Problemas de salud, revictimización y burocracia, el costo que enfrentan las familias buscadoras en México: colectivos piden atención integral

La organización I(DH)EAS y 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentan ante el Comité DESC de la ONU el informe El costo de la búsqueda, que documenta enfermedades, pérdida de ingresos, accidentes, barreras administrativas y atención revictimizante para quienes buscan a más de 133 mil personas desaparecidas en México.

La ponencia fue presentada por Linda Ruíz, en representación de I(DH)EAS y de los colectivos firmantes, un día antes de que el Estado mexicano sea examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también previsto para esta semana.

El informe sostiene que la desaparición tiene consecuencias que alcanzan a las familias que realizan las búsquedas. La organización advierte que, junto con la crisis de desapariciones, existe un deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas buscadoras, quienes asumen tareas que corresponden al Estado.

El 66% sufre lesiones durante las búsquedas

La investigación recopila los testimonios y condiciones de 249 personas buscadoras, en su mayoría mujeres.

De ese total, 66% ha sufrido accidentes o lesiones durante las búsquedas en campo, una labor que los colectivos atribuyen a obligaciones que deben ser atendidas por las autoridades.

Las familias desarrollan o agravan padecimientos crónicos como diabetes, cáncer, hipertensión, desprendimiento de retina, obesidad y enfermedades autoinmunes.

El documento también registra afectaciones visuales severas asociadas con el estrés extremo, así como pérdida de piezas dentales por bruxismo.

I(DH)EAS señala que el costo de buscar se extiende a la vida cotidiana de las familias. La dedicación de tiempo completo a las labores de localización provoca pérdida de empleo y de seguridad social, mientras que la atención médica permanece centralizada y obliga a las personas a cubrir traslados largos para recibir tratamiento.

Esa combinación lleva a que algunas familias abandonen sus consultas y tratamientos. El informe plantea que la búsqueda de una persona desaparecida no puede quedar separada de las condiciones de salud, ingresos y cuidados que enfrentan quienes la realizan.

“Buscar a quienes nos faltan no puede costarnos la salud ni la vida. Es una obligación del Estado, no de las familias”, señalan I(DH)EAS y los 15 colectivos que suscriben la intervención ante el Comité DESC.

Las comisiones exigen acreditar un “nexo causal” para dar atención médica

El informe documenta que las Comisiones de Atención a Víctimas exigen a las familias comprobar un “nexo causal” entre la desaparición y la enfermedad para acceder a servicios médicos, reembolsos de medicamentos o atención de salud mental.

Esa determinación suele quedar en manos de personal jurídico, administrativo o de trabajo social que no cuenta con formación médica, de acuerdo con la investigación.

Los colectivos sostienen que la interpretación restrictiva de ese requisito deriva en negativas sistemáticas para atender los padecimientos de las personas buscadoras.

La atención en salud mental también presenta insuficiencia de personal. En algunos casos, el informe registra que a las familias se les pide “hacer el duelo” o “cerrar ciclos”, aunque la persona desaparecida todavía no haya sido localizada.

Para I(DH)EAS, esas respuestas revictimizan a quienes buscan. La organización ha documentado de manera sostenida las afectaciones a la salud de los familiares y participó en 2021 en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta crisis.

La organización sostiene que las recomendaciones y acuerdos derivados de aquella sesión ante la CIDH han sido desconocidos de forma sistemática por el Estado. En 2023 publicó un primer informe sobre el tema y presentó una contribución al Séptimo informe periódico de México ante el Comité DESC. En 2025 difundió una segunda edición ampliada de la investigación.

Desaparición afecta a infancias y personas cuidadoras

El documento advierte que niñas, niños y adolescentes quedan con frecuencia en orfandad tras una desaparición y en varios casos quedan bajo el cuidado de personas adultas mayores, con riesgos de deserción escolar y de reclutamiento por parte del crimen organizado.

Los colectivos plantean que la atención debe alcanzar a las infancias, adolescencias y personas cuidadoras, además de las madres, padres, hermanas, hermanos y otros familiares que participan de forma directa en las labores de búsqueda.

Entre las solicitudes presentadas al Estado mexicano está garantizar recursos suficientes para las Comisiones de Atención a Víctimas y para los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en todas las entidades del país.

También piden implementar un sistema robusto de recopilación y sistematización de datos para eliminar barreras burocráticas y garantizar el derecho a la salud integral.

La propuesta incluye que la CEAV y las comisiones estatales desarrollen programas de apoyo psicosocial individual, familiar y colectivo a partir de diagnósticos de necesidades en cada entidad.

Los colectivos solicitan una política integral de salud para familiares de víctimas de desaparición, respaldada por un marco normativo específico. La medida debe asegurar la presencia y capacitación de profesionales de medicina y psicología en la CEAV y las Comisiones de Atención a Víctimas.