
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma impulsada por Morena y aliados en el Congreso, misma que fue aprobada en el llamado “viernes negro” que permite al Ejército ser dueños de una aerolínea y varios aeropuertos de manera simultánea.
Por unanimidad de votos, los ministros del Máximo Tribunal del país declararon constitucional la reforma de mayo de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, que fueron impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo ser parte del sector aeronáutico.
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Suprema Corte avala reforma que permite al Ejército ser dueño de una aerolínea y aeropuertos
Con las modificaciones aprobadas por la SCJN, las empresas paraestatales quedaron exentas del candado que impedía a las aerolíneas ser dueñas de más del 5 por ciento de cualquier concesionaria de aeropuertos.
Gracias a lo anterior, la Sedena puede ser dueña de la nueva Mexicana de Aviación, como parte del “rescate” de la empresa prometido por López Obrador, así como de 13 aeropuertos –incluido el Felipe Ángeles–, una de las obras insignia del sexenio pasado y que fue construido en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México.

Oposición impugnó reforma
Cabe recordar que la reforma fue impugnada por la oposición, bajo el argumento de que viola los principios de libre competencia, porque abre la posibilidad a prácticas monopólicas, subsidios cruzados y trato preferencial a los aeropuertos y a la aerolínea de la Sedena en perjuicio de las empresas privadas.
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Mientras que, en su momento, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que la reforma podía impedir la existencia de condiciones de neutralidad competitiva en el transporte aéreo y la administración portuaria, por lo que recomendó no aprobarla, algo que, al final, no ocurrió.
Motivo de la SCJN para aprobar reforma derivada del “viernes negro”
A la Suprema Corte le importó muy poco lo recomendado por la extinta Cofece, ya que consideró que el hecho de exentar a las paraestatales de las restricciones contempladas en el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos, no convierte a dicho numeral en inconstitucional, ya que eso dependerá de la ejecución o inclusive de las condiciones del mercado.
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Por su parte, durante la sesión, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, sostuvo que las empresas paraestatales tienen fines de servicio público, no fines de lucro, por lo que las empresas privadas no están en condiciones de alegar violaciones a su derecho de un trato igualitario, porque no existe un punto de comparación.

Ministra Loretta Ortiz propuso declarar constitucional la reforma
Fue la ministra Loretta Ortiz, quien propuso declarar constitucional la reforma de 2023, que permitía la incursión de la Defensa Nacional en el sector aeronáutico.
“Los riesgos a que se refieren las minorías promoventes y que retoman de la citada opinión de la extinta Cofece, son meras posibilidades de que algo suceda (lo cual no es materia de control abstracto) mas no un vicio del que adolezcan propiamente las normas impugnadas”, reza el proyecto de la ministra Ortiz.
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Ministro propuso avalar cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
El ministro Irving Espinosa, por su parte, propuso avalar cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. La reforma establece asignaciones por tiempo indefinido a empresas paraestatales. El objetivo es dar sustento al funcionamiento de la empresa Tren Maya, adscrita a la Sedena.
Espinosa sostuvo que la reforma no se refiere específicamente al Tren Maya. El cambio legal aplica a paraestatales en general, señaló.
En su momento, la oposición cuestionó además que se asignen a la Sedena tareas ajenas al orden estrictamente militar. En 2023, el artículo 129 de la Constitución prohibía ese tipo de encargos.
Dicho artículo fue reformado en septiembre de 2024. Desde entonces, permite que los militares asuman prácticamente cualquier función que el Congreso decida otorgarles en ley secundaria.
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Aeropuerto de Tulum enfrenta nuevos problemas
El Aeropuerto Internacional de Tulum actualmente enfrenta un escenario que pone a prueba el modelo con el que fue construido.
En ese sentido, la salida de aerolíneas comerciales como Aeroméxico y Volaris reduce significativamente su oferta de vuelos, justo cuando el destino turístico pierde atractivo, por diversas razones, como el encarecimiento de hospedaje, alimentos y servicios; mientras Cancún mantienen su posición como la terminal más conveniente para buena parte de los viajeros que llegan a Quintana Roo.

La solución tampoco parece ser convertirlo de inmediato en un aeropuerto de carga, como sucedió con el AIFA tras el decreto que trasladó las operaciones cargueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Santa Lucía. La Riviera Maya tiene vocación principalmente turística. El movimiento de carga de la región, además, no atraviesa un momento que justifique apostar de lleno por ese segmento.
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Tulum: aeropuerto administrado por la Sedena
De acuerdo con expertos, el problema de fondo es que la construcción de una terminal aérea no genera por sí misma un mercado. Para que un aeropuerto consiga atraer y conservar rutas, necesita conectividad terrestre, demanda suficiente y un destino capaz de competir por los pasajeros. Tulum enfrenta debilidades en los tres frentes.
Cabe señalar que el proyecto de Tulum también es administrado por la Sedena, algo que llama la atención, porque la Suprema Corte avaló la reforma que permite al Ejército ser dueños de una aerolínea y aeropuertos.
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