Periodista indígena de Guerrero es amenazado por segunda vez tras denunciar conflicto por tierras, exigen fortalecer medidas de protección

El periodista indígena Me’phaa, Rolando Sánchez Quintero, ha sido víctima de reiteradas amenazas tras publicar sobre un conflicto por tierras y la pavimentación de una calle en la comunidad de Portezuelo de Santa Cruz, Malinaltepéc.

Las agresiones ocurren pese a que Rolando Sánchez cuenta con medidas de protección otorgadas por los mecanismos federal y estatal. La organización Artículo 19 exigió que las autoridades revisen de inmediato las medidas vigentes, debido a que las amenazas se repiten meses después de otros actos de intimidación contra el periodista, cuyo caso ya era conocido por instancias de protección y procuración de justicia.

Las amenazas comienzan tras una publicación sobre la obra

El 5 de octubre, Sánchez Quintero publicó información sobre un desacuerdo comunitario que frenaba la ampliación y pavimentación de una calle en Portezuelo de Santa Cruz, comunidad ubicada en el municipio de Malinaltepec, Guerrero.

El periodista documentó un conflicto por la limpieza y la posible pavimentación de una calle. La discusión estaba relacionada con el conflicto por la intervención en la vialidad y las diferencias entre habitantes de la comunidad.

Horas después de difundir la información, recibió una llamada telefónica. Una mujer lo insultó y cuestionó la publicación. Después comenzaron a llegar amenazas de muerte mediante llamadas, mensajes y comentarios desde varios perfiles en Facebook.

Las agresiones continuaron los días 7 y 8 de octubre. También se repitieron el 10 y el 12 de octubre. Entre los mensajes recibidos aparecen frases como “están contados tus días” y “te vas a morir idiota”.

Sánchez Quintero presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 8 de octubre. La investigación deberá considerar el contenido de los mensajes, las cuentas desde las que fueron enviados y la posible relación entre las amenazas y su trabajo informativo.

El riesgo ya había sido reportado ante las autoridades

Los nuevos mensajes se suman a antecedentes de violencia registrados contra el periodista hace apenas unos meses. El 28 de febrero se reportó un intento de ingreso forzado a su domicilio.

Semanas después, el 17 de marzo, ocurrieron nuevos actos de intimidación. El 20 de marzo se alertó sobre el incremento del riesgo y sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para Sánchez Quintero.

Las medidas de protección habrían disminuido con el paso del tiempo, pese a los antecedentes de agresión. La repetición de amenazas durante octubre plantea la necesidad de evaluar si los mecanismos asignados responden a las condiciones de riesgo en las que realiza su trabajo.

El caso también involucra la seguridad de su familia. Las medidas deben tomar en cuenta el entorno comunitario, el territorio en el que vive y la posibilidad de que las agresiones escalen después de la difusión de temas que generan tensiones locales.

Artículo 19 exige investigar amenazas y reforzar medidas vigentes

La Fiscalía General del Estado de Guerrero debe investigar las amenazas de forma inmediata, exhaustiva e imparcial. La indagatoria debe considerar como línea prioritaria una posible relación con el trabajo de Sánchez Quintero y con los ataques previos.

También se pide garantizar el acceso a la justicia sin revictimización. Esto implica que las autoridades eviten trasladar al periodista la responsabilidad de demostrar el riesgo que enfrenta y den seguimiento a la denuncia presentada el 8 de octubre.

El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el mecanismo estatal de Guerrero, deben reevaluar de manera urgente el nivel de riesgo. La revisión debe traducirse en medidas concretas y verificables.

Las acciones de protección deben considerar la seguridad de Sánchez Quintero y de su familia, con pertinencia cultural y coordinación directa con él. La aplicación de medidas aisladas o limitadas no responde a una amenaza que se ha sostenido por varios días.

Las autoridades estatales y municipales también deben coordinarse para prevenir nuevos ataques. El objetivo es garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen periodismo indígena y comunitario en zonas donde los conflictos locales pueden derivar en agresiones.