Traición a la patria: César Jáuregui podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de permitir operar a la CIA en Chihuahua

El abogado Héctor Villasana, defensor de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, señaló este 21 de octubre, durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Candilejas del Hotel San Francisco, en la capital chihuahuense, que el delito de traición a la patria que enfrenta su cliente contempla una pena de cinco a 40 años de prisión. La cifra coincide con lo establecido en el Artículo 123 del Código Penal Federal, que regula ese delito.

El caso se originó por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, realizado en abril pasado.

Durante el regreso del operativo, un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara provocó la muerte de dos servidores públicos estatales y dos ciudadanos estadounidenses, hecho que derivó en la investigación sobre la posible intervención de personal extranjero en tareas de seguridad reservadas a las autoridades mexicanas.

Durante el encuentro con medios, la defensa del exservidor acusado reiteró que ninguno de los 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que Jáuregui hubiera autorizado o conocido la participación de los agentes extranjeros en el operativo. El exfiscal permanece recluido en el penal federal de El Altiplano, en espera de que se resolviera su posible vinculación a proceso.

El Código Penal Federal sustenta la pena de cinco a 40 años citada por la defensa

El Artículo 123 del Código Penal Federal, ubicado en el Capítulo I “Traición a la Patria”, establece la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa ese delito en alguna de las 15 formas descritas en el precepto.

Entre las conductas que prevé el artículo se encuentran realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, así como tener relación o inteligencia con un gobierno extranjero con el objeto de guiar una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior.

El mismo código contempla, en su Artículo 124, una pena distinta de cinco a 20 años de prisión para el mexicano que, sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre tratados de alianza ofensiva con algún Estado o admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país. Villasana, sin embargo, se refirió específicamente al rango de pena de cinco a 40 años, lo que corresponde al supuesto previsto en el Artículo 123, bajo el cual la FGR formuló la imputación contra el exfiscal.

El abogado explicó que, durante la audiencia inicial realizada en el penal del Altiplano, agentes del Ministerio Público de la FGR compararon el caso de Jáuregui con la intervención de Estados Unidos en Venezuela contra Nicolás Maduro, al advertir que la falta de un “castigo ejemplar” podría derivar en una situación similar en México. Villasana calificó esa comparación como una muestra de “desesperación” del Ministerio Público ante lo que consideró una falta de pruebas sólidas para sostener la acusación.

César Jáuregui enfrenta procesos paralelos en el fuero común y en el federal

Jáuregui enfrenta dos causas penales derivadas del mismo operativo. En el fuero común, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lo acusó de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mediante una orden de aprehensión librada por el juez Luis Alberto Simental Ortega, con el oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026. La misma resolución señaló como coautor a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, a quien además se le imputó el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

En el fuero federal, la FGR acusó a Jáuregui por el delito de traición a la patria, el cual conlleva la pena de cinco a 40 años de prisión citada por su defensa. Ambos procesos avanzaban de manera simultánea: la audiencia de vinculación a proceso por los delitos del fuero común estaba programada para el jueves 22 de octubre, mientras que la correspondiente al fuero federal continuará el sábado 24 de octubre en el penal del Altiplano.

La defensa sostuvo que ninguna prueba acreditó la autorización de agentes extranjeros

Villasana afirmó este 21 de octubre en la conferencia que, de los más de 80 u 90 testimonios integrados en la carpeta de investigación, ninguno hizo referencia directa a Jáuregui, sino al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, señalado por la defensa como la persona con mayor cercanía a los agentes extranjeros. Oseguera Cervantes falleció junto con otro agente mexicano y dos presuntos miembros de la CIA al regresar del operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

El defensor explicó que, conforme al régimen de competencias previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, no bastaba con que Jáuregui hubiera sido el titular de la dependencia para atribuirle conocimiento de las acciones de los más de 3 mil agentes de la Policía Investigadora o los más de 5 mil ministerios públicos adscritos a la institución. Sostuvo que el Ministerio Público ya había tomado la decisión de ejercitar la acción penal por traición a la patria y que, jurídicamente, no podía sustituir esa calificación por otro delito con las mismas pruebas si el proceso no avanzaba como esperaba la FGR.

En un comunicado difundido tras la conferencia, la defensa de Jáuregui insistió en que, durante la audiencia celebrada en el penal del Altiplano, no se presentó una sola prueba que acreditara que el exfiscal autorizó o conoció previamente la participación de agentes estadounidenses en el operativo.

El documento precisó que “lo único que existe objetivamente es la presencia de estas personas en la Agencia Estatal de Investigación, que se encuentra en el C4”, circunstancia que, según la defensa, no demostraba que Jáuregui hubiera tenido conocimiento de su intervención.

La defensa cuestionó además que se pretendiera atribuir responsabilidad penal a Jáuregui únicamente por haber ocupado la titularidad de la Fiscalía General del Estado, sin que existiera, de acuerdo con el comunicado, un testimonio, documento o elemento técnico que acreditara una autorización expresa de su parte para la intervención de personal extranjero.

Jáuregui aún no es vinculado a proceso: la audiencia continuará el sábado

Pese a que un juez federal ya había decretado la prisión preventiva oficiosa en contra de Jáuregui, su situación jurídica respecto a la vinculación o no a proceso permanecía sin resolverse. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional durante la audiencia inicial, lo que llevó al juez a fijar la continuación de la diligencia para el sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, nuevamente en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Villasana informó que, durante la audiencia reanudada ese sábado, la defensa expondría sus argumentos para solicitar que el exfiscal no fuera vinculado a proceso por el delito de traición a la patria. El abogado reiteró que Jáuregui se mantenía firme en su decisión de enfrentar las acusaciones y que la estrategia legal se sostenía en la falta de elementos probatorios que lo relacionaran directamente con la presencia de los agentes extranjeros en el operativo.

El defensor señaló también que el expediente del caso federal había sido trasladado a un nuevo juzgador después de que la jueza que originalmente libró la orden de aprehensión contra Jáuregui renunciara a su cargo poco después de que ésta fuera ejecutada. El nuevo juez de carrera judicial fue quien encabezó la audiencia inicial y determinó la prisión preventiva oficiosa, aunque la decisión sobre la vinculación a proceso quedó pendiente hasta la siguiente diligencia.