INE colaborará con ASF para la revisión de recursos públicos tras renuncia de Guadalupe Taddei, garantiza elecciones de 2027

Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), se comprometió a dar todas las facilidades legales a los órganos fiscalizadores para revisar los recursos públicos del instituto, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, señalada por presuntas irregularidades en contratos y conflicto de interés.

A través de un video publicado en la red social X, dirigido al personal del organismo, la funcionaria hizo un llamado a que dichas revisiones “esclarezcan los hechos” y, en su caso, “determinen las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes”.

“El instituto debe brindar todas las facilidades que legalmente le correspondan al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones, particularmente en la revisión de los recursos públicos.

“Estas revisiones deberán esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, dijo.

Sin embargo, indicó que “la función electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que se deben atender de manera simultánea”, por lo que estableció como “prioridad operativa” continuar con los avances del proceso electoral concurrente 2026-2027.

En este sentido, pidió que las actividades continúen “conforme los calendarios y los procedimientos establecidos, con el rigor técnico” que exige la función del instituto.

Cruz García dirigió su mensaje a “compañeras y compañeros” del instituto, reconociendo las inquietudes que genera el momento institucional, asegurando que hay “solidez institucional y confianza” apoyada en lo que, según dijo, representa el personal del organismo.

La funcionaria destacó el trabajo de las oficinas centrales, las juntas locales y distritales, y los módulos de atención ciudadana. Afirmó que esa estructura “mantiene en marcha” las responsabilidades del instituto pese a la coyuntura.

Esto último, a pocos días de que el propio instituto confirmara 15 renuncias de funcionarios vinculados a la gestión de Taddei, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de su Oficina de la Presidencia.

Cruz García planteó que “esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad” y dijo que el Consejo General está comprometido con fortalecer “el diálogo respetuoso”, escuchar las distintas perspectivas y construir las decisiones mediante deliberación.

La funcionaria explicó el objetivo de esa forma de conducción: traducirla en “una mejor coordinación institucional, mayor claridad en las decisiones y pleno respaldo al trabajo de todas las áreas del instituto”.

reconoció que detrás de cada tarea del instituto “hay personas que han dedicado años de preparación y esfuerzo”. Sostuvo que esa trayectoria “merece respeto”.

Pidió que las inquietudes generadas por la coyuntura actual se atiendan “con información clara y comunicación institucional oportuna”. Llamó a mantener “el profesionalismo, la colaboración y la atención a la ciudadanía” como ejes del trabajo cotidiano del INE.

Cruz García cerró su mensaje con una afirmación sobre el carácter temporal de su cargo: “La provisionalidad de esta presidencia no modifica la permanencia de nuestras responsabilidades”.

Agregó que el instituto está “respaldado por la experiencia y la capacidad de su servicio profesional electoral, de la rama administrativa y personal operativo y por la responsabilidad compartida de su Consejo General”.

El 25 de octubre pasado, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y un conflicto de interés con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

El martes 27 de octubre, el Consejo General aprobó el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional, mediante el acuerdo INE-CG-656/2026, con el respaldo unánime de los representantes de partido.

La propia Cruz García enfrentó cuestionamientos desde el inicio de su gestión interina. Durante su administración al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, el organismo otorgó un contrato por 129.7 millones de pesos a Comercializadora JVLY, empresa que también apareció en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en operaciones con el INE federal.

Ante esos señalamientos, la funcionaria respondió el 27 de octubre: “De mi parte no tengo nada que ocultar”.

La ASF había identificado, además, un probable daño patrimonial superior a 63.2 millones de pesos vinculado a una contratación distinta de Comercializadora JVLY, esta realizada directamente por el INE, por la falta de documentación suficiente para acreditar la entrega de materiales y servicios contratados.

Tras la salida de Taddei, el instituto registró una ola de renuncias. Cruz García confirmó el 28 de octubre que sumaban 15 las dimisiones de funcionarios vinculados a la gestión de su antecesora, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de Oficina de Taddei.

La funcionaria precisó que esas renuncias fueron voluntarias y que cada salida se consultó con el Órgano Interno de Control (OIC) para determinar si existía alguna investigación abierta antes de entregar la liquidación correspondiente.

El consejero Arturo Castillo Loza calificó el episodio como “la mayor crisis institucional” enfrentada por el organismo y detalló tres compromisos asumidos por unanimidad en el Consejo General: recuperar la colegialidad, restaurar la integridad institucional y garantizar la continuidad del proceso electoral 2026-2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso en distintas conferencias matutinas. El 29 de octubre afirmó que Taddei “traicionó la confianza del pueblo de México” y exigió una auditoría profunda de la ASF que abarcara también periodos anteriores a su gestión.

En esa misma conferencia propuso crear una empresa del Estado para producir la papelería electoral y evitar la concentración de contratos en pocas empresas.

Un día después, el 30 de octubre, Sheinbaum amplió sus señalamientos y acusó a Lorenzo Córdova y a la propia Taddei, ambos extitulares de la presidencia del INE, de haber consolidado un esquema que concentró los contratos de materiales electorales en dos empresas, con antecedentes que, según la mandataria, se remontaban a 1999.

La presidenta pidió transparentar esas licitaciones y descartó que la revisión pusiera en riesgo la organización de la elección de 2027.