Magnicharters se declara en quiebra: arrastra una deuda de 800 millones de pesos

La aerolínea Magnicharters, perteneciente a Grupo Aéreo Monterrey, fue declarada formalmente en quiebra por una jueza federal, luego de enfrentar una crisis financiera que derivó en la suspensión definitiva de sus vuelos.

La decisión se produjo después de que los representantes de la empresa solicitaran un concurso mercantil y reconocieran dificultades para cumplir con sus compromisos económicos. Entre sus adeudos se encuentran obligaciones con clientes, trabajadores y acreedores, además de pagos pendientes por servicios aeroportuarios.

Esta situación se agravó en diciembre de 2025 por la falta de pago de salarios, y posteriormente, en abril de 2026, la empresa anunció la suspensión total de sus operaciones y buscó reestructurar sus finanzas a través de un procedimiento de emergencia, pero a pesar de esto, la resolución judicial determinó que procedía iniciar la etapa de quiebra.

Jueza federal declara la quiebra de Magnicharters y ordena inventariar sus bienes

Tessy del Rocío Covarrubias, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México, declaró abierta la etapa de quiebra de la aerolínea al considerar que existió un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones.

En su resolución, la juzgadora señaló que la solicitud presentada por los representantes de la compañía cumplía con los requisitos previstos en la Ley de Concursos Mercantiles.

Como parte del procedimiento, ordenó al síndico iniciar de inmediato las diligencias para identificar y ocupar los bienes de las empresas declaradas en quiebra. El inventario deberá incluir:

• Libros contables, papeles y documentos.
• Medios electrónicos de almacenamiento y procesamiento de información.
• Dinero disponible en caja.
• Bienes que se encuentren bajo posesión de las compañías o de terceras personas.

La resolución también establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá cinco días para proponer un síndico, mientras que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles deberá designar al especialista correspondiente dentro de un plazo de cinco días hábiles.

Acumula adeudos por 800 millones de pesos tras suspender vuelos

La crisis económica de la aerolínea se hizo más evidente en diciembre de 2025, cuando comenzaron a reportarse problemas por el incumplimiento en el pago de salarios, uno de los episodios que visibilizó el conflicto ocurrió cuando un integrante de la tripulación tomó una aeronave como protesta ante la falta de remuneraciones.

Asimismo, la compañía, propiedad de los hermanos Luis Augusto, Gabriel y José David Bojórquez Maza, mantiene compromisos financieros aproximados por 800 millones de pesos entre distintos sectores.

Entre sus principales adeudos se encuentra el correspondiente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al que debe alrededor de 80 millones de pesos por servicios aeroportuarios, mostradores y arrendamiento de hangares.

Antes de detener sus actividades, Magnicharters tenía una trayectoria de 30 años en el sector turístico y operaba con una flota de tres aeronaves.

AFAC cancela el certificado de operador aéreo de Magnicharters

La situación financiera de la compañía también tuvo consecuencias en el ámbito regulatorio. En julio de 2026, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó la revocación del certificado de explotador de servicios aéreos de Grupo Aéreo Monterrey, decisión que había sido tomada el 29 de junio.

El organismo explicó que la empresa no presentó documentación suficiente para demostrar que cumplía con los requisitos establecidos en la normativa aeronáutica.

La cancelación fue resultado de un procedimiento de supervisión que comenzó con una verificación extraordinaria realizada entre el 12 y el 16 de enero de 2026, durante esa revisión se detectaron irregularidades y se solicitaron acciones correctivas que la compañía no logró acreditar.

Posteriormente, el 14 de abril, la AFAC ordenó suspender sus operaciones como medida preventiva para preservar la seguridad operacional, también indicó que respetó el derecho de audiencia de la empresa y le otorgó los plazos legales para presentar pruebas y documentación.