Caso Axe Ceremonia: Fiscalía de CDMX detalla el papel de cada empresa y directivo en el colapso de la estructura en el festival

La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres empresas por homicidio culposo en agravio del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, tras una audiencia que se extendió más de 12 horas y concluyó la madrugada de este martes 20 de octubre.

Con esta resolución, 11 imputados en total deberán enfrentar juicio por la muerte de dos fotoperiodistas durante el festival Axe Ceremonia 2025.

El juez de control rechazó los intentos de las defensas de frenar el proceso y determinó que existen elementos suficientes para continuar con la causa penal. Una de las tres empresas, encargada de la administración del Parque Bicentenario, también quedó vinculada a proceso por el homicidio culposo de la fotoperiodista Berenice Giles.

La investigación identificó distintos ámbitos de responsabilidad relacionados con la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras involucradas en los hechos.

Un dictamen en materia mecánica forense determinó que la plataforma elevadora que cayó sobre las víctimas fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada.

Ese hallazgo resultó determinante en la vinculación a proceso, al establecer una falla directa entre el uso de la estructura y el colapso ocurrido el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Siete personas físicas y tres empresas enfrentan el proceso penal

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía capitalina, las personas físicas vinculadas a proceso y su responsabilidad en los hechos son las siguientes:

• Eduardo “N”, representante legal de la empresa encargada del Parque Bicentenario, responsable de la implementación y seguimiento del Programa Especial de Protección Civil.
• Marcos Francisco “N”, gerente de Operaciones del recinto, quien firmó la minuta de una inspección previa al festival quetro se realizó sin que estuviera instalada la estructura que posteriormente cayó.
• Martín “N”, representante legal de la empresa promotora del evento, relacionado con la planeación y distribución de los espacios y estructuras del festival.
• María “N”, directora de Producción, quien declaró que en una reunión celebrada el 28 de marzo de 2025 se aprobó la instalación de cuatro plataformas elevadoras.
• Nathalie “N”, representante legal de la empresa responsable de producción y ambientación, quien firmó una carta en la que asumió obligaciones relacionadas con el montaje de las estructuras.
• Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, quien participó en la instalación de las plataformas según las entrevistas recabadas por la Fiscalía.
• Pedro “N”, productor de eventos, quien intervino en la recepción y montaje de las estructuras.

A esta lista se suma María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del festival, cuya vinculación a proceso por el homicidio culposo de Miguel Ángel Rojas se había obtenido el 15 de octubre pasado.

Solo una empresa no firmó el acuerdo reparatorio por la muerte de Berenice Giles

La Fiscalía precisó que, respecto del fallecimiento de Berenice Giles, la vinculación a proceso recayó únicamente en la empresa administradora del recinto. Esa compañía “no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026” entre los familiares de la víctima, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas.

Ese acuerdo reparatorio explica por qué, en el caso de Giles, la responsabilidad penal se concentró en una sola de las tres empresas señaladas, mientras que en el caso de Rojas el proceso alcanzó a la totalidad de los imputados.

El juez impuso garantías de 500 mil pesos a cada empresa

Como medidas cautelares, el juez determinó que las siete personas físicas deberán presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México y tendrán prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas.

Respecto de las tres empresas, el juez estableció un plazo de cinco días hábiles para exhibir las garantías económicas de 500,000 pesos impuestas previamente a cada una. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía señaló que continuará con la investigación “para esclarecer las responsabilidades por estos hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”.

Cabe señalar que la familia del fotoperiodista dio a conocer que las empresas de Grupo Eco, organizadoras del festival Axe Ceremonia, habrían cobrado ya un seguro pagado por la muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, según denunció la asesora legal de la familia, Tábata Salas. La abogada calificó el hecho de “sumamente indignante” y señaló que ocurrió mientras las mismas empresas pedían al juez declarar prescrito el delito.

“Grupo Eco ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice”, afirmó Salas. La familia de Rojas denunció además que ha tenido que endeudarse por el proceso, mientras empresarios vinculados al caso habrían presionado para que aceptaran una reparación económica.

El colapso ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando cerca de 100,000 personas asistían al festival en el Parque Bicentenario. Alrededor de las 17:00 horas, mientras Meme del Real, integrante de Café Tacvba, terminaba su presentación, un fuerte viento derribó una estructura metálica decorativa de aproximadamente 250 kilogramos sostenida por una grúa.

La estructura cayó sobre Rojas y Giles, quienes cubrían el evento para el medio independiente Mr. Indie y se encontraban cerca de la zona de prensa. Paramédicos de una empresa contratada por los organizadores les practicaron reanimación cardiopulmonar en el sitio antes de trasladarlos al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde llegaron sin signos vitales.

La estructura que colapsó no había sido reportada ni incluida en el Programa Especial de Protección Civil presentado para autorizar el festival, un dato que resultó determinante para las imputaciones posteriores de la Fiscalía capitalina.