Exdirector de Pemex obtiene suspensión condicional por violencia familiar tras acuerdo reparatorio

Casi cuatro meses después de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fuera denunciado por su esposa por el delito de violencia familiar, este jueves 8 de octubre, obtuvo una suspensión condicional por seis meses.

La medida del proceso penal que enfrentaba fue emitida por la jueza de control, Consuelo Adriana Correa Ortiz, tras la aprobación del plan de reparación del daño, medida presentada por la defensa del exfuncionario.

Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez Padilla, quien lo denunció en julio por la violencia ejercida en su contra, ejerció su derecho a aceptar un acuerdo reparatorio que incluye el pago de 120 mil pesos.

¿Qué es una suspensión condicional y a qué acuerdo llegó el exdirector de Pemex?

La suspensión condicional del proceso es una salida alterna dentro del sistema penal, la cual permite a la persona imputada continuar el proceso sin llegar a juicio, siempre que cumpla las condiciones que fija el Juez de Control.

Una vez cumplidas estas condiciones, la causa penal concluye, el objetivo es que, a partir del cumplimiento de las obligaciones judiciales impuestas, se extinga la acción penal.

Lo trascendido en medios de comunicación de corte local refieren que el exdirectivo deberá cumplir por seis meses al menos cuatro medidas, entre las que se encuentran:

• El pago de 120 mil pesos como reparación del daño;
• Un depósito mensual de 14 mil pesos por pensión alimentaria;
• Someterse a tratamiento psicológico;
• También deberá presentarse a firmar ante las autoridades judiciales de forma periódica cada dos meses.

Los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la persona asesora jurídica particular de la víctima manifestaron du conformidad con el acuerdo presentado.

Un caso que puso en la mira el actuar de las autoridades por tratarse de un exfuncionario cercano a Sheinbaum

El exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por violencia familiar después de que un video de agresión contra su esposa se viralizara en redes sociales. La grabación, difundida el 26 de junio por Felicia Jiménez en su canal de YouTube, mostró al exfuncionario golpeándola de manera reiterada dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.

La agresión, fechada el 3 de marzo de 2026, ocurrió frente al hijo menor de la pareja y detonó dos carpetas de investigación, una en Morelos y otra en la Ciudad de México.

La difusión del caso provocó la reacción del gobierno federal antes de cualquier resolución judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en una conferencia matutina “que se aplique todo el peso de la ley” y descartó trato preferencial para servidores públicos involucrados en violencia de género.

El gobierno canceló además el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, cargo que estaba por asumir.

Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su homóloga en Morelos.

Al día siguiente, la jueza Consuelo Adriana Correa dictó prisión preventiva en su contra, pese a que su defensa calificó la cobertura informativa como un “linchamiento mediático” y argumentó que el delito no ameritaba esa medida.

Días después, el 10 de julio, Jiménez presentó un escrito donde manifestó su voluntad de perdonar al exfuncionario y solicitó el cese de las investigaciones, priorizando la estabilidad de su núcleo familiar.

La jueza aclaró que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio, por lo que el perdón no canceló el procedimiento.

El 13 de julio resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por violencia vicaria, al considerar insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía, y el caso continuó únicamente por violencia familiar.

Un día después, la autoridad judicial ordenó su liberación inmediata al sustituir la prisión preventiva por una garantía económica de 20 mil pesos, luego de que su defensa expusiera también un diagnóstico de cáncer de próstata del exfuncionario, de 69 años.