El cobro de piso en Veracruz va de las tragamonedas a las amenazas contra las familias: así operan las extorsiones

Un video de la casa de su padre fue utilizado para intimidar a una víctima de extorsión en Xalapa. Las llamadas comenzaron el 8 de octubre, cuando un hombre le exigió 50 mil pesos y estableció pagos mensuales de 15 mil pesos. La presión aumentó hasta que la cantidad solicitada llegó a 95 mil pesos, por lo que la persona afectada acudió a denunciar ante la Fiscalía de Veracruz.

La investigación derivó en la detención de José Antonio “N”, quien fue intervenido en flagrancia el 28 de octubre por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS). Durante el operativo, los agentes aseguraron un sobre amarillo que presuntamente contenía el dinero exigido, un teléfono celular que habría sido utilizado para cometer el delito y un vehículo.

El detenido quedó a disposición del fiscal especializado, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo señala por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, en la modalidad de cobro de piso.

El caso muestra una de las formas en que se ejerce la presión económica contra las víctimas en Veracruz: las exigencias de dinero acompañadas de amenazas que involucran a sus familiares. Sin embargo, no es el único mecanismo documentado durante 2026. En otras investigaciones, las autoridades han identificado esquemas en los que grupos delictivos obligaban a pequeños comerciantes a instalar máquinas tragamonedas o exigían pagos para permitirles mantener abiertos sus establecimientos.

De las llamadas telefónicas a las amenazas contra familiares

La investigación de Xalapa comenzó después de que la víctima recibiera comunicaciones telefónicas con exigencias económicas. La serie de intimidaciones incluyó un video de la vivienda del padre de la persona afectada. Posteriormente, la exigencia aumentó hasta llegar a 95 mil pesos, situación que llevó a presentar una denuncia ante la UECS, con sede en la capital veracruzana.

La Fiscalía no detalló cómo se obtuvo la grabación ni si hubo otras amenazas directas contra integrantes de la familia. Tampoco precisó cuánto dinero contenía el sobre asegurado durante la detención.

La intervención del 28 de octubre permitió detener al presunto responsable y asegurar objetos que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionados con la extorsión.

Máquinas tragamonedas, otra forma de extorsionar a pequeños comerciantes

En febrero de 2026, la Fiscalía de Veracruz documentó una modalidad distinta de cobro de piso en Xalapa: grupos delictivos presuntamente obligaban a pequeños comerciantes a permitir la instalación de máquinas tragamonedas en sus establecimientos y exigían pagos a quienes se negaban.

El 3 de febrero, elementos de la UECS, en coordinación con fuerzas federales y estatales, realizaron cateos en 15 establecimientos de distintas colonias de la capital veracruzana. Durante las diligencias aseguraron 180 máquinas tragamonedas que, según las investigaciones ministeriales, presuntamente pertenecían a un grupo delictivo.

La Fiscalía señaló que el mecanismo consistía en expandir la colocación de estos aparatos en negocios comerciales y exigir el pago de derecho de piso a los propietarios que rechazaban instalarlos.

La operación no se limitó a Xalapa. Ese mismo día, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia Centro de Coatepec, donde aseguró 10 máquinas tragamonedas y dos motocicletas. En este expediente, la investigación federal se inició por una probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a partir de una denuncia sobre la presencia de estos aparatos cerca de planteles educativos.

Aunque ambos operativos ocurrieron en municipios cercanos y estuvieron relacionados con máquinas tragamonedas, las autoridades no establecieron que correspondieran a una misma organización ni que las investigaciones federales y estatales formaran parte de un solo expediente.

Comerciantes de Orizaba y Coatzintla también denunciaron cobros de piso

Las investigaciones ministeriales registraron otros casos durante 2026 en los que comerciantes fueron presuntamente presionados para entregar dinero a cambio de poder mantener sus actividades.

En Orizaba, un hombre identificado como Rodrigo “N” fue detenido el 5 de marzo cuando presuntamente exigía a un comerciante el pago de una cuota por cobro de piso. La Fiscalía estatal presentó datos de prueba para imputarlo por extorsión agravada, cohecho y delitos contra la salud.

La investigación también señaló que el detenido habría intentado obligar al comerciante a vender narcóticos en su establecimiento. Durante la intervención, los agentes le aseguraron bolsas con pastillas de metanfetamina.

Un juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa mientras continuaba el proceso penal 90/2026.

Meses después, en la zona norte de Veracruz, la Fiscalía informó sobre otros expedientes relacionados con exigencias económicas a comerciantes.

Uno de ellos ocurrió el 10 de octubre en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en Coatzintla. Según las indagatorias, Juan “N” acudió acompañado de otros sujetos a un establecimiento comercial para exigir dinero bajo el concepto de cobro de piso.

El 29 de octubre, la UECS consiguió su imputación formal por el delito de extorsión agravada. Un juez de control ratificó la prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal 492/2026.

En otro expediente de la misma región, Jorge Alberto “N” y Zita “N” fueron vinculados a proceso por presuntamente exigir dinero a un comerciante de Coatzintla bajo la misma modalidad. Ambos quedaron sujetos a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación judicial.

Los casos corresponden a expedientes distintos y no permiten establecer que los señalados pertenezcan a una misma estructura criminal. Sin embargo, documentan que las exigencias económicas contra establecimientos comerciales han sido investigadas en diferentes municipios de Veracruz.

Más de 5 mil líneas telefónicas utilizadas para extorsionar fueron inhabilitadas

La dimensión del problema también aparece en los registros de la Fiscalía estatal sobre extorsión telefónica.

Entre enero y septiembre de 2026, la dependencia reportó la inhabilitación de 5 mil 447 líneas telefónicas presuntamente utilizadas para cometer este delito. La cifra fue difundida por la Fiscalía a través de las acciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

El desglose reportado fue de 4 mil 371 números desactivados entre enero y julio, otros 635 durante agosto y 441 en septiembre.

La dependencia explicó que esas líneas eran utilizadas para contactar, amenazar, engañar o intimidar a posibles víctimas con la finalidad de obtener un beneficio económico.

También advirtió que los extorsionadores pueden aprovechar información publicada en redes sociales, así como datos personales y familiares, para construir situaciones de riesgo y generar temor entre quienes reciben las llamadas.

Por ello, la UECS recomendó evitar compartir ubicaciones, viajes y rutinas, además de verificar directamente cualquier situación relacionada con familiares que sean mencionados durante una comunicación sospechosa.

En caso de recibir amenazas o exigencias económicas, la Fiscalía aconsejó interrumpir la llamada, no realizar depósitos ni transferencias, bloquear el número telefónico y conservar los mensajes o capturas de pantalla para presentar una denuncia.

Las 5 mil 447 líneas inhabilitadas no representan el número de víctimas ni de carpetas de investigación por extorsión, sino el total de números telefónicos que las autoridades reportaron como desactivados durante los primeros nueve meses del año.

Los expedientes de Xalapa, Orizaba y Coatzintla muestran distintas formas de presión económica contra comerciantes y particulares: desde la imposición de máquinas tragamonedas hasta las llamadas con amenazas que involucran a familiares. En todos los casos, las investigaciones ministeriales deberán establecer las responsabilidades individuales y determinar si existen otros participantes.