Del crimen organizado a la extorsión: los delitos detrás de las detenciones de 31 alcaldes y exalcaldes en México desde 2024

En noviembre de 2024, siete funcionarios municipales fueron detenidos en el Estado de México por investigaciones relacionadas con delitos como secuestro agravado, homicidio y delitos contra la salud. Entre ellos estaba la entonces presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles.

Las capturas formaron parte de la Operación Enjambre, un despliegue que comenzó con 14 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de distintos municipios.

Ese operativo abrió uno de los primeros expedientes de este periodo en los que las autoridades señalaron a integrantes de gobiernos municipales por presuntos vínculos con actividades criminales. En los meses siguientes, las investigaciones alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios de otras entidades por delitos distintos, desde delincuencia organizada y extorsión hasta secuestro, homicidio y corrupción.

En total, 31 alcaldes y exalcaldes han sido detenidos en México desde 2024. De ellos, 23 fueron aprehendidos cuando todavía estaban en funciones. La cifra reúne investigaciones estatales y federales que no forman parte de una sola operación ni apuntan a una misma organización criminal.

De la Operación Enjambre a investigaciones en distintos estados

La Operación Enjambre comenzó en el Estado de México con investigaciones sobre funcionarios municipales señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El 22 de noviembre de 2024 fueron ejecutadas las primeras siete órdenes de aprehensión, mientras que las autoridades informaron que tenían otras órdenes pendientes contra servidores públicos.

El operativo no quedó limitado a aquel despliegue inicial. Para mayo de 2026, el Gabinete de Seguridad reportaba más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos dentro de acciones relacionadas con Enjambre, incluidos siete alcaldes en funciones. Entre las capturas mencionadas estaban los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, así como el exalcalde de Yecapixtla, todos en Morelos.

En septiembre de 2026, las autoridades volvieron a utilizar el nombre de Operativo Enjambre para la captura del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Miguel Sánchez Altamirano tenía una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Sin embargo, los 31 casos no forman parte de una sola operación. El conteo incorpora expedientes abiertos en diferentes momentos y por autoridades estatales y federales, con acusaciones que van desde delincuencia organizada hasta delitos patrimoniales.

Cuando las acusaciones alcanzan a la estructura municipal

En algunos expedientes, las investigaciones no se limitan a señalar al alcalde como presunto responsable de un delito, sino que apuntan al posible uso de recursos, policías o estructuras del Ayuntamiento.

José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido en mayo de 2025 dentro de la investigación federal relacionada con el Rancho Izaguirre. La Fiscalía General de la República sostuvo que habría utilizado elementos de la Policía Municipal, patrullas y armamento para brindar protección al inmueble.

El expediente incluye acusaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada, entre otros delitos. Se trata de imputaciones sujetas al proceso judicial y no de una sentencia condenatoria.

En Tequila, también en Jalisco, Diego Rivera Navarro, exalcalde del municipio, fue detenido en febrero de 2026. La investigación federal lo señala por delincuencia organizada y secuestro agravado, además de relacionarlo con una presunta red de corrupción y extorsión.

Las autoridades sostienen que habría participado en el secuestro de dos precandidatos durante el proceso electoral de 2021. El caso continúa bajo proceso judicial.

Morelos concentra varios expedientes

Las investigaciones contra funcionarios municipales también se acumularon en Morelos durante 2026.

Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, e Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla, fueron detenidos en mayo dentro de una investigación federal. Posteriormente fue detenido Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla.

En el caso de Corona Damián, las autoridades federales lo señalaron por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud.

Los expedientes corresponden a investigaciones distintas, por lo que las acusaciones contra los tres funcionarios no implican necesariamente una misma estructura criminal.

Puebla: robo de transporte, secuestro y extorsión

En Puebla, varios de los casos están relacionados con investigaciones sobre delitos cometidos en el corredor de la carretera Puebla-Veracruz.

Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, fue detenido en septiembre de 2026 después de un operativo federal. Las autoridades lo relacionaron con una estructura dedicada presuntamente al robo de autotransporte de carga, secuestro y extorsión.

La investigación incluyó cateos y aseguramientos de armas, vehículos y otros objetos. Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó que Rodríguez Ochoa fue vinculado a proceso junto con otras personas por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Otro expediente es el de Said de Jesús Godos, alcalde de Tepeyahualco, quien fue detenido días antes y señalado por presunto secuestro exprés, robo de vehículo con violencia y extorsión.

Los casos poblanos muestran otra de las rutas que aparecen en el universo de 31 detenciones: investigaciones sobre estructuras criminales que operan alrededor de actividades económicas y corredores de transporte terminan alcanzando a funcionarios municipales.

Juchitán: la detención que forzó la desaparición del Ayuntamiento

La investigación contra Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, tuvo una consecuencia adicional después de su captura.

Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026 junto con otra persona. Ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Posteriormente, un juez impuso prisión preventiva al alcalde. La investigación también involucra a Carlos Alberto, alias “La Parka”.

Después de la detención, el Congreso de Oaxaca decretó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y estableció un mecanismo para sustituir al gobierno municipal. La presencia de fuerzas estatales y federales también fue reforzada en la ciudad.

En este caso, la investigación penal tuvo una consecuencia que rebasó al funcionario detenido y alcanzó la continuidad de la administración municipal.

Delincuencia organizada, extorsión y corrupción

Los 31 expedientes reúnen acusaciones de naturaleza distinta. De acuerdo con un conteo documentado por El Sol de México, 12 casos están relacionados con delincuencia organizada, presuntos vínculos con cárteles o delitos contra la salud; 11 con extorsión; nueve con peculado, desvío de recursos, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, y tres con homicidio.

Las categorías se superponen, por lo que un mismo funcionario puede aparecer en más de un grupo. El dato no significa que existan 31 investigaciones con un mismo patrón delictivo.

También cambia el tamaño de los municipios involucrados. La mitad tiene menos de 20 mil habitantes y, en conjunto, las 31 demarcaciones suman alrededor de 1.1 millones de habitantes. Los presupuestos municipales correspondientes a 2025 alcanzaron poco más de 6 mil millones de pesos, según el mismo conteo.

La distribución incluye municipios pequeños y ciudades de mayor población. Los expedientes se desarrollan además en regiones con características diferentes: corredores carreteros, zonas con presencia de organizaciones criminales y municipios donde las autoridades locales han sido señaladas dentro de investigaciones por corrupción o extorsión.

Las detenciones no equivalen a sentencias

Los 31 casos tienen situaciones jurídicas diferentes. Algunos funcionarios fueron vinculados a proceso después de su detención; otros permanecen bajo investigación y existen expedientes que han tenido distintas resoluciones judiciales.

Por ello, las acusaciones formuladas por fiscalías y autoridades de seguridad deben distinguirse de una sentencia condenatoria.

Lo que muestra el conjunto de casos es que las investigaciones penales han llegado hasta gobiernos municipales por rutas distintas. Algunas comenzaron con señalamientos de presuntos vínculos con organizaciones criminales; otras se relacionan con extorsión, secuestro, homicidio, delitos contra la salud o posibles actos de corrupción.

La Operación Enjambre fue uno de los primeros despliegues de este periodo en los que las autoridades llevaron esas investigaciones directamente contra funcionarios municipales. Después, expedientes independientes en distintos estados ampliaron el número de alcaldes y exalcaldes detenidos hasta llegar a los 31 casos documentados desde 2024.