Desmantelan red de cámaras de vigilancia ilegales usadas por el crimen organizado en Apatzingán

Fiscalía General del Estado de Michoacán retiró seis cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en Apatzingán, dispositivos que presuntamente eran utilizados por el crimen organizado para monitorear actividades delictivas en la región de Tierra Caliente.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, corporación de la Policía Estatal, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Operativo interinstitucional en Apatzingán

Las fuerzas federales y estatales desplegaron recorridos en la zona Centro de Apatzingán y en colonias ubicadas al norte y noreste de la cabecera municipal. Durante los recorridos localizaron los seis dispositivos instalados sin autorización en infraestructura pública.

Los equipos estaban colocados principalmente en postes de energía eléctrica y de telefonía, en puntos estratégicos de la zona urbana. De acuerdo con información adicional recabada por medios locales, algunos de los dispositivos se encontraban en colonias cercanas a instalaciones de la propia FGE, la subdelegación de la Fiscalía General de la República y la 43 Zona Militar.

El ejercicio forma parte de las acciones estratégicas que las autoridades mexicanas realizan para debilitar las estructuras delictivas que operan en Apatzingán.

Qué son las cámaras parásitas y para qué se usan

Los grupos delictivos utilizan estas cámaras para vigilar el movimiento de policías y militares, anticiparse a los operativos y facilitar la comisión de actividades ilícitas en la zona urbana del municipio.

Este tipo de sistemas clandestinos permite a las organizaciones criminales recibir en tiempo real las imágenes captadas por los dispositivos, lo que les da capacidad de reacción frente al despliegue de las corporaciones de seguridad.

Las autoridades señalaron que se investigará el posible uso que se les daba a los equipos asegurados en este operativo. La Fiscalía estatal indicó además que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y localizar el centro de operaciones desde el cual integrantes del crimen organizado recibían las imágenes de las cámaras.

Investigación del Ministerio Público

Las seis cámaras fueron desmanteladas conforme a los protocolos correspondientes y puestas a disposición del Ministerio Público. Con los equipos asegurados se integrará la carpeta de investigación respectiva.

El objetivo de la indagatoria es determinar el origen de los dispositivos, su funcionamiento técnico y la posible relación que tengan con hechos constitutivos de delito en la región.

La FGE no precisó si hasta el momento existen personas detenidas en relación con la instalación o el manejo de la red de videovigilancia clandestina.

Antecedentes en Michoacán

El hallazgo en Apatzingán se suma a una serie de aseguramientos similares realizados en los últimos cinco años en distintas regiones del estado. Durante ese periodo, fuerzas federales y estatales han retirado aproximadamente 650 cámaras “parásitas” utilizadas en redes clandestinas de vigilancia.

Los operativos de retiro de este tipo de dispositivos se han registrado en municipios como Apatzingán, Arteaga, Buenavista Tomatlán, Uruapan, Tangamandapio y Los Reyes, de acuerdo con el conteo acumulado de las autoridades.

El retiro de estos sistemas busca desarticular los mecanismos de vigilancia clandestinos que permiten a los grupos delictivos anticiparse a los despliegues policiales y militares, además de mantener el monitoreo de zonas que consideran estratégicas para sus operaciones.

La FGE refrendó su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas entre las distintas corporaciones de seguridad para investigar los delitos relacionados con estas redes y debilitar las estructuras criminales que operan en el estado, mediante operativos orientados a procurar justicia y contribuir a la seguridad de la población.

Contexto nacional sobre cámaras “parásitas”

El fenómeno no es exclusivo de Michoacán. Según datos oficiales, entre 2024 y los primeros meses de 2025 las fuerzas de seguridad desactivaron 6 mil 619 cámaras de este tipo en 75 municipios de 21 estados del país.

Los dispositivos cuestan entre 200 y 800 pesos mexicanos y pueden adquirirse por internet, lo que facilita su proliferación. En Culiacán, Sinaloa, se descubrió en febrero de 2025 un centro clandestino de monitoreo que permitió retirar mil 530 cámaras en una sola operación.

Otros estados con decomisos relevantes incluyen Guanajuato (más de mil cámaras), Baja California (670), Jalisco (114) y Acapulco (109). En Ciudad de México se retiraron 21 cámaras entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de abril de 2026.