rescataron en un enclave minero a 49 personas que habían sido secuestradas presuntamente por la banda criminal Los Lobos, una de las organizaciones criminales a las que el presidente, Daniel Noboa, declaró en enero pasado el “conflicto armado interno” y pasó a llamarlos “terroristas”.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador (CME), afirmó que el país “lamentablemente está arrasado por minería ilegal”. Silva hizo referencia a un estudio de la firma colombiana Brújula Minera, que revela que el “60 % de los ecuatorianos quieren minería legal”. Tanto Orozco como Silva criticaron que los activistas ambientales que se oponen a la minería legal no denuncien con igual vehemencia la extracción ilegal de minerales.
El proyecto Cascabel se destaca por su “potencial prometedor”. Con una inversión inicial de más de 4.000 millones de dólares, se espera que genere réditos para el país superiores a los 6.700 millones de dólares a lo largo de la vida del proyecto.
Enorme potencial
La presidenta ejecutiva de la CME mencionó un estudio del Grupo Spurrier que analiza las proyecciones futuras de los quince proyectos mineros más avanzados en Ecuador. De estos, dos ya están en operación: la mina de cobre Mirador y la mina de oro Fruta del Norte, ambas ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, cerca de la frontera con Perú.
El estudio abarca un período de unos 30 años y estima “al menos 30.000 millones de dólares en inversión” y exportaciones de aproximadamente 217.000 millones de dólares si todos los proyectos alcanzan su fase de producción.
Esto generaría más de 47.000 millones de dólares en ingresos fiscales y alrededor de 13.000 millones de dólares en regalías, según las previsiones, señaló Silva.
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