Acusan en Los Ángeles a dos mexicanos de votar ilegalmente sin ser ciudadanos estadounidenses

Dos ciudadanos mexicanos, fueron acusados junto con cuatro residentes legales más del condado de Los Ángeles, entre ellos en denuncias penales federales por registrarse y votar ilegalmente en elecciones de Estados Unidos y luego mentir al respecto en sus solicitudes de naturalización, informó el Departamento de Justicia.

Los imputados residen en los valles de Antelope y San Fernando. Las acusaciones forman parte de un operativo federal contra el fraude electoral que ya acumula 34 casos en California.

Los cargos contra los ciudadanos mexicanos

Krystel Capi Valle, de 31 años y residente en Palmdale, se registró de forma ilegal para votar en octubre de 2022 tras afirmar falsamente que era ciudadana estadounidense. Según la denuncia, votó por correo en las elecciones de noviembre de ese año.

En junio de 2026, Capi Valle presentó su formulario de naturalización y juró bajo pena de perjurio que nunca había afirmado ser ciudadana estadounidense ni se había registrado para votar en comicios del país, una declaración que, según la acusación, resultó falsa.

El segundo caso corresponde a Gilberto Ruiz, de 46 años y también vecino de Palmdale. De acuerdo con la declaración jurada presentada junto con la denuncia, Ruiz se registró para votar en julio de 2022 y sufragó por correo en tres elecciones consecutivas: noviembre de 2022, marzo de 2024 y noviembre de 2024, en todos los casos afirmando falsamente ser ciudadano estadounidense.

En agosto de 2025, al tramitar su naturalización, Ruiz negó bajo juramento haber afirmado alguna vez ser ciudadano estadounidense y haberse registrado para votar, una negación que la fiscalía contradice con los registros electorales citados en la causa.

Ambos casos se enmarcan en la misma dinámica que atraviesa el resto de los acusados: personas con residencia legal permanente, conocida como “tarjeta verde”, que votaron en varias elecciones y luego ocultaron ese historial para acceder a la ciudadanía estadounidense. Los residentes permanentes legales no tienen autorización para registrarse ni votar en elecciones de Estados Unidos, y hacerlo de forma ilegal, además de mentir sobre ello en un trámite de naturalización, constituye un delito federal que contempla hasta cinco años de prisión.

Qué es la Operación Proteger el Voto

Los seis casos anunciados hoy se suman a la llamada “Operación Proteger el Voto”, un esfuerzo federal coordinado y en curso en California para combatir el fraude en las elecciones estadounidenses. Con estas seis nuevas denuncias, la cifra total de acusados bajo este operativo asciende a 34.

El primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli, señaló que todos los nombres de los acusados figuraban en una lista que su oficina entregó previamente a las autoridades de California. Según Essayli, existen “miles de personas presuntamente no ciudadanas” en el padrón electoral del estado.

Reacciones de las autoridades federales y estatales

Essayli reiteró el pedido a California para que colabore “con la mayor celeridad posible” en la verificación de la ciudadanía de los votantes registrados. “Cada voto ilegal emitido y contado anula el voto legítimo de un ciudadano estadounidense”, afirmó el funcionario, quien agregó que continuarán los arrestos contra quienes, según dijo, amenacen la democracia mediante la dilución ilegal del voto.

La agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles, Erin Burke, sostuvo que la agencia “seguirá las pruebas hasta donde las lleven” para que respondan ante la ley quienes violen las normas federales. Burke agradeció además la colaboración de la Fiscalía de Estados Unidos en el operativo.

Por su parte, el fiscal del distrito del condado de San Luis Obispo, Dan Dow, afirmó que la integridad electoral “no es una cuestión republicana ni demócrata, sino una responsabilidad de todos los estadounidenses y californianos”. Dow aseguró que su oficina investigará de forma independiente toda denuncia creíble de votación ilegal y hará cumplir la ley estatal, al tiempo que salvaguardará los derechos de las personas acusadas.

Los otros cuatro acusados y el proceso judicial

Además de Capi Valle y Ruiz, la fiscalía imputó a Sirgalahad Camua, de 43 años y ciudadano filipino residente en Palmdale; Moria Dahan, de 35 años y de nacionalidad israelí, residente en West Hills; Chad Goertz, de 52 años y ciudadano canadiense residente en Agua Dulce; y Mahyar Nikzad, de 35 años y de nacionalidad iraní, residente en Canoga Park.

Según las denuncias, Camua votó por correo en mayo de 2020, noviembre de 2024 y junio de 2026; Dahan votó en persona el 5 de noviembre de 2024; Goertz lo hizo por correo en noviembre de 2022 y noviembre de 2024; y Nikzad votó en marzo y noviembre de 2024. En todos los casos, los acusados habrían negado posteriormente esos hechos bajo pena de perjurio en sus formularios de naturalización.

Cinco de los seis acusados (Camua, Capi Valle, Dahan, Goertz y Nikzad) comparecerán esta tarde ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles. Una denuncia penal contiene solo alegaciones, por lo que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

De ser hallados culpables, cada uno enfrentaría una pena máxima legal de cinco años de prisión federal. El caso está a cargo de los fiscales adjuntos de Estados Unidos Michael Wheat y Minjae Kim, de la oficina del condado de Orange, mientras que HSI continúa a cargo de la investigación.