
La organización Tejiendo Redes Infancia pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República impulsar una política de Estado para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma que incorpora el reclutamiento criminal a la Ley General de Trata de Persona. El dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados con 419 votos, pero, de acuerdo con la organización, no establece una política integral de prevención, desvinculación segura ni reparación para las víctimas.
La organización señaló que la reforma fue aprobada sin un proceso de parlamento abierto que incluyera a organizaciones especializadas, víctimas y adolescentes. También sostuvo que el dictamen dejó de lado la evidencia acumulada durante más de 15 años sobre la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, así como recomendaciones formuladas por instancias internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Recomendaciones internacionales ignoradas
En 2024, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a México tipificar de manera expresa, en el Código Penal Federal, las violaciones relacionadas con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en hostilidades. El organismo también pidió que las personas menores de edad fueran reconocidas como víctimas y que se desarrollaran programas de recuperación y reintegración.
Mientras que la CIDH reiteró el 12 de junio de 2026 la necesidad de establecer un delito autónomo de reclutamiento, acompañado de medidas integrales de prevención, investigación, protección y reparación. La organización considera que el dictamen no desarrolla esas obligaciones ni contempla una respuesta coordinada frente a la captación, el traslado, el sometimiento y la utilización de infancias.
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Tejiendo Redes Infancia acusa que la reforma aprobada no atiende de manera suficiente esas recomendaciones porque reconoce el reclutamiento como un delito autónomo dentro de la legislación en materia de trata; mantiene pendientes aspectos relacionados con la investigación, la protección especializada de víctimas y la restricción de sus derechos. También advirtió que el Estado debe impedir su captación y garantizar que puedan abandonar las redes criminales sin ser asesinados, desaparecidos o encarcelados.
Violencia armada y captación de menores en plataformas digitales
Tejiendo Redes Infancia afirmó que México enfrenta una crisis de violencia armada contra la niñez. El reclutamiento, las desapariciones, la explotación sexual, el desplazamiento y los homicidios forman parte de dinámicas de control territorial y reproducción de violencia criminal. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 fueron asesinadas 817 niñas, niños y adolescentes, un promedio de 2,2 víctimas diarias, pese a la reducción respecto de 2024. La organización señaló que todavía no existe información pública suficiente para conocer la magnitud real del reclutamiento infantil.
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La organización alertó sobre la captación mediante redes sociales, falsas ofertas laborales y videojuegos, mecanismos que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente. Aunque su gobierno ha promovido medidas de protección para la niñez en entornos digitales, el dictamen aprobado por los legisladores solo identifica los medios electrónicos como posibles instrumentos del delito, sin establecer obligaciones concretas para las plataformas, sistemas especializados de detección y denuncia, ni procedimientos para vincular las evidencias digitales con investigaciones de reclutamiento y desaparición.

La organización pidió crear un tipo penal autónomo y amplio, además de un mecanismo nacional de identificación, desvinculación segura, protección familiar, atención psicosocial, reintegración comunitaria y reparación integral. También solicitó presupuesto, coordinación institucional y evaluación pública.
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Tejiendo Redes Infancia instó al Senado de la República a revisar el dictamen mediante un parlamento abierto, con acompañamiento del Comité de los Derechos del Niño, la CIDH y otros organismos internacionales, así como con la participación de organizaciones especializadas, instituciones académicas, familias buscadoras, autoridades de protección y adolescentes de territorios afectados por la violencia.
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