Exigen justicia por el asesinato del activista indígena Reynaldo Pérez: “Defender los derechos no debe poner en riesgo la vida”

Organizaciones civiles que acompañan a personas desplazadas exigen una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial” por el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor indígena tzotzil y sobreviviente del desplazamiento forzado en Santa Martha, Chenalhó, Chiapas. El crimen ocurrió el pasado 28 de octubre durante un ataque armado en la comunidad de Yabteclum.

En un pronunciamiento, los colectivos señalan que Pérez contaba con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por ello, piden esclarecer las circunstancias del homicidio y revisar si esas acciones funcionaron.

El defensor acompañaba a 68 familias desplazadas de Santa Martha en sus demandas de justicia y atención. También denunciaba la violencia y el desplazamiento forzado interno que afectan a comunidades de los Altos de Chiapas.

“Defender los derechos de las personas desplazadas no puede significar poner en riesgo la propia vida”, sostienen las organizaciones firmantes. El documento añade que el Estado debe asumir la protección de quienes denuncian agresiones y acompañan a sus comunidades.

Reynaldo Pérez era sobreviviente de los ataques en Santa Martha

Pérez era una persona desplazada de Santa Martha, localidad del municipio de Chenalhó. Los colectivos indican que fue obligado a abandonar su comunidad tras los hechos de violencia registrados en 2023 contra habitantes de la zona.

Después de esos ataques, el defensor y otra persona fueron incorporados al Mecanismo de Protección federal. Las organizaciones consideran que su asesinato mientras tenía medidas de seguridad obliga a analizar la pertinencia, implementación y efectividad de ese esquema.

Las agrupaciones demandan que las autoridades consideren la labor de Pérez como defensor de derechos humanos, su condición de desplazado y los antecedentes de amenazas y violencia en la región.

También solicitan que la investigación no descarte ninguna línea. El llamado está dirigido a las autoridades encargadas de investigar el homicidio y a las instancias responsables de garantizar seguridad a las personas defensoras.

Colectivos piden revisar las medidas de protección

Las organizaciones piden al Mecanismo de Protección informar cómo se aplicaron las medidas otorgadas a Reynaldo Pérez y revisar su eficacia. Solicitan, además, una evaluación urgente del riesgo que enfrentan otros defensores y las personas desplazadas de Santa Martha.

El documento plantea que las autoridades federales y el gobierno de Chiapas deben implementar medidas inmediatas y adecuadas para las familias que permanecen desplazadas y para quienes realizan labores de defensa de derechos humanos.

Las acciones, señalan, deben ser coordinadas y contar con la participación de las comunidades afectadas. Las organizaciones vinculan el homicidio con un entorno de conflictos territoriales, violencia y desplazamiento que persiste en Chiapas.

Las personas desplazadas, afirman, enfrentan la pérdida de hogares, medios de vida y redes comunitarias. También pueden permanecer en condiciones de inseguridad después de dejar sus localidades de origen.

Para quienes denuncian agresiones o acompañan a víctimas de desplazamiento, esas condiciones representan riesgos adicionales. El pronunciamiento sostiene que el homicidio de Pérez no puede revisarse de forma aislada de ese escenario.

Exigen alternativas de retorno, integración o reubicación

Las agrupaciones solicitan atención integral y soluciones duraderas para las personas desplazadas de la región. Entre las medidas planteadas están condiciones de seguridad, acceso a derechos, reparación y opciones de retorno.

El documento también menciona la integración local o la reubicación voluntaria, de acuerdo con las necesidades y decisiones de cada persona o familia desplazada. Las organizaciones expresan solidaridad con la familia de Pérez, sus compañeros de defensa y las comunidades de Santa Martha.

El pronunciamiento está firmado por Aluna Acompañamiento Psicosocial, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, Espacio OSC, Foro para el Desarrollo Sustentable, Movimiento Sueco por la Reconciliación, los observatorios de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

También suscriben el Programa de Derechos Humanos y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Espacio OSC reúne, entre otras organizaciones, a ARTICLE 19 México y Centroamérica, Cencos, CIMAC, Tlachinollan, CEMDA, Serapaz, PRODESC y la RedTDT.