La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad tipificar y sancionar el reclutamiento forzado con penas de entre 15 y 20 años de prisión, una medida que estableció protección específica para niñas, niños y adolescentes incorporados por grupos criminales.
El dictamen obtuvo 419 votos a favor y fue enviado al Senado para su discusión. La reforma buscó incorporar esta conducta a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
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La propuesta sancionó a quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coerción económica o el aprovechamiento de una condición de extrema vulnerabilidad, obligara, indujera o incorporara a una persona a una asociación delictuosa, banda, pandilla o grupo criminal organizado.
La conducta incluyó la participación en delitos, labores de vigilancia o logística y la prestación de servicios para organizaciones criminales. El dictamen también determinó que cualquier reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entendiera y castigara como reclutamiento forzado.
Las agravantes contemplaron violencia, tortura y movilidad humana
Las sanciones pudieron aumentar hasta en una mitad si quien cometiera el delito trabajaba o había trabajado en una empresa de seguridad privada y utilizaba información confidencial, capacitación o adiestramiento obtenidos durante ese empleo para reclutar víctimas.
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El aumento de la pena también aplicó para quienes se ostentaran como servidores públicos. La medida contempló castigos mayores cuando la víctima perteneciera a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
Otra agravante se estableció cuando la persona reclutada estuviera en condición de movilidad humana, sin importar su estatus migratorio. También se incluyeron los casos en que el reclutamiento provocara lesiones o implicara tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El diputado del PRI Miguel Alejandro Alonso Reyes sostuvo que el reclutamiento forzado era una forma de violencia que arrebataba a la niñez la posibilidad de decidir sobre su vida y su futuro. Expuso que las víctimas eran separadas de la escuela, de sus familias y de sus aspiraciones para servir a quienes aprovechaban su vulnerabilidad.
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Alonso Reyes señaló que niñas, niños y adolescentes deberían levantar la mano para preguntar en un salón de clases, pero en algunos casos tenían que aprender a obedecer y guardar silencio para protegerse y proteger a sus seres queridos. Calificó ese escenario como una tragedia que México debía enfrentar con determinación.
El legislador explicó que la bancada del PRI respaldó el dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la ley general en materia de trata de personas. “Es por ello que la bancada del PRI votará a favor de este dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y establecer penas de 10 a 20 años de prisión a quien reclute a una persona o más por parte de un grupo delictivo, adicionando, además, diversas agravantes”, dijo.
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El dictamen vinculó el reclutamiento con otros delitos del narco
El diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja celebró la aprobación y afirmó que el reclutamiento forzado abría paso a desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos. También consideró que esa práctica sostenía la capacidad operativa de los grupos criminales, junto con el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Mejía Berdeja describió el mecanismo como una leva forzada que recurría a engaños, falsas ofertas de trabajo y redes sociales para atraer a jóvenes. De acuerdo con el legislador, una vez que eran enganchados, los grupos delictivos aprovechaban su inocencia o fuerza para asignarles tareas criminales.
El diputado mencionó que las víctimas podían ser utilizadas como sicarios, halcones o mensajeros del crimen. Señaló el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, como un ejemplo de esta práctica, aunque sostuvo que existían muchos otros casos.
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La aprobación en la Cámara de Diputados dejó en manos del Senado la discusión de una reforma que definió el reclutamiento forzado como un delito castigable incluso cuando la incorporación a estructuras criminales ocurriera mediante engaños, amenazas o el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona.
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