Senado endurece controles en hoteles y servicios turísticos para combatir explotación sexual infantil

El Senado aprobó por unanimidad nuevas reglas para frenar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en establecimientos turísticos. Con 104 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, los legisladores avalaron reformas que obligan a hoteles, moteles y otros prestadores de servicios a verificar la relación legal entre adultos y menores de edad antes de brindarles servicio.

La reforma a la Ley General de Turismo establece que los establecimientos deberán solicitar documentos que acrediten el parentesco, la patria potestad, tutela o custodia de los menores que acompañen a los turistas.

Además, tendrán que comprobar la mayoría de edad mediante documentos oficiales y, cuando no se cumplan los requisitos establecidos, negar el servicio y dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito.

El dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma también obliga a los prestadores de servicios turísticos a implementar protocolos y acciones preventivas establecidos por las autoridades competentes para detectar posibles casos de vulneración a la integridad de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué tendrán que hacer hoteles y otros servicios turísticos?

Las nuevas disposiciones buscan involucrar directamente a la industria turística en la prevención y detección de posibles casos de explotación sexual infantil.

Entre los establecimientos y servicios que podrían quedar sujetos a estas medidas se encuentran:

• Hoteles y moteles.
• Inmuebles de alquiler.
• Empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
• Restaurantes y establecimientos de alimentos y bebidas.
• Spas.
• Centros de entretenimiento.

El dictamen advierte que este tipo de infraestructura puede ser utilizada para cometer delitos de explotación sexual contra menores, por lo que plantea reforzar los mecanismos de prevención y detección.

México, señalado como destino de explotación sexual infantil

El documento aprobado por el Senado destaca la magnitud del problema y cita datos atribuidos a World Vision, de acuerdo con los cuales México ocupa el segundo lugar como país de destino para la explotación sexual de menores de edad y el primero a escala mundial en consumo de pornografía infantil.

Durante el debate, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, afirmó que diversas estimaciones ubican entre 17 mil y 20 mil a los menores atrapados en redes de explotación sexual.

Barrales también alertó sobre el impacto de las plataformas digitales, al considerar que han incrementado los riesgos de captación y explotación de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora cuestionó además el retraso en la aprobación de la reforma, al recordar que la Cámara de Diputados la avaló en abril de 2025 y las comisiones del Senado hicieron lo propio en octubre del mismo año.

Debate político por protección de menores

Durante la discusión, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, señaló que las víctimas de explotación sexual son principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad económica.

También criticó a Morena por la eliminación de programas e instituciones que, a su juicio, contribuían a la protección de la infancia, como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Por su parte, la senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, afirmó que esta reforma cambiará la vida de millones de menores, pues se cierra “una de las tantas puertas abiertas que tienen los pederastas”, por eso es importante reiterar que la industria turística tiene un papel fundamental en la protección de la infancia y adolescencia.

De Morena, Alejandra Arias Trevilla refirió que las niñas, niños y adolescentes deben estar en el centro de las políticas del Estado, “no se trata de obstaculizar al turismo, se trata de establecer controles”, acotó.

Con la aprobación de estas modificaciones, el Senado busca convertir a los prestadores de servicios turísticos en un punto adicional de prevención, detección y alerta frente a posibles casos de explotación sexual infantil.