Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado

Tras varias horas de debate en la Cámara de Diputados, las y los legisladores aprobaron por unanimidad una reforma que establece penas de hasta 25 años de prisión para quienes recluten por la fuerza a personas para incorporarlas a grupos delictivos.

La iniciativa recibió 419 votos a favor y según el dictamen, busca cerrar un vacío legal que durante años dificultó perseguir de manera específica a quienes captan a víctimas mediante amenazas, violencia, engaños o falsas ofertas de trabajo.

La reforma también considera reclutamiento forzado cualquier incorporación de niñas, niños y adolescentes a estas estructuras criminales, incluso cuando no exista violencia explícita.

¿Cuántos años de cárcel contempla la reforma y cuándo aumentan las penas?

El dictamen aprobado modifica la Ley General en Materia de Trata de Personas para incorporar un capítulo específico sobre el reclutamiento forzado. Las sanciones dependerán de las circunstancias en las que se cometa el delito:

• De 10 a 20 años de prisión: para quien invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para integrarlas a grupos delictivos o a la delincuencia organizada, mediante engaño o incluso sin él.
• De 15 a 25 años de prisión: cuando el reclutamiento se realice mediante intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder.
• Hasta 50 mil días multa: en el supuesto básico, además de la pena de prisión.
• Hasta 80 mil días multa: cuando se acredite el reclutamiento forzado en los términos previstos por la reforma.

Uno de los puntos centrales es que el reclutamiento de menores de edad siempre será considerado forzado, esto significa que la ley no exigirá demostrar amenazas o agresiones para reconocer esa condición cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

Las penas también podrán incrementarse hasta en una mitad cuando se presenten circunstancias agravantes, entre ellas:

• La persona responsable sea o haya sido integrante de las Fuerzas Armadas o de corporaciones de seguridad pública.
• El acusado se ostente como servidor público o utilice conocimientos obtenidos en determinados puestos de empresas de seguridad privada para cometer el delito.
• La víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, o se encuentre en situación de movilidad humana.
• Durante el reclutamiento se empleen tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• La víctima tenga una profesión, formación o conocimientos especializados.

Cuando el responsable sea servidor público, la reforma prevé además su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta.

Redes sociales, falsas ofertas de empleo y amenazas: así buscan captar víctimas

El reclutamiento criminal no siempre comienza con una agresión física, puede iniciar con una oferta laboral aparentemente atractiva, una invitación por internet o una promesa de ingresos que termina convirtiéndose en una situación de amenazas y sometimiento.

Durante la discusión, el diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, advirtió que las redes sociales pueden convertirse en una vía de captación de jóvenes mediante engaños, falsas oportunidades de trabajo o coacción. Por ello, sostuvo que retirar cuentas y perseguir a los delincuentes no basta: también se necesita un marco legal que permita investigar y sancionar a quienes reclutan y proteger a las víctimas.

La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, explicó que la ausencia de una figura penal específica dificultaba identificar y perseguir esta conducta. Según expuso, los casos podían investigarse bajo delitos distintos, como trata de personas, secuestro, desaparición o corrupción de menores, lo que podía fragmentar las investigaciones y dejar en segundo plano la actuación de quienes captan e incorporan a las víctimas.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó otro cambio relevante: la posibilidad de que las autoridades investiguen de oficio cuando conozcan hechos que puedan constituir reclutamiento, sin esperar necesariamente a que la víctima presente una denuncia.

El legislador argumentó que muchas personas reclutadas viven bajo amenazas, sienten miedo o permanecen bajo el control de sus agresores. Por ello, consideró que no se puede exigir a las víctimas que arriesguen su vida para que el Estado actúe.

Tejiendo Redes e Infancias rechazó lo aprobado en San Lázaro

Horas más tarde de la votación, la organización Tejiendo Redes Infancia lamentó la votación unánime en la Cámara Baja, señalando tres factores faltantes en el dictamen:

• Atención insuficiente a la evidencia acumulada durante más de quince años sobre la utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales;
• Recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
• Falta de parlamento abierto con expertos, víctimas y adolescentes.

“México necesita dejar de mirar a las infancias reclutadas como instrumentos del crimen organizado y reconocerlas como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. El verdadero desafío es impedir que sean reclutadas, proteger sus vidas y garantizar que puedan salir de las redes criminales sin ser asesinadas, desaparecidas o encarceladas”, detalló la organización.

Acusó que algo similar sucedió el pasado 4 de marzo de este año, cuando avalaron las penas en el delito de corrupción de menores, sin la construcción de una respuesta integral para poner freno al reclutamiento forzado.

También resaltó que el dictamen se aleja de las recomendaciones de la ONU y la CIDH, que piden tipificar de forma autónoma el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, reconocerles como víctimas y garantizar su recuperación. Solo en 2025 fueron asesinados 817 menores de edad en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Advirtió que las redes sociales, falsas ofertas de empleo y videojuegos requieren medidas específicas de detección e investigación. La organización pidió una política de Estado que proteja a las víctimas, evite criminalizar a adolescentes coaccionados y persiga las redes que sostienen el reclutamiento.