Sin suficientes estancias ni licencias: el desafío de garantizar el derecho al cuidado en México

Aunque México reconoce derechos vinculados a la maternidad, la paternidad y el cuidado, la cobertura sigue lejos de ser universal. Las brechas en licencias y en servicios para la primera infancia mantienen fuera a una parte de las personas que requieren cuidados o los proporcionan, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo.

El informe Economía del cuidado y trabajo decente: escenarios y recomendaciones para América Latina y el Caribe señala que el acceso efectivo a los derechos laborales y a los servicios de cuidado se restringe en contextos de alta informalidad. En México, esta condición afecta de manera particular a las trabajadoras independientes.

México forma parte de los 18 países de América Latina y el Caribe cuya licencia de maternidad tiene una duración menor a las 14 semanas que establece como mínimo el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000, número 183, de la Organización Internacional del Trabajo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo reportan que México no cuenta con cobertura obligatoria de licencia de maternidad para trabajadoras independientes. Esta modalidad representaba 29% de las mujeres ocupadas en 2023.

La ausencia de esa cobertura deja sin acceso efectivo a la licencia de maternidad a una parte de las mujeres que generan ingresos fuera de una relación laboral asalariada formal.

El informe advierte que el peso del trabajo independiente y la informalidad reducen la cobertura real de los derechos reconocidos en las normas.

México también se encuentra entre los países que cuentan con licencia de paternidad remunerada.

El documento plantea que extender su duración y garantizar la cobertura para trabajadores independientes puede contribuir a una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado.

El país incorpora garantías de protección durante el embarazo y la maternidad. El informe identifica a México entre las naciones que prohíben la discriminación por embarazo y el despido por causas relacionadas con la maternidad, además de reconocer la reincorporación al mismo puesto o a uno equivalente.

La matrícula de primera infancia se mantiene en 2.2% en México

Los servicios de atención y educación para la primera infancia tampoco alcanzan a toda la población. México figura entre los países con un sistema estatutario de cuidado para niñas y niños de cero a dos años, con datos disponibles para 2021.

La tasa neta de matrícula para ese grupo de edad fue de 2.2%. El indicador muestra una cobertura limitada de los servicios de atención y educación durante los primeros años de vida.

Para niñas y niños de tres a cinco años, la tasa neta de matrícula en educación preprimaria fue de 62.2%. La diferencia entre ambos porcentajes muestra una menor cobertura en el grupo de cero a dos años.

El informe señala que la cobertura no depende únicamente de la existencia de servicios.

La cercanía de los centros respecto del hogar o lugar de trabajo, las horas de atención, la oferta pública y las condiciones económicas de las familias también determinan el acceso.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo registran que las mujeres en México destinaban 24.2% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en 2019, frente a 8.8% de los hombres.

Esta distribución limita las posibilidades de las mujeres para obtener ingresos propios y acceder a la seguridad social vinculada al empleo formal. El informe vincula la inversión en cuidados con una mayor participación laboral de las mujeres y con la ampliación del empleo formal.

Las estimaciones del estudio corresponden a 23 países de América Latina y el Caribe, incluido México. Bajo un escenario de políticas de cuidado hacia 2035, la inversión bruta anual adicional promedio sería equivalente a 4.7% del Producto Interno Bruto regional.

El cálculo incluye licencias, pausas para lactancia, servicios de atención y educación de la primera infancia y cuidados de larga duración. No es una proyección exclusiva para México, aunque el país forma parte de las simulaciones.

El informe calcula que la inversión en licencias y en servicios universales de cuidado infantil y de larga duración podría generar 31.3 millones de empleos en los 23 países analizados. De ellos, 88% se desarrollaría en condiciones de formalidad.

REMUSA exige presupuesto para un Sistema Nacional de Cuidados

La Red de Mujeres por la Salud llamó al Estado mexicano y a la sociedad a reconocer, revalorar y redistribuir las tareas de cuidado, para garantizar que el derecho a cuidar y ser cuidado se ejerza en condiciones de dignidad, equidad y bienestar.

En su comunicado, REMUSA señala que esas labores abarcan la atención de niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, además del mantenimiento del hogar. La organización sostiene que esta carga ha recaído de manera desproporcionada sobre mujeres y niñas.

La red afirma que las mujeres en México dedican más del triple de tiempo que los hombres a esas tareas.

REMUSA vincula esta distribución con agotamiento extremo, dolor crónico, deterioro de la salud mental, ansiedad, depresión y abandono paulatino del autocuidado o de los tratamientos médicos.

“Cuidar no debe costar la salud, la vida o las oportunidades económicas de las mujeres. El cuidado es un trabajo, un derecho humano y un pilar del bienestar social, no una obligación biológica ni un destino individual”, señala Valentian Ochoa, de la Red de Mujeres por la Salud.

REMUSA plantea que el establecimiento y la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados requieren presupuesto suficiente y progresivo para crear y fortalecer infraestructura accesible y de calidad, incluidas estancias infantiles, centros de día para personas adultas mayores y centros de atención especializada.

La organización propone incorporar una perspectiva de salud integral para las cuidadoras, con acompañamiento psicológico, atención médica oportuna y espacios de descanso.

También pide políticas que obliguen al sector patronal a articular licencias de maternidad, paternidad y cuidados familiares equitativas.

La Red de Mujeres por la Salud demanda salarios justos, seguridad social y derechos laborales para las trabajadoras del hogar y las cuidadoras remuneradas.