México encabeza acuerdo regional para invertir en la primera infancia en América Latina

México asumió un papel clave en la construcción de una nueva agenda para proteger los derechos de niñas y niños en América Latina. La Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia concluyó con la adopción de la Declaración de la Ciudad de México, un acuerdo que busca transformar las prioridades de los gobiernos y garantizar mayores recursos para la atención durante los primeros años de vida.

La propuesta plantea que la inversión en la niñez se refleje en presupuestos, servicios de calidad y resultados medibles.

El compromiso regional responde a una preocupación compartida: la pobreza y las desigualdades continúan limitando las oportunidades de millones de niñas y niños. Frente a este panorama, los países participantes acordaron impulsar acciones para fortalecer la salud, nutrición, educación inicial, cuidados y protección infantil.

¿Qué establece el acuerdo que encabeza México para invertir en la primera infancia?

La Declaración de la Ciudad de México establece una ruta de cooperación para que los gobiernos latinoamericanos reconozcan la primera infancia como una prioridad presupuestaria.

El documento considera que invertir desde los primeros años permite reducir desigualdades, interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza y fortalecer el desarrollo económico y social.

Para alcanzar estos objetivos, el acuerdo contempla cuatro líneas de acción que buscan mejorar la asignación de recursos y la evaluación de las políticas públicas:

• Hacer visible el gasto público: implementar herramientas presupuestarias para identificar cuánto dinero se destina a la primera infancia y evaluar su utilización, con la meta de avanzar hacia su adopción o consolidación en 2028.
• Aumentar y proteger la inversión: incrementar progresivamente los recursos y evitar que las crisis económicas, sanitarias, climáticas o alimentarias afecten los programas dirigidos a la niñez.
• Invertir con mejores resultados: orientar el presupuesto a intervenciones efectivas en salud, nutrición, educación inicial, cuidados, protección y acompañamiento familiar.
• Fortalecer la rendición de cuentas: establecer compromisos nacionales con objetivos medibles, plazos definidos e informes públicos sobre los avances.

Otro punto importante será calcular cuánto cuesta ofrecer un paquete integral de atención para la primera infancia y conocer las brechas de financiamiento de cada país. Esto permitirá identificar los recursos necesarios para ampliar progresivamente la cobertura de los servicios.

La propuesta también establece que se debe dar prioridad a las niñas y los niños menores de tres años y a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios y oportunidades de desarrollo.

México presentará los compromisos regionales en la cumbre internacional de 2027

Además de ser sede del encuentro, México tendrá una responsabilidad central en la continuidad de esta iniciativa. La Declaración encomienda al país coordinar la consolidación del documento y de la Matriz Regional de Compromisos, en colaboración con los representantes de los gobiernos participantes y con el apoyo técnico de UNICEF y otros organismos.

El objetivo es presentar estos avances durante la Cumbre Internacional de Financiamiento para la Primera Infancia de 2027. Para entonces, los países deberán definir compromisos específicos, medibles, alcanzables y con plazos establecidos.

La participación mexicana reunió a representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública y Salud, además de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el SIPINNA.

Cada institución destacó una prioridad. Hacienda planteó aumentar la inversión y mejorar su efectividad; Educación resaltó la importancia de garantizar la educación inicial, mientras que Salud subrayó la atención integral durante los primeros mil días de vida, junto con la estimulación temprana y la crianza positiva.

Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINNA, señaló que colocar a la primera infancia en el centro de las decisiones públicas exige traducir los compromisos en políticas integrales, presupuestos suficientes y mecanismos de seguimiento.

También recordó que más de 12 millones de niñas y niños en México necesitan condiciones adecuadas para ejercer plenamente sus derechos y desarrollar sus capacidades.

El acuerdo tiene carácter político y de cooperación, por lo que no es jurídicamente vinculante. Su implementación dependerá de los marcos legales, presupuestos y capacidades fiscales de cada nación. También convoca a organismos internacionales, empresas, banca de desarrollo, sociedad civil y academia a contribuir, sin sustituir la responsabilidad de los gobiernos.

Organismos internacionales alertan sobre la pobreza infantil y piden acciones concretas

La necesidad de convertir los compromisos regionales en resultados fue uno de los mensajes centrales de las organizaciones participantes. Aranzazu Alonso Cuevas, directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia, advirtió que casi la mitad de las niñas y los niños en primera infancia de América Latina viven en situación de pobreza.

Ante este escenario, llamó a fortalecer la coordinación entre países y evitar que los acuerdos se queden únicamente en declaraciones. Señaló que garantizar mejores condiciones para la niñez requiere un esfuerzo colectivo y acciones concretas.

Por su parte, Roy Caple, vicepresidente del Consejo de Save the Children Internacional y presidente del Consejo de Save the Children México, destacó que el origen o lugar de nacimiento no debe determinar las oportunidades de desarrollo de la infancia.

El representante insistió en que todas las niñas y todos los niños deben tener acceso a protección, cuidados y educación de calidad, independientemente de la comunidad o territorio donde vivan.

Olga Isaza, directora regional adjunta para América Latina y el Caribe de UNICEF, destacó la importancia de que los recursos lleguen a tiempo y de manera coordinada. Para lograrlo, propuso tres mecanismos: un programa presupuestario común para la primera infancia, un paquete integral de atención con costos definidos y un sistema de información que permita identificar qué servicios recibe cada niña o niño y cuáles necesita.