
Rafael Caro Quintero habría negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos un cambio de declaración en Nueva York para aceptar su culpabilidad por narcotráfico y evitar un juicio que podría derivar en cadena perpetua. El narcotraficante mexicano, de 73 años y quien fuera uno de los líderes del Cártel de Guadalajara, enfrentaba un proceso en Brooklyn mientras permanecían pendientes acusaciones federales en California, Arizona y Texas.
La posibilidad de un acuerdo surgió durante una audiencia ante el juez federal Frederick Block en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Los fiscales anticiparon que era inminente un cambio en la postura procesal del acusado, aunque la defensa aseguró que todavía no recibía formalmente las condiciones de una negociación y que padecía problemas de salud.
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De concretarse el pacto, Caro Quintero habría pasado entre 15 y 20 años en prisión por los cargos relacionados con tráfico de drogas. Ese escenario habría cancelado el juicio programado para marzo de 2027 y evitado que un jurado analizara las acusaciones federales en Brooklyn.
Un funcionario del Departamento de Justicia, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de un procedimiento en curso, explicó que la propuesta no había sido aceptada ni descartada. Según esa versión, la edad y el estado de salud del acusado formaron parte de los factores considerados en las conversaciones.
El juicio en Nueva York podía derivar en cadena perpetua
Si las partes no alcanzaban un acuerdo o si Caro Quintero mantenía su declaración de no culpabilidad, el proceso habría continuado ante un jurado. La acusación por conspiración dentro de una empresa criminal dedicada al tráfico de drogas podía implicar una pena mínima de 40 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua.
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El expediente de Nueva York incluyó acusaciones por dirigir una empresa criminal continua, conspirar para distribuir narcóticos a escala internacional, utilizar armas de fuego para facilitar el narcotráfico y participar en una conspiración de asesinato dentro de esa organización.
La fiscalía estadounidense sostuvo que Caro Quintero ordenó el secuestro del agente de la Administración para el Control de Drogas, Enrique “Kiki” Camarena, porque lo consideraba responsable de las investigaciones que llevaron al decomiso de Rancho Búfalo, una propiedad localizada en Chihuahua que habría sido utilizada para producir marihuana.
De acuerdo con la acusación, Camarena fue privado de la libertad, torturado e interrogado durante aproximadamente dos días antes de ser asesinado en Guadalajara, Jalisco, en 1985. Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, también fueron señalados por su relación con la organización criminal vinculada al homicidio del agente.
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La defensa de Caro Quintero fue encabezada por la abogada de oficio Elizabeth Macedonio, mientras que el fiscal Francisco Navarro representó al Departamento de Justicia. Ambas partes ya habían descartado que el acusado pudiera recibir la pena de muerte, aun si era declarado culpable al concluir un juicio.
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia había informado que no solicitaría la pena capital contra el narcotraficante mexicano. La decisión dejó como castigo máximo posible la cadena perpetua, mientras la defensa buscaba una alternativa que redujera la condena y evitara un proceso judicial prolongado.
Caro Quintero enfrentaba otros tres procesos federales
Caro Quintero fue trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo expulsó de México junto con otros 28 narcotraficantes el 27 de febrero de ese año. Tras su llegada, compareció ante la corte federal de Brooklyn y se declaró no culpable.
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Antes de su expulsión, la SRE y la FGR tenían la facultad de determinar a cuál de los cuatro distritos federales estadounidenses sería enviado. La solicitud formal de extradición había sido presentada en agosto de 2022 y reunió encausamientos por narcotráfico, asesinato, portación ilegal de armas y lavado de dinero.
El caso de California concentraba los señalamientos relacionados con el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena, además de delitos de narcotráfico. En Arizona y Texas enfrentaba acusaciones por el homicidio de una persona relacionada con la ejecución de su padre, mientras que en Nueva York era procesado por narcoterrorismo y delitos vinculados con tráfico de drogas.
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Un eventual juicio en California habría reactivado cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y el caso Camarena. Entre los nombres que podían surgir se encontraba el del expriista Manuel Bartlett Díaz, quien fue director general de la CFE en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como referencias a una posible participación directa o indirecta de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Durante la audiencia más reciente, Block, de 92 años, preguntó a Macedonio si conocía los términos del posible acuerdo. La abogada respondió que los fiscales no le habían presentado formalmente una propuesta, por lo que el cambio de declaración todavía no se concretaba.
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La siguiente audiencia presencial quedó fijada para el 14 de enero de 2027. El juez informó que permanecería en Florida durante la temporada invernal y pidió a las partes notificar cualquier avance mediante una sesión en Zoom, en caso de que concretaran una negociación antes de esa fecha.
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