Aseguran que el Hospital Central Militar es víctima de la corrupción e impunidad

Las denuncias contra Blanca Jiménez Zenteno apuntan al ejercicio del poder dentro de Sanidad Militar: trabajadores la acusan de presuntamente favorecer empresas en compras de medicamentos y de presionar a quienes cuestionan decisiones administrativas.

Los señalamientos colocan bajo escrutinio tanto el manejo de recursos públicos como el trato al personal encargado de la atención médica de militares y sus familias.

La coronel enfermera de Estado Mayor, identificada como subdirectora de la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es mencionada en un documento que recoge acusaciones de trabajadores que solicitaron anonimato por temor a represalias.

Según ese contenido, las denuncias describen presuntos actos de corrupción, instrucciones para beneficiar a determinados proveedores y desestimación de observaciones técnicas. Acreditar esas conductas exige revisar decisiones, identificar responsables e incorporar la respuesta de la funcionaria.

Favoritismo e intimidación, bajo señalamiento

El componente laboral merece atención propia. Los trabajadores describen supuestas presiones contra subordinados que cuestionaron instrucciones o se negaron a respaldar decisiones que consideraban irregulares.

De confirmarse, esas prácticas representarían un abuso del mando y un obstáculo para detectar anomalías. Un área de compras necesita que su personal pueda advertir problemas de precio, calidad o suministro sin exponerse a castigos.

La jerarquía no exime de explicar decisiones. Tampoco debe impedir que una observación técnica quede asentada y sea revisada.

40.9 millones: el expediente que debe abrirse

Entre los procedimientos cuestionados figura el AA-07-110-007000999-T-623-2026, para medicamentos destinados al Centro de Mezclas del Hospital Central Militar.

La información difundida identifica una adjudicación directa a Distribuidora Especialidades 2001, S.A. de C.V., por 40 millones 894 mil 600 pesos, con fecha del 4 de agosto de 2026.

Ese contrato ofrece un punto concreto para investigar: qué justificó la adjudicación, cómo se evaluaron los precios, quién autorizó la operación y qué entregas quedaron acreditadas. Su existencia no prueba corrupción; el expediente permitiría determinar si hubo decisiones indebidas.

El documento también recoge acusaciones sobre una contratación de diálisis peritoneal por más de 250 millones de pesos, aunque no aporta un identificador que permita precisar su alcance.

Pacientes que adelantan el dinero

Los cuestionamientos coinciden con reportes de faltantes. Datos atribuidos a documentos de Sanidad ubican el surtimiento de recetas del Hospital Central Militar en 56.46% en lo reportado de 2026. Por su parte, Ricardo Trevilla informó un surtimiento de 72% y disponibilidad de medicamentos de 80%; aclarar la diferencia requiere conocer los periodos y métodos de medición.

Investigar y publicar resultados

Las acusaciones de corrupción e intimidación requieren una investigación que proteja a los denunciantes, examine los contratos y escuche a los involucrados. No existe en el material disponible una resolución que establezca responsabilidades.

A defensa le corresponde esclarecer lo ocurrido. Si hubo favoritismo o represalias, deben establecerse responsabilidades; si las acusaciones carecen de sustento, debe explicarse con evidencia. Las familias militares necesitan medicamentos y el personal necesita condiciones para señalar posibles abusos sin miedo.